La tensión que se vive en carreteras, cerros, yacimientos de hidrocarburos o minas no está dinamitando Perú, pero sí está erosionando y crispando el ambiente en un país en el que los conflictos sociales, muy ligados la mayoría a la extracción de recursos, repiten un patrón similar.

El último informe de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Consejo de Ministros afirma que, en los que va de año y hasta finales de abril, se contabilizaron 118 casos de conflictividad activos en el país, de los que nueve tienen la etiqueta de “crisis”.

LA MINERÍA
Las cifras del informe muestran que el 57% de los conflictos en Perú están relacionados con la minería, a lo que suma otro 3% con la minería ilegal, en un país en el que el 10% de su PBI depende de este sector.

No es el único, pero el conflicto en la gran mina de cobre de Las Bambas, que lleva años en curso y que enfrenta los intereses de las comunidades de la zona con la empresa MMG es el más intenso. Ese yacimiento produce el 2% del cobre mundial y su operación está paralizada desde el 20 de abril.

“Hay compromisos pendientes en Las Bambas. El asunto es que lo que está en juego en el sector minero es cómo se reparten los beneficios de la minería, si van a ser principalmente para la empresa minera, parcialmente para el Estado y el gobierno local”, dijo la investigadora María Isabel Remy, titular principal en el Instituto Estudios Peruanos.

UN GOBIERNO SIN VOLUNTAD REPRESIVA
"Políticamente, un gobierno de izquierdas o que se autodenomina de izquierdas no va a entrar a reprimir a sangre y fuego, pero tendría que tener un par de cosas que no tiene; por una parte, una buena capacidad de gestión de conflictos y un tecnología de control de conflictos por medios no letales”, afirmó Remy.

Así, la toma de carreteras en Ica o Huancayo en abril pasado durante las protestas por el alza de precios o el asalto a una sede del Poder Judicial en una manifestación en Lima contra un intempestivo toque de queda, tuvieron como respuesta una actuación pasiva de las fuerzas del orden.

A juicio de Remy, el gobierno se debate entre no querer y no poder “controlar a las fuerzas del orden”, lo que genera “una oportunidad de que la acción colectiva no va a ser fácilmente reprimida”. A eso se suman las expectativas creadas por las personas que votaron a Castillo con la esperanza de que este se pusiera del lado del pueblo, como prometía durante la campaña.

LUCHA POR RECURSOS NATURALES Y TERRITORIO
Además de la minería, la extracción de otros recursos centra parte de la tensión social. El 10% de los conflictos están relacionados solo con los hidrocarburos y, muchas veces, estos son socioambientales; es decir, tienen un impacto en las comunidades y en los ecosistemas.

Uno de los nueve conflictos catalogados en el nivel de “crisis” es el vivido en abril en plena selva amazónica, en el departamento de Loreto, donde un lote de la empresa Pluspetrol enfrenta a las comunidades de la zona con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas por la gestión entre la compañía y el Ejecutivo.

El paro de una comunidad campesina por la contaminación del río Vado por parte de una minera, o las quejas y protestas de pueblos por vertidos de hidrocarburos forman parte del paisaje de la conflictividad peruana.

AUSENCIA DE ORGANIZACIONES
La conflictividad social en Perú está asociada a la ausencia de sindicatos, organizaciones, federaciones o asociaciones formales y fuertes que representen de forma lícita los intereses de trabajadores, comunidades o colectivos.

“Las organizaciones de segundo grado que existían en el país prácticamente han desaparecido. Ya estaban en una crisis muy fuerte antes de la pandemia pero la articulación y coordinación sobre todo en el ámbito rural se ha venido abajo”, señaló Remy.

Este hecho no solo dificulta y ralentiza la gestión de los conflictos, sino que empuja a que actores informales puedan aprovecharse de la situación. Es un fenómeno que impulsa a que personas externas se acerquen a los conflictos para asesorar o guiar a las comunidades o pequeñas agrupaciones informales y así obtener beneficios económicos.

INESTABILIDAD POLÍTICA
Un factor que, sin duda, agrava la situación es el continuo cambio de gobiernos y ministros, así como el reemplazo de altos funcionarios y responsables de distintas instituciones, lo que provoca que la gestión de los conflictos no tenga un seguimiento sólido y las negociaciones cambien de interlocutores continuamente.

En diez meses de gestión, Castillo ha cambiado cinco veces de ministro de Energía y Minas y, el último reemplazo, fue el pasado 23 de mayo, en pleno conflicto de Las Bambas.

Además de la inestabilidad, la actual desconexión entre el gobierno y el Congreso dificulta la misión legislativa y la aprobación de nuevas iniciativas.

LAS BAMBAS VUELVE A MARCHAR

GESTIÓN

El Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa minera Las Bambas anunció una nueva marcha nacional debido a que hasta el momento no se ha encontrado solución al conflicto minero, lo que ha llevado a paralizar las operaciones mineras por más de 45 días. Del otro lado, la comunidad pidió a la minera Las Bambas no operar hasta instalar mesa de diálogo.

A través de un comunicado, indicaron que la marcha se realizará este jueves 2 de mayo, de manera paralela a las 9:00 a.m. en Lima, Arequipa y Cusco.

En mayo de este año los trabajadores de Las Bambas iniciaron marchas y huelgas de hambre para que el gobierno soluciones conflicto.

En esta ocasión, en la marcha no solo asistirán los trabajadores directos e indirectos de la empresa, sino, se sumarán otros gremios y empresas del sector, por lo que será la movilización más grande realizada por el sindicato hasta el momento.

Según indicó, a la fecha 9.000 trabajadores de Las Bambas se encuentras en riesgo por esta situación.

Las operaciones de la minera Las Bambas están paralizadas por más de 45 días, debido a que los comuneros ocupan terrenos de la minera desde el pasado 14 de abril, lo que motivó que esta detuviera sus operaciones desde el 20 de abril.

Desde esa fecha el Gobierno ha tenido diálogos con las comunidades, sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a una solución.

Por su parte, la minera Las Bambas informó que el país pierde cerca de US$ 400 millones en exportaciones de cobre y más de S/ 220 millones en rentas tras 42 días de paralización de sus actividades en la región Apurímac.

COMUNIDAD PIDE A MINERA LAS BAMBAS NO OPERAR HASTA INSTALAR MESA DE DIÁLOGO

Luego que el gobierno amplió el estado de emergencia decretado en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, de la provincia de Cotabambas (Apurímac), el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, señaló que esperan retomar el diálogo y que el Estado garantice que los acuerdos se cumplan para levantar su medida de fuerza.

En diálogo con Exitosa, el vocero de la comunidad de Fuerabamba señaló que durante el diálogo que sostuvieron con la empresa MMG Las Bambas en Lima, le solicitaron que aún no empiecen con las operaciones, pero que los representantes de la minera les mencionaron que solo podrían paralizar por cinco días más.

“Simplemente hemos pedido a la empresa que pare y que no empiece todavía la operación mientras que en estos 15 días podamos ya empezar a dialogar y abrir mesas de diálogo en cada comunidad o en las seis comunidades, pero no se ha llegado a eso y la empresa tampoco ha querido ceder. Ellos han planteado que cinco días pueden parar, y dentro de esos cinco días van a estar trayendo una propuesta para consulta a las comunidades”, dijo.

Sin embargo, Vargas señaló que Las Bambas habría retomado las actividades dentro de la minera, por lo que calificó de “provocación” esta medida. “Ahora la operación ya comenzó dentro de la mina por eso en esa reunión dije que ya estaban empezando a operar. De parte de la empresa no nos ha respondido nada, pero la gente ahora está alarmando que la operación ya está iniciando”, dijo para la citada radio.

“Es una provocación para las comunidades cuando nosotros estamos viniendo a consultar esos cinco días que nos han planteado de parte de la empresa para que pueda instalarse de alguna manera una mesa. Ni siquiera van a alcanzar esos cinco días. Son seis comunidades, no alcanza. Eso tampoco no ha quedado claro. Si tiene un equipo técnico para cada comunidad de parte de la empresa creo que esos cinco días son suficientes para tratar esos puntos principales, pero lamentablemente de parte de la empresa no pueden ceder”, refirió.

Pese a ello, Edison Vargas manifestó que esperan que el gobierno garantice el cumplimiento de las demandas de las comunidades tras una mesa de diálogo.

“Por mí que empiece la operación y luego dialogamos, pero qué nos garantiza que las mesas de diálogo funcionen. Esa es la desconfianza que tienen las comunidades con la empresa minera [...] Qué le digan al pueblo, ‘nosotros garantizamos como gobierno’ que sus compromisos y sus demandas se van a cumplir, por lo menos eso quieren escuchar las comunidades, ya no hay credibilidad en que las mesas se van a cumplir o se van a alargar durante meses y años”, señaló.

Al ser consulta sobre si depondrían su medida de fuerza si el gobierno emite a través de un documento los compromisos asumidos tras el desarrollo de mesas de diálogo, el vocero de Fuerabamba respondió: “No solo con la emisión de un documento. Aquí, el pueblo quiere escuchar, si es necesario, que venga como garante el presidente de la República y que se comprometa delante del pueblo”.

“No solamente con un documento así vamos a garantizar, no. Muchos pueden decir que los presidentes o asesores estamos manejando, no. Por eso yo digo que digan al pueblo ‘yo garantizo’, así díganlo. Si el pueblo acepta, está bien, de una vez programamos y que Las Bambas de una vez empiecen”, acotó.

NIEGA QUE TODAS LAS COMUNIDADES SOLICITEN SER SOCIOS DE LAS BAMBAS
El representante de la comunidad de Fuerabamba precisó que a la fecha son seis las comunidades en conflicto con la minera Las Bambas son: Nueva Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca, Choaquere, Chila y Chuicuni. En esa línea, aclaró que no es que las seis comunidades pretendan ser socios de Las Bambas e indicó que los pedidos con los compromisos son distintos.

Explicó que, en el caso de los ciudadanos de Huancuire, ellos sí solicitan que las ganancias de la explotación minera se comportan con las comunidades en 50%.