El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado  detalles del plan de choque de respuesta a la guerra que el Consejo de Ministros aprobará esta misma semana. Contempla 6.000 millones de euros en ayudas directas para familias y empresas, así como un paquete de 10.000 millones de euros en préstamos ICO para amortiguar el peso del conflicto en la economía.

Sánchez ha destacado los 5 ejes en los que se articulará este plan (ayuda a familias, empresas, transportes, ciberseguridad y energía) en un acto en el que también ha recordado que se pone en marcha la nueva estrategia de vigilancia y control de enfermedades con el consenso de toda las comunidades, gracias a los índices de vacunación contra el COVID-19 alcanzados en el país.

En paralelo, el Ministerio de Transición Ecológica ultima una reforma temporal del mercado eléctrico para tratar de contener los desbocados precios de la luz. La medida, anunciada para este próximo martes, se retrasará varias semanas, tal y como ha reconocido la propia vicepresidenta, Teresa Ribera, hasta que logre superar el examen de la Comisión Europea. Un extremo que, previsiblemente, no se conseguirá hasta que se conozca en detalle el informe sobre el mercado mayorista de los reguladores europeos (ACER).

EL PLAN DE SÁNCHEZ
Según Bussines Insider, entre las medidas destacadas en este nuevo plan de choque contra la guerra, el presidente del Gobierno ha avanzado rebajas de hasta 20 céntimos por litro de combustible, de los que el Gobierno pondrá en torno a 15 céntimos y las petroleras "un mínimo de 5 céntimos". "Algunas ya han anunciado rebajas superiores y quiero agradecerles ese compromiso con su país".

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En el sector del transporte, el Gobierno también prepara un paquete de ayudas directas a empresas en función del tipo de vehículos que operen. Como referencia, Sánchez ha indicado que una empresa podrá recibir una ayuda de hasta 1.250 euros por camión en su flota, o de 900 euros por autobús. 500 euros por furgonetas o 300 por vehículos ligeros como taxis, VTC o ambulancias.

El presidente ha hecho hincapié en el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Europeo del pasado viernes, por el cual el resto de estados miembros reconocían la "excepción ibérica" con la que España y Portugal podrán adoptar "medidas excepcionales para reducir los precios" de la factura de la luz.

"Esta semana ambos países presentaremos una medida excepcional y temporal de fijación del precio del gas que se usa para la producción de la electricidad", ha detallado. "No supone subvencionar la electricidad, no rompe los incentivos para renovables y en definitiva tampoco desvirtúa el mercado eléctrico europeo", ha enfatizado.

Esta medida se dará a conocer esta misma semana y el presidente Sánchez confía en que la Comisión atenderá esa solicitud "en un plazo breve de tiempo". En cuanto se reciba luz verde, el nuevo tope en el precio del gas se publicará al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado "con efectos inmediatos". A su juicio, rebajará "significativamente" los precios de la electricidad "de forma inmediata".

El Gobierno volverá a poner en marcha "medidas para proteger el empleo evitando el despido de las empresas", aunque Sánchez no ha concretado más en este sentido. Solo que "las empresas podrán acudir a medidas de flexibilidad interna como los ERTE que tan bien han funcionado durante la pandemia".

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También en materia de vivienda, para evitar que la inflación dispare el precio de rentas a actualizar, el Gobierno topará esas revisiones hasta un máximo del 2% durante tres meses. Aumentará también la cuantía del ingreso mínimo vital y 300.000 nuevas familias podrán acogerse al bono social eléctrico, "llegando a casi los 2 millones de hogares españoles protegidos con este bono".

Se trata de un "plan serio, ambicioso y complejo", en palabras de Sánchez. "La crisis es asimétrica, tenemos que afectar sobre determinados sectores. El plan de respuesta que aprobará el Consejo de Ministros durará hasta el 30 de junio y tendrá un coste aproximado de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos".

A esos 6.000 millones hay que sumar "además 10.000 millones de euros en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias y las empresas del país". 

Entre las ayudas sectoriales que también se han anunciado este lunes, Sánchez ha destacado 362 millones para la agricultura y la ganadería, y 68 millones para la pesca y la acuicultura. Además, otros 500 millones para la industria gran consumidora de energía. El presidente del Gobierno ha abundado en ayudas al sector exportador o cultural que se conocerán este martes.

Uno de los cinco ejes es el de la ciberseguridad. El presidente del Gobierno ha anunciado un nuevo Plan Nacional de Ciberseguridad dotado con 1.000 millones de euros y más de 150 actuaciones esenciales, así como la creación de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad para la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

También se fortalecerá la seguridad en las nuevas redes de comunicaciones 5G que prestan "servicios imprescindibles en varios ámbitos como el del transporte, la energía o la medicina".

LÍMITE A OFERTA DE CENTRALES Y DOS PRECIOS DE ELECTRICIDAD
Tras el Consejo Europeo celebrado el pasado jueves y viernes, España logró arrancar después de una fuerte insistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la inclusión de un escueto comentario en la declaración final en la que se aseguraba que "las circunstancias nacionales y el mix de los estados miembros serán tenidos en cuenta".

Según publicó El Economista, esta simple declaración, junto con la posterior aclaración de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, de que habría una consideración adicional con la Península Ibérica fue suficiente para que el Gobierno español lo considerara una gran victoria tras haber llevado a cabo una amplia gira europea que únicamente sirvió para constatar lo que ya se sabía: Europa no quiere modificar el mercado mayorista de electricidad.

Este próximo mes de abril, el organismo de reguladores Acer dará a conocer su informe definitivo sobre el funcionamiento del mercado eléctrico y en el mismo se espera que se siga defendiendo su apuesta por el mercado marginalista, aunque todo apunta a que se incluirán algunas recomendaciones para mejorar a medio plazo el funcionamiento del mismo con contratos bilaterales en ambas direcciones (consumidores y generadores) o el uso de un modelo de agregadores para poder proteger a los clientes frente a la elevada volatilidad de los precios.

La Comisión Europea ha aceptado la posición del Gobierno español de que el ínfimo nivel de interconexiones impide poder beneficiarse de las ventajas de un mercado marginalista y, por ese motivo, está dispuesta a tener en consideración algunas medidas adiciones y con carácter temporal que pueda plantear España siempre que no afecten al funcionamiento del mercado único.

Según fuentes consultadas por este diario, España y Portugal propondrán fijar un precio límite a las ofertas de los ciclos combinados en el mercado eléctrico. Este límite, que podría rondar los 180 euros ( a razón de 100 euros para el gas) supondrá la obligación de compensar el coste del gas no cubierto, ya que de lo contrario las centrales de gas no ofertarían en el mercado y acudirían al mercado de restricciones para poder operar.

La medida supondría una bajada automática de la tarifa eléctrica para los clientes que estén en el mercado regulado (PVPC) -del que han huido a lo largo del año pasado cerca de 1,2 millones de clientes- y para aquellos industriales que acuden al mercado spot. A medio plazo también supondría una rebaja de las ofertas en el mercado libre que desde enero han comenzado a reflejar las fuertes subidas del mercado mayorista.

Para hacer frente a este coste, en la propuesta que hay sobre la mesa se plantean dos opciones. Por un lado, que se adelante el cálculo del semiperiodo del Recore -sólo para las renovables y dejando fuera  la cogeneración- para poder disponer de alrededor de 3.900 millones con los que hacer frente a dicho coste o, la opción más probable, que estas cantidades sean prorrateadas entre todos los periodos horarios dando lugar a un segundo precio marginal horario que sería el definitivo pero que habría permitido eliminar los llamados 'windfall profits' del resto de tecnologías.

Para evitar que esta medida supusiera una financiación por parte de los consumidores españoles y portugueses de la electricidad que se pudiera exportar a Francia o Marruecos, las exportaciones se harían a este último precio que tiene en consideración el precio del gas.

En el caso de llevar a cabo la segunda opción, el Gobierno podría además aprobar una rebaja de los cargos o destinar parte del dinero del Recore a apoyar a los consumidores industriales.

Entretanto, este próximo martes se espera que el Consejo de Ministros pueda prorrogar algunas de las medidas que ya están en vigor como las correspondientes al suministro mínimo vital o la intervención en la tarifa del gas natural para consumidores domésticos.

PETRÓLEO: A QUIÉNES COMPRA
La invasión rusa en Ucrania ha vuelto a mostrar la elevada dependencia energética de España, que apenas produce el 0,2% de los recursos que consume.

Esa circunstancia le obliga a importar crudo y gas de otros países y a estar sometida a posibles tensiones en la oferta y en el precio si las naciones productoras sufren recesiones económicas (Venezuela), conflictos armados (Rusia) o disputas regionales (Catar).

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) actualizó este viernes la estadística de importaciones de petróleo y gas a 31 de enero de 2022, lo que sirve para determinar a qué países se le compraba ambas fuentes de energía antes de la invasión rusa y cuál era la dimensión de la dependencia energética.

Y la conclusión es que existe una mayor dependencia en las compras de gas que en las de petróleo. En los doce meses transcurridos entre enero de 2021 y enero de 2022, el 41,4% del gas se compró a Argelia, país con el que actualmente España está en conflicto como consecuencia del viraje experimentado en cuanto al Sahara Occidental y el acuerdo firmado con Marruecos, en el que se establece que se integrará como una región autónoma.

Nada más conocerse ese acuerdo, el embajador de Argelia fue llamado a consultas y el Ejecutivo argelino se mostró muy sorprendido por la “segunda traición” de España respecto al Sahara. Ya a mucha distancia, EE.UU. figura como segundo mayor vendedor, con una cuota del 16,9%. Rusia es el cuarto proveedor, con un 8,7% del total

La diversificación geográfica es mayor en el caso del petróleo, en el que hay nueve grandes vendedores, con Nigeria a la cabeza, con un 17,7% del total, seguida de México (13,3%) y Libia (10,4%). EE.UU. ocupa la cuarta posición, con un 7,9%, y Rusia baja hasta el séptimo lugar, con un 4,2% del total, según cifró El País.

Marruecos y España no son amigos, sino que dependen económicamente el uno del otro. Argelia, que acaba de visitar el presidente español, Pedro Sánchez, tampoco es realmente un país socio del reino. Pero con el ataque de Vladimir Putin a Ucrania y el fin del Nord Stream 2, todo parece repentinamente diferente.

La nueva situación geoestratégica también cambia las cosas para España. Sus tradicionales buenos contactos económicos en el mundo árabe y norteafricano, sus numerosos parques de energía solar y eólica y sus seis terminales de gas natural licuado (GNL), con una séptima en construcción, están recibiendo de repente una nueva atención. Al mismo tiempo, es necesario reforzar los vínculos con Nigeria y otros proveedores de materias primas.

El país ya genera más del 21 por ciento de su consumo bruto de energía a partir de fuentes renovables y no tiene problemas de suministro por el momento. Según los medios de comunicación españoles, esta es una gran oportunidad para que el país se convierta en un futuro agente energético europeo.

REACTIVACIÓN DE MIDCAT
España, que -como la pandemia ha vuelto a demostrar con contundencia- depende demasiado del turismo, quiere utilizar los 140.000 millones de euros del Fondo Nueva Generación de Bruselas para hacer florecer su economía, incluida la producción de hidrógeno verde.

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha estado varias veces en Madrid, también tiene esa aspiración. Además, estaría interesada en reactivar el proyecto MidCat (Midi Catalonia), el gasoducto entre España y Francia. En territorio español se han construido 80 kilómetros  con una capacidad de 7.500 millones de metros cúbicos, pero las obras se paralizaron en 2019.

En la actualidad, solo hay dos gasoductos comparativamente pequeños, que transportan gas desde Navarra y el País Vasco hacia Francia. En los últimos días, la ministra española de Medioambiente, Teresa Ribera, criticó a Francia por no querer participar en el proyecto MidCat. "El problema principal es la cuestión de la financiación. Pero el fracaso del Nord Stream 2 hace que el tema vuelva a ser relevante", afirma el español Ignacio Cembrero, experto en temas norteafricanos.

DESVINCULAR LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD Y EL GAS
Sin embargo, a corto plazo, el presidente Sánchez debe bajar primero los precios de la energía para calmar los hogares españoles, agobiados por la pandemia, el desastre de la nieve en enero de 2021, la inflación y ahora la sequía extrema.

Ya se ha bajado el IVA de la electricidad, pero eso no es suficiente para la oposición. Con el fin de desvincular el galopante precio del gas del resto del mercado, para que las fuentes verdes como la hidroeléctrica, el sol y la eólica vuelvan a ser atractivas, Sánchez se ha embarcado en una gira europea.

Al respecto, quiere un consenso  en la UE. Algunos observadores ven que se abre una ventana de oportunidad económica y política para España en este tema. Otros piensan que su visión, que también es perfilar a España como proveedor de energía, es ilusoria.

"Lo que está claro es que ya en 2025, gracias a nuestros numerosos parques eólicos y solares, podremos alcanzar un precio del megavatio de electricidad de 50 euros, mientras que Alemania y Francia estarán entre 60 y 70 euros", pronostica Luis Merino, redactor jefe de la revista Energías Renovables, citando datos del operador del mercado eléctrico español Omel. Esto haría al país más interesante como exportador de energía.

CAMBIO DE ESTRATEGIA LLEVA TIEMPO
Esto ya ocurría en enero de 2022, cuando España exportaba más electricidad a Francia de la que importaba. "Por nuestra baja densidad de población, también tenemos la posibilidad de construir más centrales hidráulicas e invertir en fuentes como la geotérmica", dice Roberto Gómez-Cálvet, experto en energía de la Universidad Europea de Valencia. "Pero toda esta estrategia del actual gobierno, que en el fondo es correcta, tardará años", agrega.

La eliminación del carbón hace unos años, según el experto, fue un error en vista de la situación actual. En España solo quedan cinco centrales nucleares en funcionamiento, que en principio iban a ser retiradas de la red en los próximos años. "Eso está descartado en este momento", sostiene Gómez-Cálvet. Y menos si Sánchez pretende exportar energía.