NÉSTOR O. SCIBONA *

La crisis política desencadenada en el gobierno del Frente de Todos por el rechazo explícito de La Cámpora –e implícito de Cristina Kirchner– al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, reduce aún más el horizonte económico hasta casi hacerlo desaparecer. El daño ya está hecho.

El entendimiento aprobado en Washington por el directorio del organismo permite evitar la cesación de pagos externos antes de fin de mes y reforzar las raquíticas reservas del Banco Central. Pero como contrapartida, el “horizonte de futuro” prometido por Alberto Fernández al anunciarlo hace casi dos meses quedará fraccionado en 8 tramos trimestrales, hasta junio de 2024, en coincidencia con la auditoría de misiones técnicas del FMI que verificarán el cumplimiento de las metas macroeconómicas pactadas como condición para los futuros desembolsos.

En este contexto, el abierto enfrentamiento entre el kirchnerismo y Alberto Fernández afecta la confianza, que mal podría generar el Gobierno cuando CFK desconfía del Presidente y su ministro de Economía, además de devaluar la ya incierta posibilidad de que el acuerdo pueda ser cumplido a lo largo de los siete trimestres que restan del actual mandato.

Aunque surja una tregua por conveniencia recíproca en nombre de una teórica unidad para llegar hasta las elecciones de 2023, esta fractura expuesta difícilmente pueda soldarse con el correr del tiempo.

Las diferencias ideológicas sobre el rumbo económico ya eran indisimulables antes de la derrota electoral de noviembre, que no hizo más que acentuarlas. Y se harán notar cada vez más a la hora de tomar decisiones y definir prioridades de gasto para cumplir las metas, por más que algunas de ellas deban ser recalculadas debido al impacto de la invasión de Putin a Ucrania sobre los precios internacionales de las materias primas agrícolas y energéticas.

El libreto kirchnerista se ha ido radicalizando hasta descolocar la heterodoxia –con algunos toques obligados de ortodoxia para acordar con el Fondo– de buena parte del equipo económico albertista. Así, las actuales subas de granos y petróleo no son una oportunidad para impulsar mayores exportaciones y mejorar el ingreso de divisas, sino para aumentar retenciones, “desacoplar” los precios domésticos y reforzar la recaudación fiscal. La inflación en niveles críticos, ya con un piso de 60% anual, sólo es culpa de empresarios especuladores e inescrupulosos, aunque las mismas compañías trasnacionales que operan en países limítrofes (con menos de 10% de inflación), no ajustan los precios como en la Argentina. Y los aumentos del gasto público y los subsidios encierran la fantasía de que son expansivos para la actividad económica y el consumo, por más que el déficit fiscal que generan deba financiarse con emisión y creciente endeudamiento en pesos que realimentan la inflación crónica.

En cambio, la reducción de impuestos nacionales, provinciales y municipales (170 en total) no figura en el diccionario K, salvo en el de antónimos; al igual que cualquier noción de austeridad. La prueba más reciente fue el ostentoso despliegue de La Cámpora en la nueva apropiación partidaria del aniversario del golpe militar de 1976, que tuvo un clima festivo con flamantes banderas, carteles, pancartas, ómnibus alquilados, televisación propia con drones, cámaras enfocadas en Máximo Kirchner y hasta entrevistas con periodistas militantes. Ninguno preguntó por qué no hubo menciones a Raúl Alfonsín ni al histórico juicio a las juntas militares. Tampoco cuánto se gastó en la marcha desde la ex ESMA hasta Plaza de Mayo, ni de dónde provinieron los fondos. Las “cajas” estatales en manos del kirchnerismo no se caracterizan por la rendición de cuentas, pese al aumento de la inflación y la pobreza. No en vano el ensayista Loris Zanatta, de la Universidad de Bologna y agudo observador de la historia argentina, sostuvo semanas atrás en un reportaje radial que “el kirchnerismo, como todo populismo, no se ocupa de gobernar para mejorar la vida de la gente, sino de mantenerse en el poder”.

Ese mismo jueves, en declaraciones al canal oficialista C5N, Miguel Pesce, titular del BCRA, sostuvo que la inflación no va a bajar si no se consigue que las empresas de consumo masivo inviertan y aumenten la producción, ya que trabajan al límite de su capacidad instalada. Pero ese argumento no sólo es discutible (en diciembre el uso de la capacidad del sector alimentos y bebidas se ubicó en 65%, según el Indec), sino también voluntarista, ya que no hay clima de inversión salvo casos puntuales.

Desde que el Presidente anunció anticipadamente la “guerra” contra la inflación y generó una ola de remarcaciones preventivas, el Gobierno entró en conflicto con el campo y el sector agroindustrial, al disponer el fideicomiso para bajar los precios domésticos del trigo y la harina, con el aumento de retenciones para los subproductos de la soja (aceite, harina y biocombustibles), que implica un subsidio cruzado. Y desde el ala K, el secretario Roberto Feletti subió la apuesta al proponer mayores retenciones al trigo, maíz y girasol para desacoplar los precios domésticos de los internacionales. De paso, acusó a los empresarios del sector agroalimentario de querer comprar más departamentos en Miami y más 4 x 4 para salir a la ruta y “exhibir el lujo”. No reparó en que el fallecido secretario de Néstor Kirchner era – supuestamente– propietario de dos departamentos en la zona más cara de Nueva York, ni en los funcionarios e intendentes del conurbano que viven en Puerto Madero y se movilizan en autos de alta gama.

Tras empeorar el clima de diálogo, Feletti amenazó con aplicar multas a dos cadenas de supermercados por violar la vetusta ley de Abastecimiento y mostrar góndolas vacías, a la vez que anunció acuerdos para retrotraer precios al 10 de marzo en productos de consumo masivo. Sin embargo, las empresas fabricantes todavía desconocen cómo se conformará la nueva lista de 580 productos con Precios Cuidados, ya que la actual –de 130– vence el 7 de abril e incluye ajustes de 2% mensual que ya quedaron desactualizados frente a la inflación. Otro tanto ocurre con la canasta de 60 productos frescos para comercios de cercanía (autoservicios y almacenes). También temen que se repita el esquema de marzo de 2020 cuando, tras disponer la cuarentena, el Gobierno fijó precios máximos retroactivos para decenas de productos en 1300 rubros, que mantuvo congelados durante más de un año. Y marcan una paradoja: como los productos con Precios Cuidados son los de mayor demanda, los consumidores vacían las góndolas y se hace más difícil reponer stocks de variedades con baja o nula rentabilidad.

Aun así, ya es demasiado tarde: la inflación de este mes ya apunta a 6% por el impacto del segundo aumento de los combustibles y el primer ajuste general de tarifas de electricidad y gas, además de las subas en alimentos frescos. A esto se agrega la aceleración en el ritmo de minidevaluaciones diarias del BCRA que, al igual que la suba de tasas de interés aún ubicadas por debajo de la inflación mensual, están incluidas en el acuerdo con el FMI.

Ahora arranca la etapa de adoptar medidas para tratar de cumplir, al menos, las dos primeras metas trimestrales, que pondrán a prueba la deteriorada relación del Gobierno con el kirchnerismo, mientras la oposición de Juntos por el Cambio se abroquela para rechazar el aumento de la presión tributaria que propone el oficialismo a través de mayores subas de retenciones, alícuotas de Bienes Personales, valuaciones inmobiliarias y hasta crear impuestos a la herencia y viviendas ociosas, como si tuviera mayoría en ambas cámaras legislativas.

Un veterano político opositor califica la posibilidad de un eventual armisticio oficialista como un “empate paralizante”. Como prueba, señala el fracaso de las últimas sesiones extraordinarias del Congreso, donde de 15 proyectos de ley no se logró aprobar ninguno.

* Periodista, consultor en temas de comunicación periodística e institucional