JON MARTÍN CULLELL

México no cumplirá con sus metas de energía limpia hasta dentro de 13 años. Un documento oficial de la Secretaría de Energía publicado esta semana muestra que el país ya se ha quedado por debajo de los objetivos para 2021 e incumplirá la meta de 2024.

Los incumplimientos continuarán durante más de una década. El Gobierno responsabiliza a la pandemia y a una “parálisis legal” provocada por las empresas.

No menciona que, en aras de la llamada “soberanía energética”, las autoridades han frenado la entrada en operación de nuevas centrales, han cerrado canales de inversión y han promovido iniciativas para privilegiar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sean o no más contaminantes.

El país, firmante del Acuerdo de París, va camino de incumplir todas las metas a corto y mediano plazo que se fijó en la Ley de Transición Energética.

Para 2018, se buscaba tener un 25% de energías limpias sobre la generación total; un 30% para 2021; y un 35% para 2024. En 2018, se quedó 2,5 puntos por debajo y en 2021, 0,5 puntos. En 2024 tampoco se cumplirá, al quedarse 4 puntos corto, según el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen).

La meta de 2024 se logrará en 2031, lo que da una idea del tamaño del rezago. Después de acortar distancias en 2021, la brecha del incumplimiento se agrandará en los próximos años. La generación limpia solo convergerá con las metas en 2035, según un gráfico del Prodesen.

La energía eólica luce prácticamente estancada. En 2021, únicamente añadió 1.372 GWh en generación, frente a los 2.976 de 2020 y los 4.291 en 2019. A la solar le fue algo mejor, aunque el crecimiento sigue siendo menor al de años anteriores.

En 2021, generó 4.359 GWh más, frente a los 5.871 de 2020 y los 6.753 de 2019. La desaceleración de ambas fuentes renovables coincide con la cancelación por parte de este Gobierno de las subastas por las que la CFE compraba energía a bajo precio a centrales privadas.

Este mecanismo impulsó el auge de la inversión en el sector renovable. De haber continuado el ritmo de años anteriores, era de prever que por lo menos se hubiese cumplido la meta de 2021.

A la sequía de nuevas inversiones privadas se suma la escasa apuesta renovable del gobierno. En los primeros tres años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la paraestatal no puso en marcha ningún proyecto renovable nuevo; solo rehabilitó 10 centrales hidroeléctricas ya existentes para potenciar su generación. El experto Víctor Ramírez considera que esto ha sido insuficiente.

“Lo que se ha licitado para modernizar hidroeléctricas son unos 240 MW. Tan solo para el Estado de Hidalgo el Gobierno ha negado permisos de 1000 MW en capacidad fotovoltaica”, señala.

Además, el plan de negocios de la CFE de 2022 a 2026 se centra en la construcción de 14 centrales de ciclo combinado, aunque ya figura una planta solar, la más grande de América Latina, cuya primera fase entraría en operación este año.

El gobierno se escuda en el “impacto negativo” de la pandemia para explicar el incumplimiento de la meta de 2021. También menciona “el diferimiento de la fecha de entrada en operación” de algunas centrales, tanto públicas como privadas, y la “parálisis legal de los instrumentos de planificación sectoriales”.

Las empresas han presentado cientos de amparos para detener algunos cambios legales y regulatorios que buscaban marginar a las centrales particulares. Según el gobierno, estas acciones han impedido la “incorporación segura” de plantas renovables.

En realidad, el Ejecutivo ha tratado en los últimos años de modificar el modelo energético para que las centrales de la CFE despacharan antes que las privadas, y ha bloqueado la concesión de permisos. “Ha sido el propio gobierno quien ha paralizado la entrada de centrales. Hay más de 1 GW de capacidad instalada privada lista para operar. Es un asunto de realizar pruebas operativas”, señala Ramírez, portavoz de la Plataforma México, Clima y Energía.

Una renovable particular subiría su electricidad a la red después de una termoeléctrica de la paraestatal, según una iniciativa de reforma a la ley aprobada en el Congreso el año pasado.

Estos cambios siguen suspendidos en los tribunales ordinarios. Sin embargo, una reciente decisión de la Suprema Corte ha avalado la constitucionalidad de la norma. El gobierno defiende que esto permitirá incorporar energía de centrales hidroeléctricas, geotérmicas y nuclear que no estaban siendo despachadas por sus altos costos de producción.

El peligro, señalan organizaciones ambientalistas y centros de análisis, es que con el nuevo orden de prioridad queden fuera las centrales renovables privadas, limpias y baratas.

Más allá del objetivo de 2021, el Gobierno reconoce en el documento que la meta de 2024 tampoco es “factible”. Considera inviable económica y técnicamente integrar tanta generación limpia en ese plazo. El Ejecutivo declara que su prioridad son los proyectos “instruidos para la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico” y no “la conexión desordenada y costosa de generación intermitente”.

Por centrales “confiables”, las autoridades entienden las plantas no renovables, principalmente de la CFE, que pueden asegurar un suministro ininterrumpido, ya sean de ciclo combinado o termoeléctricas.

Pese al rezado en las metas de energías limpias, el gobierno asegura que los objetivos de reducción de emisiones sí se van a cumplir. Con el Acuerdo de París, México se comprometió a cortarlas en un 22% para 2030. El Prodesen señala que desde 2020 la producción de gases contaminantes por parte del sector eléctrico se ha situado por debajo del máximo fijado en las metas y que así seguirá en la próxima década.

El fenómeno es más producto del cierre económico provocado por la pandemia que de una política de Estado. Además, las cifras no incluyen las emisiones de las centrales de autoabastecimiento, que representan el 12% de la generación. Por otro lado, aunque no se incumplen las metas, las emisiones van a crecer de manera sostenida hasta 2030, el último año que aparece en el análisis.