PABLO GIULIANO

La invasión de las mafias de la minería ilegal, con más de 20.000 "garimpeiros" -buscadores de oro cuentapropistas- en las tierras indígenas de la tribu yanomami -en el norte amazónico de Brasil-, está causando estragos sociales, económicos y ambientales, a tal punto que pueblos originarios están siendo sometidos al trabajo esclavo, sufren desnutrición por el mercurio que se arroja en los ríos y que mata a los peces, y adolescentes y niñas son víctimas de abusos sexuales.

Un informe apunta que la Tierra Indígena Yanomami, en Roraima, estado fronterizo con Venezuela y Guyana, se ha transformado en botín de las mafias del oro, que han instalado 35 pistas clandestinas de aterrizaje. Se trata de un avance sin precedentes desde 2019, cuando asumió el presidente Jair Bolsonaro, quien defiende la minería en las reservas ambientales e indígenas y se dijo aliado de los "garimpeiros".

En 2021 la minería ilegal avanzó 46% en comparación con 2020 y desde 2016, año en el que fue destituida la presidenta Dilma Rousseff, avanzó 3,3% la presencia de la mafia del oro en la tierra indígena.

La denuncia está dentro del devastador informe de la Hutukara Associação Yanomami, entidad formada por los propios líderes indígenas, que derivó en que el Ministerio Público Federal pidiera el miércoles pasado la intervención "urgente" de la Policía Federal y el Gobierno central en las tierras yanomamis para proteger a las 350 comunidades que allí habitan en medio de la selva.

Imágenes aéreas tomadas por la asociación Hutukara, cedidas a Télam para su divulgación, muestran la devastación de los ríos y los bosques por parte de los garimpeiros, los buscadores de oro cuentapropistas que lograron ser mayoría y cuentan con barcos, acampes y, sobre todo, pistas de aterrizaje clandestinas.

En medio de la crisis y la flexibilización de control ambiental, el tráfico de oro se ha transformado en una tabla de salvación para miles de esperanzados nuevos mineros que, como en el Lejano Oeste estadounidense del siglo XIX, buscan una fortuna en las tierras indígenas.

Una tierra sin ley ni control, donde los empleados públicos de asistencia a los indígenas no pueden entrar sin permiso por las pistas de aterrizaje, donde las niñas y adultas reciben comida a cambio de sexo forzado y donde crece la malaria y la desnutrición.

El lunes pasado, la Articulación Brasileña de los Pueblos Indígenas protestó frente al Congreso en Brasilia contra los proyectos de Bolsonaro de defender el avance de la minería y el agronegocio en las reservas indígenas, acto al que fue el expresidente y candidato Luiz Inácio Lula da Silva, quien prometió un ministerio para los pueblos originarios en su eventual gobierno si gana las elecciones de octubre.

"La ola de minería ilegal ha regresado con fuerza. Hay un incentivo del actual gobierno en abrir la actividad garimpera, que involucra a empresas y a organizaciones criminales. Hay armas de fuego siendo utilizadas contra los indígenas, en una escalada de violencia significativa para traficar el oro", dijo a Télam la antropóloga mexicana Valeria Vega, residente en Brasil, que es investigadora integrante de la entidad Red Pró-Yanomami e Ye'kwana, los pueblos originarios de las tierras de Roraima.

Según el informe, organizaciones criminales de narcotraficantes de Brasil están involucradas en la disputa por la búsqueda del oro en la tierra yanomami, entre ellos el Primer Comando de la Capital, el PCC, la organización surgida en las cárceles de San Pablo que controla el tráfico de cocaína y marihuana, incluso con ramificaciones en Bolivia y Paraguay.

Para la antropóloga Vega, existe una total violación de derechos humanos y del derecho a la existencia y a la vida de los yanomamis.

"La invasión genera problemas de salud, como la explosión de la malaria. La minería ilegal impide que los indígenas puedan trabajar e ir a cazar, a cuidar de sus plantaciones, esto produce desnutrición y la gente tiene miedo de trasladarse dentro de su tierra por temor a morir de un tiro. Consumen agua contaminada por el mercurio lanzado a los ríos para buscar oro", dijo.

La especialista, que actualmente realiza un doctorado en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, atribuye al gobierno de Bolsonaro el incumplimiento de las medidas de protección de las tierras indígenas, garantizadas por la Constitución y bajo responsabilidad del Gobierno central.

"Hay, en el discurso de Bolsonaro, un incentivo a no respetar estos territorios y sus formas de vida", subrayó Vega.

La tierra indígena yanomami, donde viven 350 comunidades, tiene una extensión parecida a Portugal. Las denuncias incluyen trabajo esclavo a cambio de un plato de arroz para los indígenas, que por causa del mercurio sufren hambre y no pueden acceder a sus comidas tradicionales, producto de la pesca, sobre todo.

"La nueva estrategia de la minería ilegal es llevarse a los jóvenes yanomamis. Los engañan dándoles la ilusión de que van a hacerse ricos con el oro y la casiterita. Les dan alcohol, rifles, cartuchos y teléfonos celulares a cambio de que no sean denunciados. Hay una relación de esclavitud, de explotación", dijo el vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami, Dario Kopenawa.

A la vez, existen casos de violencia sexual y homicidio por parte de la mafia de los garimpeiros. Uno de los relatos indica que tres niñas de 13 años fallecieron luego de haber sido violadas y emborrachadas por los garimpeiros en la región conocida como Kayanaú.

La Tierra Yanomami completa 30 años de demarcación el 25 de mayo de 2022, luego de haber sido reconocida por el entonces presidente Fernando Collor de Mello, el primer mandatario electo directamente luego de los 21 años años de dictadura militar y del gobierno de transición de José Sarney.

"El ataque a los pueblos de la Tierra Indígena Yanomami ya ocurrió en la década de 1980, con la invasión de más de 40.000 garimpeiros. Hoy, en 2022, la historia se repite. Esto es muy grave", alertó Kopenawa.

De acuerdo con el documento, el número de comunidades afectadas directamente por la minería ilegal suma 273, abarcando más de 16.000 personas, es decir, 56% de la población total, de unas 29.000 personas.

La situación tiene un paralelo con la Serra Pelada, en el también amazónico estado de Pará, donde en los años 80 cientos de miles acudían desde las ciudades a buscar la salvación en alguna pepita de oro en medio del lodo amazónico.