MAYTÉ CIRIACO RUIZ

Desde que inició la gestión las protestas y los conflictos sociales se han venido incrementando. Gran parte de estos están asociados a la minería. A la fecha, Pedro Castillo tiene 65 conflictos mineros activos registrados, solo igualado por Ollanta Humala.

La Unidad de Periodismo de Datos analizó los informes sobre conflictos sociales emitidos por la Defensoría del Pueblo entre el 2006 y el 2022, y halló que de los últimos seis gobiernos, la actual gestión es la que más conflictos mineros activos ha reportado al noveno mes, junto con la de Humala. También, es la que más conflictos sociales activos registra en dicho tiempo.

Dentro de los conflictos mineros reportados también se tienen 10 por minería informal e ilegal: 4 conflictos activos, 5 latentes y una alerta temprana. Hasta fines de abril, solo el 2% de mineros informales había completado su registro de formalización.

Si bien, la mayoría de conflictos mineros son heredados de gobiernos anteriores, los informes muestran que 19 de ellos son casos nuevos. Las operaciones de al menos nueve minas se han visto afectadas por bloqueos y paralizaciones. Seis de ellas suspendieron por completo sus operaciones entre agosto del 2021 y mayo del 2022: Buenaventura, Antamina, Apumayo, Las Bambas, Cuajone y Nexa.

Esta situación generó que al menos 303 mil empleos directos e indirectos se hayan visto afectados. Fernando Gonzales, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), explica que han estimado que por cada empleo directo que se da en la minería, se generan alrededor de ocho empleos entre indirectos e inducidos, en otras actividades de la economía: en servicios de transporte, de alojamiento, de alimentación, insumos, entre otros. “Es un sector que por la gran magnitud de sus operaciones, genera encadenamientos con otros sectores”, sostiene.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha estimado que pérdida en producción por bloqueos y paralizaciones es de US$ 1.160 millones. Se han dejado de pagar aproximadamente US$ 348 millones en impuestos y regalías, y Perú ha dejado de exportar US$ 470 millones.

Dos minas aún mantienen sus actividades suspendidas: Cuajones y Las Bambas. Según reportó esta última, con la paralización el Estado ha dejado de percibir S/260 millones en rentas.

RAZONES DEL IMPACTO DEL CIERRE DE MINAS
“El hecho de que no operen las minas genera costos que están perjudicando a todas las familias del país, así vivan o no a una región minera”, dice Fernando Gonzales. El experto explica que esto se da principalmente por tres razones.

Primero, la minería es una gran fuente de recaudación de ingresos para el estado, sobre todo, en un periodo en el cual los precios internacionales de los metales que el Perú exporta, como el cobre y el oro, están altos. “Estamos a niveles históricamente altos, lo que genera la oportunidad para incluso tener una mayor recaudación”, estima Gonzales.

En el 2021, la recaudación fiscal proveniente de la actividad minera fue alrededor de 25 mil millones de soles, lo que representó el 14% de la recaudación total del estado. Este dinero se utiliza para hacer obras públicas, para construir colegios, hospitales, carreteras, entre otros.

Además, un alto porcentaje se distribuye entre las regiones en las que se realiza la actividad minera, en concepto de canon y regalías. El año pasado se incrementó en 62% el canon y las regalías transferidas frente al 2020.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que del total de utilidades, el 42% es la carga fiscal de la minería, que incluye el impuesto a la renta, el impuesto especial a la minería, las regalías mineras, el gravamen especial a la minería y otras cargas más específicas. “La utilidad operativa de las mineras contribuye al estado, y una parte considerable de esta regresa a las regiones”, sostiene Gonzales.

El FMI señala que si bien existe un espacio para incrementar marginalmente las tasas este no va a hacer un aporte significativo a lo que ya se viene pagando. Además, el fondo señala que el régimen tributario del Perú es bueno, competitivo, y ha resaltado su característica de progresividad: en la medida en el que la empresa minera tenga más utilidades y beneficios, debe pagar un mayor porcentaje de utilidades como tributo.

Otro aspecto por el cual la minería contribuye a la economía son los encadenamientos que genera con estas actividades. La actividad minera requiere de trabajadores contratados de manera directa, que son alrededor de 250 mil a nivel nacional. Es decir, se estima que hay dos millones de empleos indirectos generados por el sector. Gonzales explica que los encadenamientos que se dan son formales, lo que quiere decir que se está impulsando una parte de la economía que muchas veces no llega a moverse en el interior del país: el sector formal.

Por último, las exportaciones que genera la minería son una importante fuente de divisas que además ayudan a estabilizar un poco el tipo de cambio.

AUMENTO DE CONFLICTOS MINEROS
Las Bambas tiene suspendidas sus operaciones desde hace más de 50 días. Las comunidades piden que se cumpla con los acuerdos realizados. El gerente Legal, Claudio Cáceres, sostuvo que “si se aduce que hay incumplimientos, la empresa está dispuesta a que se audite y revise en un diálogo pacífico y respetuoso, sin recurrir a la invasión y destrucción de propiedad que fuerza a la paralización”.

Según Cáceres, las pérdidas de la Región Apurímac por canon y regalías ya suman S/. 160 MM, equivalentes al 75% del presupuesto anual de protección social de la Región. Además, menciona que todo esto impacta en el atractivo del Perú para la inversión minera en un contexto de precios extraordinarios y en el momento en que el Perú más necesita esos recursos. “Invocamos a un diálogo serio y respetuoso dentro del marco de la ley”, expresó.

En esa misma línea, Guillermo Shinno, Gerente General de Apumayo y ex viceministro de Minas, mencionó que el discurso promovido por agentes con interés político no tienen relación con sus operaciones. 

“Han paralizado el desarrollo de las comunidades”, manifestó. Según resaltó, la empresa viene trabajando de la mano con las comunidades del entorno, liderando proyectos sociales, de reforestación y de administración de agua. En cinco años se ha destinado S/17 millones para estas comunidades.

“Es necesario comprender que las paralizaciones detienen la minería y el Perú tiene una cartera de US$ 53 mil millones en proyectos mineros. La minería no es el enemigo y es necesario que el Estado apoye su ejecución para generar más puestos de trabajo y beneficios para la población”, dijo.

Por su lado, Fenando Gonzales menciona que la conflictividad social está al alza, desde incluso antes del inicio de la actual gestión. “Este nivel de conflictividad no se veía desde el 2014, ahora se ven más conflictos mineros que se dan en cadena y que están provocando una serie de paralizaciones”, señala.

El experto enfatiza en que el tema de conflictividad social es complejo y no tiene una solución simple. Sin embargo, recalca que las estrategias que está aplicando el gobierno para solucionar o mitigar los conflictos no están teniendo los resultados esperados. “Parece que se agravan más, tal vez debido a las expectativas que generó el gobierno, y el incumplimiento de promesas que ya en la práctica no son implementables”, menciona Gonzales.

PROBLEMAS POR RESOLVER
Según el IPE, existe un rechazo de la actividad minera, debido, entre otras cosas, a que se sabe que esta genera recursos que muchas veces los pobladores de los distritos y provincias no ven convertirse en obras y mejoras.

Si bien, estos recursos son transferidos a los gobiernos regionales, muchas veces no se ejecutan de la manera adecuada. Existen zonas mineras, en las que hay una gran cantidad de hogares sin acceso a servicios de saneamiento adecuado, por ejemplo. “Se genera el dinero, pero si no se transforma en una mejor calidad de vida para la población, entonces esto también puede despertar alerta”, dice Gonzales.

El economista resalta el caso de Las Bambas. La protesta que hubo en el corredor minero era principalmente de una zona por donde se transportaba el mineral, pero que no estaba en Apurímac, región donde se produce el mineral y donde se recibe el canon y las regalías mineras. Se plantea aquí un debate más amplio de si las personas y zonas que forman parte del área de influencia deberían recibir parte del canon y hasta cuánto se podría transferirles.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que existe un tema de calidad de ejecución. Gran parte de lo que se ejecuta va una categoría presupuestal que se llama “asignaciones que no resultan en productos”.

Básicamente significa que no se cuenta con una categoría presupuestal identificada para ese dinero que se está ejecutando. “Hay un problema para identificar cuáles son las principales brechas de la región y cómo pueden ser atendidas”, dice Gonzales, quien recalca que existe un tema ineficiente y también de corrupción.

En ese sentido, un último aspecto a tener en cuenta es que las regiones que han recibido mayor transferencias por canon y regalías mineras, en los últimos 10 años, en promedio suelen presentar el menor porcentaje de inversión pública.

Este el caso de Áncash y Arequipa. La primera tiene un nivel de ejecución de 56%, mientras que la segunda poco más de 70%. Por el contrario, existen regiones que casi no reciben recursos mineros o no lo hacen, porque no tienen minería dentro, cuya ejecución está más cerca del 80%.

Si bien este no es un dato directo de ejecución recursos mineros, la relación es clara: aquellos que reciben más canon en regalías mineras, en general, ejecutan menos de su presupuesto para inversión pública en un periodo largo de tiempo.