LEONARDO CÁRDENAS

Anglo American es uno de los gigantes a nivel global de la minería. Está presente principalmente en el sur de África, donde extrae y comercializa platino, siendo el principal actor mundial del mercado. Pero también está presente en la industria del carbón, oro y níquel y en Sudamérica cuenta con yacimientos de cobre en Chile y Perú.

El metal rojo está dentro del corazón del negocio de la compañía fundada en 1917 y cuyos cuartes generales se ubican en Londres, Reino Unido. Durante 2021, la minera aumentó fuertemente sus ventas en medio de la pandemia por el alza del precio del cobre.

Según su reporte anual, sus ingresos operacionales alcanzaron el año pasado US$41.600 millones, lo que implica un alza del 64% si se compara la facturación de US$25.400 millones de 2020.

En Chile, Anglo American posee el 50,1% de Anglo American Sur, la sociedad que posee las minas Los Bronces y El Soldado y la fundición Chagres.

Esa compañía tuvo el año pasado ventas por US$ 3.724 millones, menos del 10% de sus negocios globales. También cuenta con una participación del 44% en la mina Collahuasi. Pero más allá de las cifras globales que demuestran amplias espaldas financieras, la compañía se enfrenta en Chile a su mayor dificultad desde su cruce con Codelco por la propiedad, precisamente, de Los Bronces, la ex Disputada de Las Condes.

Esa disputa terminó en un acuerdo en 2012 y con una alianza que permanece hasta hoy. Codelco, de hecho, es accionista de Anglo American Sur, tiene el 20% de las acciones y designa a uno de sus cinco directores: Rodrigo Barrera, gerente de negocio de filiales del gigante estatal.

El balance de 2021 revela que en 2021 la estatal recibió dividendos de Anglo American Sur por US$ 270 millones y que tiene por cobrar otros US$ 98 millones. Un buen negocio que también depende bastante del futuro del proyecto Los Bronces Integrado, una iniciativa que, según su controlador, corresponde a un proyecto de reemplazo.

“El proyecto Los Bronces Integrado implica reemplazar parte del mineral extraído actualmente por otro de mayor contenido de cobre, con el fin de sostener los niveles de producción en el tiempo y mantener la vida útil de la mina hasta el año 2036″, dice la firma oficialmente.

Considera una inversión de US$3.000 millones y generaría más de 8.000 empleos durante sus tres fases: construcción, operación y cierre. Según su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) la iniciativa apuesta por “mantener la tasa máxima de procesamiento de 180 mil toneladas por día (ktpd), sin ampliar las plantas de procesamiento de mineral existentes, manteniendo la vida útil aprobada ambientalmente”.

El año pasado, Anglo American Sur produjo 370.000 toneladas métricas de cobre, un 0,2% más que el año anterior. La principal operación es Los Bronces, un yacimiento ubicado a 65 kilómetros de Santiago y a 3.500 metros sobre el nivel del mar que aportó 327.000 de esas toneladas. La otra operación es El Soldado, que produjo 42.000 toneladas en 2021, 5% menos que en 2020.

Como referencia, Codelco produjo el año pasado 1.618.00 toneladas. Y al igual que todas las mineras, en 2021 Anglo American Sur tuvo un alza espectacular por el precio del cobre: registró ganancias por US$ 1.149 millones, siete veces más que los US$ 164 millones de 2020.

El proyecto, sin embargo, recibió un duro golpe este lunes: la directora ejecutiva del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), la abogada Valentina Durán, nombrada por la administración Boric, emitió una Resolución de Calificación Ambiental desfavorable para el proyecto.

El 14 de diciembre de 2021, el ingeniero en minas Aaron Puna, presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, se había colocado en este escenario: “Si las autoridades y las personas que evalúan las solicitudes del proceso mismo, dicen: miren, no nos parece que sea correcto llevarlo a cabo, entonces, lógicamente, tendremos que respetar la decisión primero que nada; aprender de la experiencia como industria y seguir avanzando finalmente hacia un equilibrio entre lo que las personas perciben como impactos, el modo en que gestionamos los impactos reales y luego, la manera en que, como industria, llevamos esto adelante para poder realmente trabajar juntos para responder a todas nuestras necesidades”, sostuvo.

La minera tiene un plazo de 30 días para presentar un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, entidad que es presidida por la ministra Maisa Rojas. En caso de confirmar el rechazo, Anglo American verá agotada la vía administrativa y comenzaría la etapa judicial: puede acudir al Tribunal Ambiental de Santiago y posteriormente a la Corte Suprema.

UN INFORME CLAVE
Hoy el mayor problema que enfrenta la iniciativa es el informe que elaboró el 19 de abril la Subsecretaría de Salud Pública en el marco del proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

En ese documento, firmado por la jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, María Paz Grandón Sandoval, se detalla que en los receptores del área de influencia del proyecto se evidencia un aumento significativo en las concentraciones del contaminante MP-10 durante las fases del proyecto: de las cinco estaciones, tres de ellas aumentan en hasta 721% los niveles de MP-10 entre 2017 y 2030.

El proyecto genera “un impacto potencialmente significativo en la calidad del aire, esto es, riesgo para la salud de la población”, acotó el documento.

A través de un comunicado Anglo American, informó que frente a “la generación de material particulado en un segmento de la Ruta G21, en ciertos momentos de la construcción y operación, la compañía ha propuesto un plan de mitigación que incluye compensaciones por el 120% de las emisiones que generarán en conjunto el proyecto y la operación actual de Los Bronces, tanto durante la construcción como durante la operación. Dicho plan considera el recambio de calefactores a leña por sistemas de calefacción eléctricos para cerca de 900 viviendas y la implementación de planes de manejo forestal por cerca de 10 mil hectáreas. Por otra parte, la compañía adoptó medidas voluntarias para la Ruta G21, como el uso de vehículos eléctricos, la pavimentación de más de 30 km de vías locales y planes de alerta temprana que impiden que se generen concentraciones de polvo en dicha zona. El conjunto de medidas es capaz de abatir el equivalente a 70% de las emisiones del Gran Santiago”.