Tanto el gobierno como el Congreso buscan mitigar el alza de los precios de los combustibles y alimentos a través de exoneraciones tributarias. Sin embargo, estas medidas no se traducirán por completo en menores precios ni beneficiarán principalmente a quienes más los necesitan. Por el contrario, imponen serios costos a las finanzas públicas y generan un mal precedente.

El Ejecutivo aprobó la incorporación temporal de nuevos productos al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) y la exoneración por tres meses del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las gasolinas de 84 y 90 octanos y el diésel.

El objetivo central de este impuesto es reducir el uso de combustibles fósiles contaminantes. En tanto, el Legislativo aprobó la exoneración por nueve meses del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los productos alimenticios de la canasta básica como el pollo, huevos, harinas, entre otros, así como la devolución del crédito fiscal del IGV acumulado a las empresas pertenecientes a la cadena de producción de estos alimentos.

“Se estima que más de la mitad de las exoneraciones terminarían beneficiando a los hogares de los dos quintiles más altos de ingresos”.

Dado que estas medidas se aplican sobre las ventas mayoristas, no se traducen por completo en menores precios para los consumidores finales. En el caso de los combustibles, Arturo Vásquez, exviceministro de Energía, señala que los consumidores solo percibirían un 40% de esa reducción. Según el especialista, esto se debe a la presencia de múltiples intermediarios dentro de la cadena de producción –especialmente en el caso del GLP– y a la baja sensibilidad de la demanda ante el cambio en los precios.

Sin embargo, incluso la disminución parcial de los precios no beneficiaría principalmente a los más vulnerables, indica Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas.

De acuerdo con el experto, estos mecanismos son transversales para todos los consumidores, por lo que las familias de mayores recursos resultan proporcionalmente más beneficiadas al destinar una mayor proporción de su gasto al consumo de combustibles.

Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2020, estas familias también asignan un mayor porcentaje de su gasto total en alimentos a los productos recientemente exonerados del pago de IGV.

ALTO COSTO
Se prevé que la tendencia creciente del precio internacional del petróleo y los productos agropecuarios se mantenga en los próximos meses, por lo que el FEPC pasaría de funcionar como un mecanismo para evitar fluctuaciones abruptas del precio internacional del petróleo a un subsidio que asumiríamos todos los peruanos.

Al respecto, el monto transferido al FEPC, que incluía en el 2021 principalmente diésel y GLP envasado, ascendió a S/550 millones. Este año, con los precios internacionales más altos y con la incorporación del GLP a granel, la gasolina de 84 y 90 octanos, y el gasohol de 84 octanos, el monto de las transferencias sería mucho mayor.

En conjunto, se estima que la exoneración del ISC a los combustibles e IGV a los alimentos supondría un costo fiscal de alrededor de S/400 millones mensuales. Asumiendo que estas medidas se mantendrán hasta fin de año, el costo sería de S/3.600 millones, equivalente al gasto total de los programas sociales Qali Warma, Juntos y Pensión 65 en el 2021. Lamentablemente, se estima que más de la mitad de las exoneraciones terminarían beneficiando a los hogares de los dos quintiles más altos de ingresos.

“Los consumidores solo percibirían un 40% de esa reducción [en el caso de los combustibles]”.

Además, existe un gran riesgo de que las medidas implementadas por el Gobierno no sean temporales, debido al costo político de retirarlas una vez implementadas. Un ejemplo de ello son las numerosas prórrogas al programa de sustitución de beneficios en el IGV e ISC a la Amazonía promulgada en el 2007 y que debió culminar en el 2009, pero sigue vigente hasta hoy. Ese escenario supondría un daño fiscal mucho más significativo, desequilibrando las cuentas fiscales en el mediano plazo.

¿A QUÉ APUNTAR?
En este contexto, resulta relevante repensar las medidas para aliviar la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Diego Winkelried, profesor principal de la Universidad del Pacífico, señala que las políticas de transferencias focalizadas resultarían más efectivas y menos costosas para el Estado.

En este sentido, considera que el reciente incremento del bono del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) de S/20 a S/25 a la compra de balones de GLP para las familias de menores recursos y el aumento de las transferencias a los programas sociales como Juntos y Pensión 65 cumplen un rol clave.

No obstante, advierte que, en la medida que los padrones no se encuentren actualizados, los beneficios no llegarán completamente a la población objetivo.

Víctor Shiguiyama, exsuperintendente de la Sunat, propone avanzar hacia focalizaciones mucho más precisas mediante la masificación de los comprobantes de pago electrónicos (CPE) y las billeteras móviles (BM).

Para Shiguiyama, a partir de los CPE y el pago de las transacciones mediante BM se podría construir el perfil de gasto de los hogares.

Para aquellos con menores gastos, se podrían establecer diversas políticas de devoluciones directas de impuestos, garantizando que los beneficios lleguen completos a quienes más lo necesitan. Según señala, tanto la Sunat como los bancos comerciales cuentan con la tecnología necesaria para implementar un mecanismo como este.

Por último, Vásquez y Tamayo coinciden en que hacia el mediano plazo se debe orientar la matriz energética hacia una mayor utilización del gas natural, que es más barato y menos contaminante que los combustibles tradicionales.

Actualmente, las importantes reservas gasíferas con las que cuenta el país no se aprovechan en su totalidad, ya que cerca de un quinto de la extracción de gas en el Perú se reinyecta (devuelve al pozo) por la falta de demanda e infraestructura. La masificación del gas natural requiere destrabar proyectos paralizados y una reforma integral de la política energética.