PAOLA VILLAR S.

Hace más de un mes Southern Perú suspendió las operaciones de su mina en Cuajone (Moquegua, Perú) luego de que la comunidad campesina Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala iniciara una protesta en la zona por presunta usurpación de terrenos, solicitando la compensación por el uso de su territorio, así como otras compensaciones económicas permanentes por parte de la minera.

Desde dicha fecha la comunidad campesina ha bloqueado la línea férrea que Southern utiliza para movilizar sus minerales, como cobre y zinc, y también interrumpió el servicio de agua potable hacia el campamento minero de Cuajone. El Banco Central de Reserva (BCR) estimó que solo en el mes de marzo por la suspensión de actividades en dicha mina se está perdiendo un 0,5% del PBI.

Una fuente cercana a Southern Perú confirmó que este lunes 20 de marzo la asamblea de la comunidad rechazó los acuerdos alcanzados la semana pasada. El Estado peruano se comprometió a publicar resolución ministerial este miércoles para instalar formalmente la mesa de conversaciones entre la firma y los ciudadanos de la zona.

La comunidad campesina, además, exige a Southern Perú una compensación de US$ 5.000 millones por el acceso a territorio que, según aducen, le pertenece; y un pago permanente del 5% de utilidades netas de la mina.

Hasta la fecha el gobierno de Perú no ha logrado concretar un acuerdo entre la empresa y la comunidad campesina, a pesar de acuerdos que se firmaron el pasado 18 de marzo y reuniones que se han estado dando entre las partes. 

Hoy jueves 31 de marzo se dará otra mesa de trabajo en las instalaciones del Gobierno Regional de Moquegua, y hoy miércoles Grupo México -matriz de Southern Perú- confirmó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) su participación en la misma.

En una misiva enviada a PCM, Óscar González Rocha, CEO de Grupo México, dijo que la empresa tiene voluntad de establecer un diálogo con la comunidad campesina “para construir una solución pronta al sabotaje que padecen nuestro campamento de Cuajone y la operación de la compañía desde el pasado 28 de febrero”.

Señaló, asimismo, que los comuneros protestantes tomaron el reservorio de agua de Viña Blanca utilizado por el campamento de Cuajone, lo que ha dejado sin este servicio a las más de cinco mil personas que viven en dicho lugar.

“Consideramos necesario manifestar que, en vista de los reiterados ataques y amenazas en contra de nuestros trabajadores y sus familias, y en aras de la seguridad e integridad de nuestros representantes y nuestro personal, es indispensable confirmar el desarrollo de esta sesión en el lugar indicado por la PCM, el cual garantiza las condiciones y seguridad indispensables para un diálogo respetuoso y constructivo, apegado al Estado de Derecho y a la institucionalidad de nuestro país”, apuntó González Rocha en el comunicado.

El ejecutivo de Grupo México alertó a la PCM que para sus trabajadores y las familias asentadas en Cuajone es creciente la urgencia de recuperar “un entorno de paz, donde impere la legalidad”. Añadió, además, que desde hace más de 30 días el Hospital de Cuajone (Nivel II) carece del servicio esencial de agua. Al ser un hospital de segundo nivel, esta entidad ofrece servicios médicos a las comunidades vecinas.

Otro punto alertado por la matriz de Southern Perú es que las instituciones educativas Santa Rosa de Lima, Daniel Alcides Carrión y Juan Vélez de Córdova, se han visto obligadas a suspender el retorno a clases presenciales debido a la falta de agua, “perjudicando a aproximadamente a 600 niños y niñas, que no pueden aplicar los protocolos de salubridad frente al Covid-19, ni recibir los insumos esenciales para esos centros educativos”.

IMPACTO ECONÓMICO Y RIESGO PARA CUAJONE
González Rocha advirtió a la PCM “los severos efectos económicos” para el Perú y la región de Moquegua por la suspensión de actividades en Cuajone. Recordó que el impacto diario por exportaciones es de US$5 millones en pérdidas, y 8,5 millones de soles diarios por concepto de impuestos y regalías que la región no recibe hace más de un mes.

“La agresión violenta en contra de nuestra operación se ha prolongado por más de 30 días, lo que hace peligrar el cumplimiento de nuestros compromisos con las comunidades vecinas, con proveedores (muchos de ellos empresas locales), socios estratégicos, accionistas y nuestros más de 1.500 trabajadores y 1.128 contratistas”, anotó el ejecutivo.

González Rocha se dirigió a Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, para señalar que Southern Perú “viene instrumentando acciones para mitigar los graves efectos de las acciones violentas del grupo de manifestantes en contra de los residentes de Cuajone”. A su vez, acotó que la minera busca evitar la declaración del cierre temporal de Cuajone por el actual conflicto.

“Hemos sostenido la más amplia voluntad para el diálogo. Deseamos evitar declarar el cierre temporal de la mina, porque ello será perjudicial para miles de familias y para la economía local, regional y del país. Insistimos por ello en apoyar una pronta solución política, bajo el amparo de las facultades de ley de los funcionarios del Gobierno Nacional”, puntualizó.