¿PETROPERÚ PODRÁ AFRONTAR SU DEUDA CON EL MEF?

JONATHAN TERRANOVA

Petroperú no podrá afrontar la obligación que ha asumido con el Estado peruano este fin de año, un préstamo de US$ 750 millones que deberá devolver a fines del presente año, porque si se observan los resultados de los últimos ejercicios de la empresa estatal se concluye que es irreal, advirtió Anthony Laub, especialista en energía y minería.

La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó a Petroperú un préstamo de US$ 750 millones mediante el Decreto de Urgencia Nº 010-2022, y se argumenta que el objetivo es impedir el incumplimiento de la estatal con sus proveedores de combustible por el alza de los precios de los hidrocarburos.

El reembolso tiene un plazo hasta el 31 de diciembre del 2022; y devenga una tasa de interés equivalente a la tasa de referencia del Banco Central de Reserva (BCR) vigente en la fecha del desembolso (tasa de política monetaria actual es de 5%).

De acuerdo a los estados financieros (no auditados) de Petroperú el resultado neto del ejercicio del 2021 fue de US$ 106 millones, con ingresos por ventas de alrededor de US$ 4,156 millones y unos costos de ventas por US$ 3,764 millones. Este resultado dista del registro del 2020, en donde se registraron pérdidas por US$ 67,280.

Es decir, la deuda con el MEF, a pagar a fin de año, representa más del 700% del resultado neto del ejercicio del pasado año, y alrededor del 18% del ingreso por ventas de la empresa estatal en ese año.

“Con márgenes de US$ 106 millones, teniendo en cuenta que los estados financieros no son auditados, en qué escenario se podría hacer frente a una obligación de US$ 750 millones hacia fin de año. Es irreal creer que Petroperú podría hacer frente a la deuda con el MEF, pues no hay ningún ingreso extraordinario que pueda cubrir el préstamo y los intereses. El dinero está congelado en una empresa quebrada”, mencionó Laub.

Al respecto, Carlos Paredes, ex presidente del directorio de Petroperú, indicó que la única opción, dada la falta de liquidez que tiene la estatal, es poder reactivar las líneas de crédito con la banca. Sin embargo, subrayó que para ello se requiere construir confianza.

“Petroperú está sobreendeudada y no era conveniente que se siga endeudando para poder terminar la refinería. La gestión precedente a la actual fue muy deficiente y llevó a que las líneas de créditos sean menores. Solo podría ser factible una devolución de la deuda a fin de año si se recuperan estas líneas de capital de trabajo, además de generar márgenes, aunque esto último, en siete meses, es imposible. La confianza que pueda generar la empresa es clave. Por ahora es un riesgo para el Tesoro peruano”, advirtió.

Relacionado al nivel de endeudamiento, Petroperú tiene pasivos corrientes (deuda de corto plazo y aquella que es usada para sus operaciones), al 31 de diciembre del 2021, por US$ 824.5 millones. Por su parte, los no corrientes (deuda de largo plazo) registran un valor de US$ 4,240.9 millones, básicamente por bonos corporativos y préstamos para el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.

Ante ello, Petroperú tiene entonces una deuda pendiente de US$ 5,065 millones (valor en libros o valor contable), de los cuales US$ 674.1 millones vencen en el 2022, indican los estados financieros (no auditados) publicados por la empresa.

Cabe indicar que el valor de nominal de los préstamos pendientes es de US$ 4,974 millones (es decir, por ejemplo, el valor que contempan el importe principal de las emisiones de bonos de US$ 1,000 y US$ 2,000).

“Es muy poco probable que las líneas de crédito se reactiven para cubrir esta obligación con el MEF, por lo que sería el Estado el que se haga cargo. La empresa ya tiene obligaciones corrientes a las que se sumarían los US$ 750 millones, además de los intereses que se pagan por todas su obligaciones”, dijo Laub a Gestión.pe.

¿QUÉ BUSCA PERÚ LIBRE EN PETROPERÚ?

AUGUSTO BAERTL *

Analizando las decisiones que se han venido tomando en torno a Petroperú las últimas semanas definitivamente me salta a la cabeza una pregunta: ¿qué busca Perú Libre en Petroperú?

La razón de ser del Estado es proteger nuestros derechos y garantizar el acceso a los servicios públicos. Su rol no es ser empresario. Sin embargo, por la presión que el Estado y Vladimir Cerrón vienen ejerciendo en la empresa estatal y en el sector hidrocarburos, nos debe quedar claro que existe un objetivo más allá de apoyar a Petroperú en su crisis. Quieren ejercer un rol empresario.

Hoy Petroperú no tiene espalda financiera y su mejor recurso humano ha renunciado yéndose con ellos el conocimiento de cómo operarla y dejando miles de problemas de gestión. A pesar de ello, el Gobierno le acaba de dar un préstamo de US$ 750 millones, levantando una alerta para todos los que tenemos memoria y conocemos el estado actual de la empresa.

La experiencia del Estado como empresario no ha sido positiva. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) entre 1970 y 1990 las pérdidas acumuladas de las empresas estatales ascendieron a US$ 7,100 millones aproximadamente. Este déficit se tuvo que financiar con un préstamo del BCR lo que fue una de las causas de la hiperinflación de fines de los 80.

Hoy nuevamente el Gobierno está subsidiando, con la plata de todos los peruanos, a una empresa estatal ineficiente, cuando debería estar enfocado en reducir la pobreza, el cual es su deber y debería ser su prioridad.

El artículo 60 de la Constitución establece claramente el marco de acción en el cual se debe desenvolver el Estado, cuando se trata del rol subsidiario: “Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal”.

No soy constitucionalista, pero conozco la carta magna y su aplicación y, claramente, con este préstamo Petroperú no está recibiendo el mismo tratamiento que sus competidores privados.

Si se trata de mayores evidencias que nos hagan ver qué hay detrás de las decisiones políticas, el actual Ministro de Energía y Minas está insistiendo en desconocer a Altamesa, empresa canadiense con la que se firmó acuerdos a fin de ser el socio estratégico en la explotación del lote 192, demostrando una clara injerencia política. Según la Ley 30357 del 2015 Petroperú debe tomar el lote, solo o con un socio. La realidad financiera de Petroperú te indica que no puede ir solo, ya que la operación no se sostendría, pero eso al ministro parece no importarle, yendo en contra del análisis realizado por el actual presidente del Directorio y por el propio MEF.

En este caso específico la ideología de un partido político está ganando a la razón y a la realidad, lo que impactará incuestionablemente en la economía de todos los peruanos y, lamentablemente, al señor Castillo parece no importarle.

* Presidente del Directorio de Agrícola Chapi