Una delegación del gobierno integrada por los ministros de Energía y Minas, Carlos Palacios; de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero; y de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez; así como el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Jesús Quispe, viajaron a Moquegua para dialogar con representantes de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala.

En los más de 40 días desde que la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala tomara el reservorio que abastece el campamento minero Cuajone, en Moquegua, cinco mil personas no tienen acceso al agua potable, las clases de cuatro centros educativos se han paralizado, el hospital que atiende a los trabajadores y sus familias no puede operar con normalidad y las enfermedades estomacales se han incrementado.

Ese es el tiempo que el gobierno de Pedro Castillo no ha podido establecer una mesa de diálogo o al menos una tregua que permita el levantamiento de la medida de fuerza que ha derivado en la paralización de la mina responsable del 7% de la producción nacional de cobre.

El 28 de febrero, miembros de la comunidad campesina tomaron el reservorio de Viña Blanca y la vía férrea para el transporte de minerales como medida de fuerza para exigir 5 mil millones de soles y el 5% de las utilidades anuales de la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) como compensación por el uso de las tierras que, aseguran, les pertenece.

Aunque el 18 de marzo hubo una primera reunión entre la comunidad, la empresa y representantes del Gobierno Central y regional, Manuel Amat, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua, explica que el acta firmada ese día no fue aceptada posteriormente por la asamblea de la comunidad. Para el 31 de marzo, cuando ya se cumplía un mes del corte de agua, el primer ministro Aníbal Torres convocó una mesa de diálogo que tampoco fue aceptada por la comunidad, según confirmó a este diario José Muro, secretario de Gestión y Diálogo de la PCM. Hasta ahora no hay fecha para que se inicien las conversaciones entre los involucrados.

“Hay predisposición para dialogar, pero la comunidad no quiere restablecer el agua, que es el principal pedido de la empresa”, añade Amat, publicó El Comercio.

Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo concreto pese a que han pasado más de 40 días desde que la comunidad campesina tomó por la fuerza el reservorio de Viña Blanca, que abastece con agua al campamento minero de Cuajone, propiedad de Southern Perú, que alberga a 5.000 personas.

El congresista Jorge Coayla, representante de Moquegua por la bancada de Perú Libre, quien también estuvo en la reunión, señaló que la comunidad campesina desistió de toda propuesta hecha por el Ejecutivo y exigió la presencia de altos funcionarios de la compañía minera.

“Se han puesto muy intransigentes”, comentó a Perú21.

La reunión se llevó a cabo en la represa de Viña Blanca y fue a puerta cerrada. Según el medio local Radio Americana, los comuneros no permitieron el ingreso de la prensa; del alcalde provincial, Abraham Cárdenas Romero; de la PNP ni la Defensoría del Pueblo.

También se excluyó a representantes de la compañía minera, según confirmó Raúl Jacob Ruisánchez, vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern Perú, informó Perú21

La comunidad campesina exige US$ 5.000 millones y el 5% de las utilidades anuales de la minera como compensación por el uso de las tierras. Mientras tanto, la mina permanece paralizada y se evalúa su cierre.

Coayla precisó que el Ejecutivo sostendrá una nueva reunión con la comunidad hoy marte (12/4), y el siguiente día debatirán sobre la situación en Consejo de Ministros.

A LA DERIVA

“No le importamos al Gobierno, nosotros también somos el pueblo. Tenemos 40 días sin agua y no pasa nada”, dice Javier Acosta, representante del sindicato de trabajadores de Southern Perú e El Comercio. El último lunes, unos cien trabajadores de Cuajone realizaron un plantón frente a la sede del Minem para exigir a las autoridades una solución al conflicto. El problema, opina, es que sienten que no hay interés por parte el Ejecutivo de atender sus reclamos.

“El conflicto es por un tema de terrenos entre la comunidad y la empresa, pero los afectados somos los trabajadores. El Gobierno dio la concesión minera en 1952 y Cuajone es de 1970. Esto debería atenderse a nivel legal, no privarnos del agua. Eso es un crimen”, dice.

Aunque la empresa ha contratado cisternas desde Moquegua para abastecer al campamento, la afectación a la salud es grave. Ludwig Núñez, ginecólogo del hospital de Cuajone, confirma que las infecciones gastrointestinales han aumentado en niños y trabajadores. Debido a las restricciones por la falta de agua, se han reducido las atenciones presenciales pese al riesgo que implica para los pacientes. “Estamos priorizando emergencias porque tenemos un reservorio pequeño que nos permite seguir usando filtros especiales”, explica. No es suficiente.

“En el campamento tenemos ahora a 15 pacientes gestando, a quienes tenemos que hacerle seguimiento virtual. ¿Cómo les tomas la presión virtualmente? ¿Cómo evitas el riesgo de complicaciones? Se ha dejado de hacer despistajes y seguimientos. Todo lo que estábamos retomando se ha suspendido”, indica. Esto sin contar con el impacto emocional de los trabajadores que temen quedarse sin empleo debido a la paralización de la mina desde febrero. “La gente no solo viene con problemas digestivos, sino desesperados por miedo a quedarse sin trabajo. Estamos todos con esa preocupación”, añade.

Según el representante del sindicato, la empresa ha adelantado vacaciones y cambiado turnos para sostener los trabajos mientras dura la paralización, pero no sabe qué pasará si no se retoman las actividades. Llevan más de un mes de incertidumbre.

Deuda en prevención
Para Alejandro Diez, antropólogo e investigador en temas sociales y rurales de la PUCP, la escalada de violencia de las última semanas es resultado de una deficiente labor por parte de la PCM. “Hay la sensación de que la oficina de la PCM que debe prevenir los conflictos está a la deriva. Se necesita gente especializada que se encargue de evitar que el conflicto se desborde con bloqueos de carreteras, la toma de reservorios de agua como Cuajone o de pozos petroleros en la Amazonía. Vemos a los ministros hacer esa tarea cuando debía existir personal que llegue antes para buscar salidas”, dice.

En su opinión, esto se suma a que la población tiene mayores expectativas a que sus reclamos sean atendidos por las promesas de campaña del presidente Pedro Castillo. “Cuando un gobierno es percibido de izquierda, independiente de si lo es o no, las expectativas de las poblaciones crecen y los reclamos aumenten. Eñ trabajo preventivo de la PCM no está funcionando porque vemos al primer ministro tratando de apagar incendios y obviamente no se puede con todos al mismo tiempo”, explica

Amat coincide con que hay una población “fortalecida” en sus reclamos que dificulta la posibilidad de establecer el diálogo. “Se necesitan mayores esfuerzos para que se instale lo más pronto posible el diálogo y para eso es necesario que persista la voluntad, evitando los intereses ocultos”, dice.

José Muro asegura que se encuentran en un diálogo “preliminar” con los representantes de la comunidad campesina para que acepten la instalación de una mesa de diálogo lo antes posible. Una vez confirmada la predisposición de esta parte, representantes de los ministerios de Energía y Minas, Trabajo, Justicia y PCM viajarán a Moquegua. Sería recién el lunes o martes.