FABIOLA CABALLERO *
Desde hace dos meses se ha suscitado un conflicto entre la comunidad campesina Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala (TPCT) con la empresa minera Southern Perú Copper Corporation, propietaria de la mina de cobre Cuajone, en Torata-Moquegua, cuya explotación de mineral empezó en 1970. La comunidad acusa a la compañía minera de una presunta usurpación de tierras, pues la minera habría construido el embalse de agua y otra infraestructura en territorios de su propiedad; por lo que exigen una compensación de US $ 5000 millones y una participación de 5% en las utilidades anuales de la compañía.
El recuadro adjunto resume las posiciones que esgrimen las partes. Al respecto, hay dos temas que deben dilucidarse con absoluta claridad: (i) si algunos de los territorios cuyos derechos superficiales y derechos de servidumbre fueron otorgados por el Estado Peruano como parte de las concesiones mineras eran del territorio comunal al momento que se otorgaron tales concesiones; y (ii) si la TPCT tiene derecho a alguna indemnización en caso que el usurpador de tales terrenos haya sido el Estado Peruano en contraposición a la compañía minera, así como el monto indemnizatorio que corresponda.
Especial cuidado debe tenerse con el término “usurpación de tierras” en caso que en su momento dicha cesión no haya tenido visos de legitimidad, sea porque no hubo consultas, o porque no se hizo la tramitología requerida, o porque la actual dirigencia comunal no reconoce la que se hizo en su momento. Cualesquiera que sean tales argumentos, estos deben verificarse y es importante notar que, estos son los mismos argumentos que se dan en los corredores mineros importantes en nuestro país. Después del tiempo transcurrido, cualquier revisión del justiprecio del valor de las tierras atenta contra las bases mismas del derecho contractual y de todo el sistema jurídico. Por esta razón, ello debe ser considerado bajo cualquier punto de vista como una flagrante extorsión, que el Estado de Derecho no puede ser permisivo.
Es importante hacer notar que, en nuestro país parte de la población se asienta en zonas o distritos mineros para luego exigir que se les indemnice por los daños causados por la empresa minera, eso se sabe, no se regula ni se fiscaliza. En casos como estos, el Estado y las empresas mineras deben establecer una línea de base en la que se determine, entre otras, cuánta población está asentada alrededor antes del inicio de su actividad y proceder al saneamiento físico-legal de las tierras a fin de negociar y pactar el monto indemnizatorio a favor de las comunidades por el uso y explotación de sus tierras, lo cual debe estar debidamente acreditado en acuerdos de Asamblea, así como el reconocimiento del justiprecio, con tasadores expertos en la materia.
Si bien el proceso precedente ha sido práctica común con altibajos en la minería moderna, caso distinto es el de aquella población campesina que se asientan deliberadamente en las proximidades de caminos y demás servidumbres que conectan las salidas de las zonas mineras con las plantas de beneficio o zonas de embarques, con miras a argüir perjuicios de alguna índole, para efectos de forzar exigencias de indemnización y/o forzar su contratación como proveedores de servicios.
Nuestro país requiere avanzar en la legalidad de los terrenos, y la vocación económica que tienen a partir de la Zonificación Económica Ecológica ZEE, para que exista la armonía entre economía y medio ambiente, si y solo si, este instrumento de gestión sea técnico y no politizado.
Atraer inversiones es nuestro rol como Estado, ya que somos privilegiados por tener activos mineros pero luego, los inversionistas se sienten abandonados por la falta de principio de autoridad al verse interrumpidos en sus operaciones diarias por comunidades campesinas que azuzadas por grupos ambientalistas de ONGs algunas con ideologías anti mineras que se proclaman pro ambientalistas, presionan sacando provecho al máximo, contratando abogados especialistas que preparan a los líderes comunales para sus reclamos, desestabilizado a la región con paros a la actividad económica, daños a la propiedad, bloqueo de carreteras, heridos y hasta muertos en los enfrentamientos con la policía.
¡Hasta cuando nuestro país va a seguir con estos enfrentamientos, paros a la actividad económica, interrupción de carreteras, daños a las propiedades públicas y privadas sin que sean debidamente sancionados! No hay principio de autoridad, no hay institucionalidad, si adicionamos a ello, promesas de campaña, sin conocer la normatividad, el real diagnóstico y encima con ideología antiminera como suelen ser las posiciones radicales del socialismo, se complican los escenarios para restablecer el diálogo y se lleguen a consensos en el marco de la ley. Este desorden descomunal es bien aprovechado por estos agitadores para la obtención de rentas o indemnizaciones. Este patrón de comportamiento, en algunos casos, es semejante al de las mafias que exigen a los constructores urbanos cupos para empleabilidad y/o dinero a cambio para generarles seguridad.
En el caso particular de Cuajone, la lucha de los comuneros tiene visos de ser legítima, porque no se trata de un conflicto ambiental por la defensa del agua, contra la contaminación o la defensa de sus valores ancestrales. Lo que está por dilucidarse fehacientemente es si ha sido el Estado quien ha concedido una servidumbre sobre terreno comunal, o si la minera de motu proprio ha establecido una servidumbre sobre terreno comunal.
Otro conflicto complejo de resolver desde hace años es el de la minera las Bambas con las comunidades en el corredor Apurímac- Cusco, especialmente las de Cusco, con muchas demandas, una de ellas es cambiar el clasificador de rutas y que la carretera cuyo responsable es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones- MTC con su ejecutora ProviasNacional pase a la comunidad y exigen además que la minera les proporcione maquinarias para que ésta sea la que le dé el pase de la vía y el respectivo mantenimiento, tomando tal vez como referente el caso de Quellaveco que, para evitar problemas con la comunidad, la empresa avaló compras de vehículos para que la comunidad les brinde el servicio. Los paros en dicho corredor son constantes y hasta que no sean atendidas sus demandas, el MTC no puede avanzar con el asfaltado de la vía, pues no permiten tasar los predios ni hacerles el pago correspondiente por el derecho de vía, nuevamente, se pone de manifiesto las tierras de las comunidades y el justiprecio que ellos valoran.
Este ejemplo propiciaría a que el Estado no sea el proveedor de los servicios del mantenimiento de vías, sino las comunidades los dueños de los activos del Estado y sean estos los que provean los servicios a las empresas mineras, porque sostienen que estas son los que más usan la vía y por tanto, deben ser las que paguen por el servicio de transitabilidad. Es por ello que hasta hoy, no se implementan las Actas de Acuerdos y Compromisos pues sus demandas son ilegales. Debemos tener cuidado en este modus operandi.
No se puede ceder los activos del estado como son las carreteras, no se puede chantajear a las mineras interrumpiendo la cadena logística de su proceso productivo, no se puede impedir que los demás sectores económicos vean paralizadas sus actividades, no se puede perjudicar a la sociedad, todo ello configura delitos debidamente tipificados, pero en un país sin principio de autoridad, poco se puede hacer. La figura del dialogo se agota, no hay actores válidos competentes, más bien desorden y caos, si sumamos a ello, que las direcciones de dialogo y gestión social de la PCM, MINEM, MTC han sido desmanteladas y debilitadas, el escenario es desolador.
Receta para la crisis actual: identificar demandas cumplibles mediante mesas de dialogo, abordar temas del desarrollo local y regional entre los tres niveles de gobierno, contar con sistemas de inteligencia para identificar a los agitadores de ideologías antimineras, castigar a los que infrinjan las leyes, fiscalizar roles de las ONGs y su contribución real con el desarrollo, aprovechar los proyectos de impacto regional que generen distintas sinergias entre el Estado, empresas y sociedad y, como medidas preventivas: identificar potencialidades y zonas económicas ecológicas, ordenar el sistema de propiedad (sobre superficie pues el Estado es dueño del subsuelo), fortalecer a los GR y GLs para una gestión por resultados. Devolvamos a nuestro país el principio de autoridad, con líderes capaces y con mucha solvencia ética.
* Economista, ex viceministra de Transportes y Comunicaciones
