En los próximos dos años vencen las concesiones de las represas ede Río Negro y Neuquén y ya comenzaron los movimientos para lograr que las provincias puedan ser las nuevas administradoras. Mientras que Chubut reclama las regalías mal liquidadas a la provincia por la producción hidroeléctrica.
La Secretaría de Energía acaba de activar un equipo de trabajo para revisar qué hará con El Chocón y Piedra del Águila, entre otras instalaciones, pero omitió la participación de representantes de Río Negro y Neuquén que reclaman injerencia en la explotación comercial de los recursos hídricos provinciales.
Omar Gutiérrez y Arabela Carreras, gobernadores de ambos distritos, sellaron a finales del año pasado un acuerdo mediante el cual establecieron una posición común solicitando la intervención en el destino de las presas. Neuquén y Río Negro requieren participar en todo lo relacionado con la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial y conservación de los ríos vinculados a la generación hidroeléctrica, según informó iProfesional.
Entre agosto de 2023 y noviembre de 2044 se vencerán los contratos de por lo menos 22 hidroeléctricas repartidas en 8 provincias.Las primeras concesiones en vencer incluyen las centrales El Chocón, Alicurá, Planicie Banderita, Arroyito y Piedra del Águila. Las operaciones de la mayor parte de este complejo hoy las realizan Orazul, AES Argentina, Pampa Energía, Saesa y Enel.
El domingo se generó desde El Chocón una caravana que también llegó a Senillosa y Plottier, luego de un encuentro encabezado por el diputado del FdT, Mariano Mansilla, el intendente de la localidad Nicolás Di Fonzo, el presidente del Concejo Deliberante, Bruno Caballero y la edil Viviana Bascuñán, pubicó Mejor Informado.
En este escenario, Río Negro reclama al Ministerio de Energía casi 900 millones de pesos por regalías mal liquidadas. Neuquén, en tanto, señala que Se adeudan 1.164 millones. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca (AIC), en tanto, exige otros 1.000 millones de pesos, todos por deuda por el mismo concepto.
“No pudimos reparar el complejo de la represa Ballester porque no tenemos los recursos, no podemos hacer los estudios en Cerros Colorados porque cuando no se puede generar electricidad, por transformadores rotos, no tenemos los recursos continuar con los estudios para reponer agua en el sistema, sobre todo en esta época del año, cuando hay riego y otras cosas”, declaró recientemente Elías Sapag, representante de Neuquén en la AIC.
Detalle de las concesiones que expiran:
Quién evalúa las concesiones
A comienzos del mes pasado, la secretaría de Energía oficializó, a través de la resolución 130/2022, la conformación de un equipo para analizar las concesiones hidroeléctricas. Se trata del Equipo de trabajo de aprovechamientos hidroeléctricos concesionados (ETAHC), detalló Matías del Pozzi en Diario Río Negro.
El equipo de trabajo activado por la Secretaría de Energía está integrado por representantes de la cartera de energía, la Subsecretaría de Energía Eléctrica, la Empresa Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista SA (CAMMESA), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del estado empresa Integración Energética Argentina SA (IEASA).
Los técnicos convocados tienen prioridad la revisión de los números de los complejos cuyas concesiones vencen el próximo año. La molestia en provincias radica en que ninguno de sus cuadros fue incluido en la convocatoria de auditorías.
De ahí la decisión de Río Negro y Neuquén de conformar sus propias comisiones para evaluar la situación de las centrales y su influencia en los ríos de ambas provincias. En estos distritos va ganando fuerza la idea de que el gobierno no extenderá las concesiones actuales y que lo que viene es la nacionalización de las centrales.
Si ocurre esto último, Sociedad Anónima de Integración Energética Argentina (IEASA), la ex Enarsa, se perfila como la empresa bajo la cual el oficialismo controlaría la operación y explotación económica del complejo hidroeléctrico nacional. Ante esta posibilidad, las provincias redoblan esfuerzos y buscan mantenerse en la discusión sobre qué pasará con las centrales a partir de agosto de 2023. Participar de alguna manera en los negocios venideros es la consigna imperante, planteó iProfesional.
Debate de jurisdicciones
Otro cambio producido en el interín de estos 30 años de concesiones fue el del texto constitucional. Tras la reforma de 1994 las provincias pasan a tener voz en este tema; el artículo 124 establece en su último párrafo que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Los gobiernos de Río Negro y Neuquén, provincias implicadas en los primeros contratos que serán revisados, han manifestado su interés en proponer alternativas para la administración, operación, mantenimiento y explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos emplazados sobre los ríos Limay y Neuquén; contemplando las normas de uso de agua y las cuestiones ambientales. Por su parte, desde la Secretaría de Energía sostienen que el poder para determinar la concesión de las centrales hidroeléctricas recae en el gobierno nacional, publicó Canal Abierto
En diciembre, el gobernador neuquino Omar Gutiérrez y su par rionegrina, Arabela Carreras, sellaron un acuerdo en el que reafirmaron la competencia provincial en todo lo relativo a los aprovechamientos hidroeléctricos.
“Las concesiones fueron otorgadas por el Estado Nacional, con lo cual éste estaría habilitado para establecer las pautas de hacia dónde debe irse. Pero a partir de la reforma constitucional las provincias son actores centrales en todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos naturales de su territorio. En las últimas décadas ha cambiado mucho el criterio de las negociaciones políticas y el funcionamiento del federalismo. Eso, en muchos casos ha permitido orientar propuestas libremercadistas sobre estos bienes que son estratégicos, y no en vano hemos tenido los vaivenes que tuvimos en todo este tiempo”, concluye Lahoud.
CHUBUT RECLAMA REGALÍAS
A través de una nota que estará dirigida al Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, el gobierno de Mariano Arcioni iniciará un reclamo formal por entender que Chubut ha sido perjudicada en la liquidación de regalías hidroeléctricas en los últimos cuatro años en una suma superior a los 736 millones de pesos.
ADNSUR pudo conocer los conceptos centrales del planteo que llevará la firma del Ministro de Economía, Oscar Antonena, y del Fiscal de Estado, Andrés Giacomone y el reclamo será por diferencias de regalías hidroeléctricas e intereses devengados, en razón de la aplicación de la Resolución N° 95/2013 de la S.E.N., ya que según el cómputo de Chubut (sin sumar intereses) arroja para el período Enero/2017 a Junio/2021 aun importe de $736.852,701, que incluye a los producido tanto por Hidroeléctrica Futaleufú como por Hidroeléctrica Ameghino.
Según el planteo de Chubut, a partir de la sanción de una Resolución de 2013, la Secretaría de Energía de la Nación dispuso una adaptación de la remuneración que conllevó una modificación entre la remuneración de los generadores, y la base de cálculo para el pago de las regalías a la Provincia.
En la presentación -de la que ADNSUR pudo tener un anticipo-, se adjuntará un análisis de la Dirección de Rentas para cuantificar la incidencia de las normas mencionadas en el cálculo base de las regalías, diferencias que surgen de considerar el 12% sobre el total de los ingresos percibidos por las empresas, menos las regalías efectivamente abonadas a la Provincia en los períodos Enero/2017 a Junio/2021 inclusive (en pesos sin intereses), arrojando una diferencia de $736.852,701.
