MARIEL FITZ PATRICK

Con una sigla no muy conocida, IEASA, la ex ENARSA rebautizada Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, se convirtió en la empresa del estado más estratégica hoy por su rol clave en la política energética. Maneja una caja millonaria que está en manos de La Cámpora.

Su titular, desde febrero del 2021, es Agustín Gerez, un santacruceño de 36 años que responde políticamente a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía que el ministro Martín Guzmán nunca pudo echar. Su incorporación se sumó a la de los “cristinistas” Pablo González en YPF, y el neuquino Darío Martínez como secretario de Energía.

IEASA es la empresa que se ocupa tanto de la compra de gas natural y su comercialización a nivel local, como de la producción y comercialización de energía eléctrica, y la ejecución de todas las obras de energía realizadas desde el Estado.

Entre ellas, el proyecto “estrella” es la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que inauguró el presidente Alberto Fernández, pese a que la obra recién comenzaría en agosto. El Presidente habló con Martínez a su lado y Basualdo enfrente suyo, en primera fila, en un intento por mostrar unidad en el Gobierno en el anuncio.

En el acto en Loma Campana, la mayor operación de gas no convencional de YPF, también estuvo Gerez, aunque este último con perfil bajo. Pese al rol estratégico que ocupa, su nombre no fue incluido en la gacetilla oficial enviada por el gobierno nacional.

Con una inversión total prevista de US$ 3.400 millones en dos etapas, el gasoducto es la principal obra energética de las últimas décadas para el transporte de gas natural por ductos, fundamental para ampliar la capacidad de evacuación del gas no convencional que se produce en Vaca Muerta hacia el este del país.

La obra - que arrastra una demora desde el gobierno de Mauricio Macri - fue concesionada a IEASA en febrero de este año por 35 años. Se trata de un proyecto clave para el país que permitiría destrabar el “cuello de botella” del shale gas del yacimiento neuquino, cuya producción aumentó, y que hoy no puede llegar hacia donde están los principales centros de consumo.

IEASA tiene a cargo también, entre otras obras, la terminación del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) y la construcción de las demoradas centrales hidroeléctricas en Santa Cruz. Estas represas, rebautizadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (por el ex gobernador santacruceño), deberían haber comenzado a producir energía a comienzos de 2020, pero quedaron trabadas en medio de cuestiones geopolíticas, técnicas y del financiamiento acordado con China.

El proyecto fue estimado, hace seis años, en US$ 4.714 millones pero fue interrumpido en los últimos dos. Desde entonces, el Gobierno argentino busca reactivar los desembolsos chinos, y en el medio, recibió a mediados del año pasado un pedido de salvataje financiero de $17.300 millones. La obra, liderada por la china Gezhouba, tiene como socios locales a Electroingeniería, de los empresarios kirchneristas Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, y a Hidrocuyo.

Cual pulpo en materia energética, la empresa en manos de La Cámpora también maneja la comercialización de la energía producida por las represas de Yacyretá y Salto Grande, además de las interconexiones con Uruguay, Brasil y Paraguay.

La empresa estatal tiene bajo su órbita, además, la importación de cargamentos de gas natural licuado (GNL) para cubrir los picos de demanda invernales que llegan en barco. Se trata de una operatoria que en lo que va del año ya le implicó unos US$ 800 millones por la compra de 9 barcos, y que explica gran parte del déficit en el balanza comercial energética que este año llegaría a US$ 5.000 millones, según los expertos consultados por Infobae.

A su vez, IEASA le compra gas natural a proveedores locales y a Bolivia a precio internacional, y lo vende en el país mucho más barato de lo que lo paga, por una decisión política de subsidiar las tarifas de los consumidores. 

Las empresas que producen gas en la Argentina reciben US$ 4 por millón de BTU. Aproximadamente, la mitad del gas que IEASA importa se lo vende a CAMMESA a precio pleno para la generación eléctrica, y la otra mitad a precio subsidiado a las distribuidoras para que llegue a los usuarios residenciales con una tarifa de alrededor de US$ 1,7 por millón de BTU, en tanto el resto es subsidiado por el Estado. IEASA le vende aún más barato el gas - por debajo de US$ 3- a las distribuidoras patagónicas, que a las otras del resto del país.

QUÉ PRESUPUESTO MANEJA
“Al ser una empresa y no un organismo del Estado, puede hacer licitaciones más rápido y tiene más flexibilidad para cerrar contratos. Maneja mucho dinero y no tiene demasiado control”, le dijo a Infobae una fuente del sector.

El presupuesto asignado para este año es de US$ 1.780 millones, luego de la última actualización presupuestaria, al no haberse aprobado el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso. La cifra fue calculada por la consultora Economía & Energía, de Nicolás Arceo, en base a datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina Nacional de Presupuesto, tomando el tipo de cambio promedio para 2022 considerado por el Ministerio de Economía.

Sin embargo, todos los consultados por Infobae coincidieron en que el Presupuesto 2022 ya quedó desactualizado por la disparada de los precios internacionales del GNL y el petróleo. “Esa cifra es lo que está previsto hoy que reciba del Tesoro Nacional. Pero ya se sabe que no le va a alcanzar por el aumento del costo del gas licuado que llega en barcos”, señaló Arceo.

Fuentes del área de Energía del Gobierno le dijeron a Infobae que “el presupuesto se va asignando a medida que salen las instrucciones de compra. Lo oficial es una estimación preliminar que se va adecuando”,

En 2021, con Gerez ya como presidente de IEASA, la empresa estatal recibió un total de US$ 2.084 millones, un 235% más que lo presupuestado originalmente para ese año: US$ 623 millones.

De enero a marzo de este año, según el cálculo de Economía & Energía, el Tesoro le giró a IEASA la suma de US$ 223 millones, tomando el tipo de cambio promedio en este período.

“La cifra es relativamente baja todavía, porque el grueso del déficit de IEASA se da en invierno cuando hay mayor demanda de gas. Recién a partir de mayo se importarán barcos de GNL para abastecer la demanda invernal, por lo que seguro se va a necesitar un aumento de los subsidios. Y, además, había quedado un resto en caja de los US$ 2.084 que había recibido en 2021″, informó Arceo ante la consulta de este medio.

Los US$ 223 devengados hasta ahora en la cuenta de IEASA no incluyen el pago de los 8 barcos que se adjudicaron en febrero pasado, adjudicados a un precio de entre US$ 36 y 40 el millón de BTU. Está previsto que lleguen en mayo y se pagarán dentro de las 24 horas de ingreso a puerto.

“El año pasado, para esta época, en lugar de 8 barcos se habían comprado 21, que alcanzan para un mes y medio en pleno invierno. Ocho barcos solo cubren la demanda de gas de 15 días de pleno invierno”, precisó una fuente del área energética del gobierno.

Por la suba del precio del GNL, será determinante a qué precio terminará importando los barcos de GNL que harán falta. Algunos expertos, como el ex secretario de Energía, Daniel Montamat, estimaron que el número de cargas de buques “metaneros” que deberán contratarse será de entre 70 y 75, dependiendo de cuál sea el nivel de abastecimiento del gas de Bolivia, que llega a la Argentina por medio de gasoductos.

“Si bien estaban previstos originalmente 72, se estima que se necesitarán menos, porque traer gasoil hoy sale más barato para generar energía. Pero ese número puede cambiar en función de cómo termine la letra chica de la adenda del acuerdo que se firmó días atrás con Bolivia, que aún no se conoce”, analizó Arceo. Por lo que trascendió, Argentina pagará entre US$ 7 y US$ 9 por millón de BTU por envíos hasta 10 millones de m3 por día, y por el resto un promedio de US$ 12,18 por millón de BTU.

Para asegurar el gas en hogares, en los meses el gobierno dispone que algunas usinas térmicas usen gasoil o fueloil en vez de gas natural.

En IEASA se negaron a dar precisiones. Solo afirmaron que “eso lo define la Secretaría de Energía”, y aclararon que no hacen un análisis de la demanda. “Solo cumplimos instrucciones”, sostuvieron.

DÉFICIT ELEVADO
El hecho de que IEASA compre el gas a precio internacional y lo venda mucho más barato a nivel local, hace que la empresa siempre sea deficitaria y requiera de millonarios fondos del Estado. “Hay un descalce en el precio de importaciones, porque compra el GNL a US$ 30 el millón de BTU en promedio, y lo vende a US$ 3. Aproximadamente la mitad se lo vende a Cammesa (la empresa mixta que administra el mercado mayorista eléctrico) y la otra mitad a las distribuidoras”, precisó Arceo.

Según el Balance 2020, el último publicado en el sitio web deI IEASA, en 2020 tuvo un déficit de $15.224 millones, y en 2019 había sido de $11.883 millones.

El requerimiento constante de fondos al ministro Guzmán desde el área energética generó más de un cortocircuito con el titular de Economía. Así quedó expuesto en la carta que le envió en marzo pasado el secretario de Energía, Darío Martínez, al ministro de Economía, su jefe. Alineado con Cristina Kirchner, Martínez le reclamó haberse quedado sin recursos para pagar el gas en marzo. Esa falta de abastecimiento - le advirtió- también afectaría a la generación de energía eléctrica.

Según los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto analizados por Infobae, IEASA tiene asignados para este año $233.353 millones de pesos. 

De esa cifra, $218.961 son subsidios que deberá desembolsar el Tesoro Nacional, y otros $14.391 corresponden a un crédito externo para las represas hidroeléctricas de Santa Cruz. Es la empresa estatal que más fondos públicos tiene previstos en el Presupuesto 2022. 

Sin embargo, debido a la interna dentro del Gobierno entre el sector de Alberto Fernández y el kirchnerismo, solo le fueron girados $23.749 millones, el 10%.

EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS
La designación de Gerez a principios de 2021 coincidió con un refuerzo presupuestario que recibió IEASA, a partir de la aprobación en el parlamento del “Aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia”, impulsado por Máximo Kirchner y conocido como el impuesto a las grandes fortunas.

Según esta ley, reglamentada en enero del año pasado, el 25% de lo recaudado será destinado a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía, de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina SA, la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos”.

Hasta ahora, según fuentes oficiales consultadas por Infobae, Economía le giró unos $10.000 millones, apenas un 20% del total que le corresponde a IEASA por ese impuesto el año pasado. Esas mismas fuentes confirmaron que el dinero “se utilizará íntegramente para todo el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner, indistintamente, tanto para la compra de los caños como la obra”.

Esos recursos fueron girados a un fideicomiso en el BICE constituido por IEASA, a partir de un DNU dictado en febrero de este año, cuyo destino podrá ser únicamente esa obra. Fuentes privadas consultadas por Infobae señalaron que, por la información que ellos tienen, “todavía no está activo”.

En el gobierno afirman con optimismo que el gasoducto va a “resolver en un año y medio el problema energético en la Argentina”. Gerez estimó en febrero pasado que, durante el transcurso de ese mes, iban a “licitar los caños y durante el transcurso de abril o mayo, licitar la obra”. El funcionario de La Cámpora aseguró que el “objetivo prioritario” es “tener listo el gasoducto para el invierno de 2023″.

El 31 de marzo abrió la única oferta por la provisión de los caños por US$ 567 millones, presentada por Tenaris, del Grupo Techint. En total, la obra civil de la primera etapa - de 558 km de caños- insumiría US$ 1.600 millones. Esta licitación viene retrasada ya que aún no hay una decisión dentro del Gobierno sobre cómo encararla.

Si será adjudicada a una o dos grandes constructoras con capacidad para avanzar más rápido, aunque no sean las de mejor sintonía con el oficialismo - como SACDE, la ex IECSA que le compró Marcelo Mindlin a Angelo Calcaterra, o Techint -, o si se abrirá el juego a más constructoras. Darío Martínez dijo ayer en el acto en Vaca Muerta que estimaba que la construcción de la obra comenzaría recién agosto de este año.

La primera etapa del gasoducto irá desde Vaca Muerta en Neuquén, pasando por Río Negro y La Pampa, hasta Salliqueló en la provincia de Buenos Aires. Cuando esté listo, ese primer tramo va a permitir tener 10 millones de metros cúbicos por día, que equivale a más de la mitad de la adenda del acuerdo con Bolivia. 

Según las estimaciones oficiales, por la situación de importación de gas, la finalización de la primera etapa podría implicar un ahorro de US$ 1.000 anuales en generación eléctrica, mientras que el efecto neto sobre la balanza comercial energética podría llegar a US$ 2.500 millones por año.

La segunda etapa está prevista que vaya de la provincia de Buenos Aires a San Jerónimo (Santa Fe), pero aún no tiene financiamiento. Se estima en otros US$ 2.000. Fuentes del sector privado consultadas por Infobae desconfían de la celeridad del proceso y recién ven viable que el gasoducto pueda estar operativo para 2024, o recién en 2025.

QUIÉN LA MANEJA
De 34 años y nacido en Río Gallegos, Gerez es miembro de La Cámpora. Con perfil bajo, es hijo de un dirigente peronista de esa provincia, donde tiene juego propio propio, y está 100% alineado con el subsecretario Basualdo, quien funciona como el veedor de la vicepresidenta en este sector estratégico de la actividad económica.

Se recibió de abogado en la Universidad Católica Argentina y posee un posgrado en Derecho del Petróleo y Gas Natural en la Universidad de Buenos Aires. Considerado “un cuadrazo técnico” dentro de la organización kirchnerista, hasta asumir como presidente de IEASA, el 1 de febrero de 2021, se desempeñaba como subgerente general desde 2020, con el visto bueno de Cristina Kirchner.

La Cámpora lo subió a la comitiva de Alberto Fernández que fue a la Cumbre de Cambio Climático en Glasgow (Escocia), en noviembre del año pasado, aunque no estaba entre el contingente original.

Pero no era su primer paso por esta empresa estatal. Ya había trabajado en ella en la gestión de Julio de Vido como ministro de Planificación. Ingresó en 2008 como asesor legal en la Secretaría de Energía. Desde abril de 2013 hasta febrero de 2016 pasó a desempeñarse como abogado de la ex ENARSA, a la que ingresó de la mano del ex presidente Walter Fagyas, mano derecha de Roberto Baratta, según publicó el portal especializado en energía Econojournal.

En febrero de 2016, con la llegada de Cambiemos, fue desvinculado por lo que inició una demanda laboral contra el Estado por lo que consideró un despido “injustificado” y “una persecución política”. Tras su salida de la función pública, trabajó como consultor de empresas de servicios petroleros. A partir de la llegada del Frente de Todos al Gobierno, fue nombrado como número dos en la gerencia de la empresa estatal, pese a que mantenía un juicio contra el Estado. Recién tras su designación, desistió de la demanda.

Está casado con María Regina Labanca, una abogada que trabaja en la Gerencia Comercial y Combustibles de Nucleoeléctrica, la empresa estatal que tiene a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país.

LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE KIRCHNERISMO Y ENERGÍA

EMILIO APUD */Clarín

Quince de los últimos veinte años con el kirchnerismo en el poder bastaron para que el sector energético colapsara. Fueron en vano las medidas rectificatorias que introdujo parcialmente el gobierno de Macri durante sus tres años y medio previos al terremoto político que produjo las PASO.

Lo primero que hizo el kirchnerismo al asumir su cuarto mandato presidencial, fue retomar el camino que dejó sin energía al país luego de 12 años.

El leitmotiv de la gestión K en energía es la intervención en los precios de los servicios y productos para transferir recursos de la energía hacia el consumo con fines políticos. Populismo energético puro. También, la inseguridad jurídica por no respetar los marcos regulatorios, la estatización de las inversiones, la expropiación de activos y el capitalismo de amigos. Todo en un marco de gestión poco transparente e inepta.

Hay que recordar que Néstor Kirchner fue quien introdujo los subsidios crónicos en el sector sin necesidad alguna, debido a la bonanza que produjo en 2003 el salto espectacular de las commodities del campo. También contó con la capitalización del sector heredada de los 90, y con la pax económica y social luego del caos de la salida de la convertibilidad con las cruentas medidas de ajuste llevadas a cabo por la dupla Lenicov-Lavagna.

Hasta ese entonces, el sector se desempeñaba adecuadamente sin subsidios, el usuario pagaba lo que costaban el metro cúbico de gas, el KWh y el litro de combustible.

Los subsidios, que son medidas excepcionales de aplicación puntual en el tiempo en dosis homeopáticas, el kirchnerismo los utilizó en forma permanente e indiscriminada en un contexto inflacionario creciente.

Esa decisión populista además de onerosa fue injusta. Le costó al país USD150.000 millones hasta 2015, y el 20% de la población más rica recibió cuatro veces más subsidios que el 20% más pobre. Eso sí, los usuarios residenciales llegamos a pagar gustosos solo el 15% del costo de la energía que consumíamos, pero sin advertir las consecuencias: inflación, escasez y baja calidad de los servicios.

Así, se derrumbó la inversión, se descapitalizo el sector, nos endeudamos y empezamos a depender en forma creciente de importaciones de gas y combustibles.

Las inversiones que encaró y encara el kirchnerismo en el sector ameritan algunas precisiones. Son inversiones que las hace el Estado promovidas por intereses ajenos a la energía y en las que participan siempre empresarios amigos del poder. Es decir, no son obras prioritarias ni las mas convenientes y que dejan pasivos importantes a futuras generaciones de argentinos. Prescinden de los estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental, ya que con ellos se evidenciaría la inviabilidad de la mayoría.

Algunos ejemplos de inversiones K: “Central de generación eléctrica a carbón en Río Turbio”, sin tener el carbón para alimentarla. Se gastaron – no se invirtieron – más de USD 1.600 millones en una central carbonera que requería de 1,2 millones de tonelada de carbón anuales de la mina de Río Turbio que produce solo 0,2 millones. La “terminación de la central nuclear Atucha II”, con un presupuesto inicial de USD 900 millones, se concluyó con USD 4.100 millones.

La “Estatización parcial de las acciones de YPF”. En 2012 confiscan las acciones de la española Repsol en YPF, paradójicamente con el épico relato de la entonces presidente Cristina Kirchner de la “recuperación de YPF” cuando en los 90 había sido la principal promotora de su privatización para que su marido, gobernador de Santa Cruz, se hiciera de USD 600 millones de eventuales regalías adeudadas a la provincia cuyo destino nunca se pudo aclarar.

El responsable de esta aventura expropiatoria fue Kicillof, quien supuso mal que la recién nacida Vaca Muerta era una caja descomunal. Evidentemente no tenía idea de las inversiones ni del aprendizaje que se necesitaría antes de contar con una caja con fines políticos.

“Gracias” a esa intervención Kicillof pagó más de USD 6.000 millones por el 51%, no cumplió con los estatutos de YPF, lo que generó una demanda en los tribunales de Nueva York que nos costará entre USD3.000 y 6.000 millones y pagó al Club de París más de lo que correspondía para destrabar el acuerdo con Chevron, la única petrolera internacional que se animó a asociarse con la YPF de Galuccio.

En 2014, acuciados por la falta de reservas el gobierno, siguiendo las recomendaciones de Kicillof, le entrega a China un paquete de obras por cerca de USD 20.000 millones, que deberemos pagar todos los ciudadanos. Ninguna de esas obras era prioritaria y algunas innecesarias, pero permitían a cambio yuanes para swaps. Me refiero a las dos centrales hidroeléctricas en el río Santa Cruz, y otras dos nucleares que el sector eléctrico no necesita ni puede pagar.

Es necesario destacar entonces que la gestión de Kicillof endeudó innecesaria e irresponsablemente al país en alrededor de USD 30.000 millones, solo por su intervención en energía.

Ahora, anuncian con la épica de siempre la construcción del gasoducto para evacuar gas de Vaca Muerta. Esta obra ya la había licitado Macri con inversión privada a la que se habían presentado tres oferentes. Pero el Gobierno decide anularla para cambiarla tardíamente por otra que no cumple con los requisitos establecidos por el marco regulatorio, con inversión estatal y capitalismo de amigos. Se presentó un solo oferente.

Conclusión: el kirchnerismo ha usado al sector energético para su populismo energético, para sus negocios con empresarios amigos, para emparchar reservas del Banco Central que no alcanzan ni para importar la energía que tenemos pero que no producimos y, porque no también, para mejorar sus relaciones con países poco respetuosos del sistema democrático.

* Ingeniero. Ex secretario de Energía y Minería