MIGUEL MÁRQUEZ *
Las falencias de nuestro país en materia energética se manifiestan en diversos frentes, comenta en esta columna un experto en el área. La dependencia de las importaciones de energía, la inexistencia de una política de Estado actualizada y la connivencia entre reguladores y regulados son problemas persistentes y sin la alarma política que merecerían, estima.
Chile carece de petróleo, gas natural y carbón. Importamos el 90% de los combustibles, y poco más del 60% de nuestro consumo depende de esas importaciones. Pero nuestro país carece de una política de Estado que cubra o se dote de instrumentos estructurales, con opciones de largo plazo (tanto por el lado de la oferta como de la demanda) que permitan enfrentar adecuada y oportunamente la volatilidad de los mercados energéticos o crisis como la que ahora ha creado el conflicto entre Rusia y Ucrania. El común de los chilenos sólo sabe de seguridad energética, vagamente, cuando ésta falla (cortes), se decreta racionamiento o en la estación de servicio le restringen la venta (o simplemente no hay). Que los precios aumenten impacta considerablemente su gasto mensual.
Somos un país vulnerable desde el punto de vista energético. De los más vulnerables. No sorprende que estemos clasificados en el nº 37 del World Energy Trillema Index, con una nota mediocre en un ránking encabezado por Suecia, Suiza y Dinamarca. Los indicadores invocados allí son tres: seguridad (de suministro), sustentabilidad y acceso. El mejor país latinoamericano es Brasil (lugar nº 26), y el más cercano es Colombia (nº 36). En cada uno de los criterios mencionados en ese ránking Chile palidece, pero en el tema seguridad (de suministro) las debilidades son alarmantes. Veamos.
El modesto índice de independencia energética publicado por el Ministerio de Energía es más crudo aún, tanto por lo que expresa o —peor— por lo que no dice ni menos registra. De acuerdo a éste, al 2020 Chile cubría sólo el 30% de sus necesidades energéticas con recursos energéticos propios. Ese porcentaje incluye la electricidad generada por energías renovables, incluyendo centrales hidráulicas y la biomasa (que pese a contar con casi el 20% de la matriz energética primaria se le ignora). Es evidente que esa proporción entregada por las hidráulicas, ahora y mañana se verá severamente restringida con impacto no sólo en el suministro sino también en las tarifas.
Un resumido análisis permite afirmar que Chile carece de fondos de reserva físicos significativos (crudo, carbón o derivados), y que las experiencias con seguros financieros por no cumplimiento de contratos de suministro crudo o gas sirven poco en momentos de paz (y su eficacia o reconocimiento es casi nulo en momentos como los actuales). No se conoce de instrumentos (activos o seguros) en el ámbito privado; no obstante, en tiempos convulsos no solo las fuentes de suministro son las primeras amenazadas, sino que ello además alcanza a sus líneas de transporte y logística. Por lo demás, es común en tiempos convulsos privilegiar a socios energéticos comerciales y, más aún, militares, como es el caso de la OTAN.
Las medidas tomadas por Alemania en estos últimos días son ricas en lecciones y bofetadas para los responsables de políticas energéticas ultraliberales como las nuestras, que solo apuestan a un posible manejo de precios y en donde sobre todo cuenta el interés de las grandes empresas energéticas. Dice el ministro alemán de Economía y Energía, Robert Habeck, que es necesario reducir la dependencia de los combustibles fósiles para reducir emisiones y hacer frente a la gran «crisis estructural» del cambio climático: «La política energética siempre es también geopolítica».
La electrificación de la matriz energética chilena es la apuesta manifiesta de casi todos los sectores (políticos, académicos y profesionales) para el 2030 ó 2050. Menuda tarea si se parte de una matriz en la que sólo el 23% es electricidad. Poco importa que tengamos el Kilowatio/hora más caro del mundo, y que en esa lógica el 80% de la población tenga dificultades de acceso (económico). Que el mercado eléctrico no sólo sea ineficiente sino que además no estimule la competencia ni la aparición de decenas de miles de puntos de generación (como Dinamarca) parece no alarmar. Tampoco se denuncia que ciertos profesionales —políticos pro-nucleares de ayer y hoy asesores de eléctricas, gaseras y de combustibles— confundan su rol con su condición de ex reguladores, e incluso a veces se encarguen de elegir a las mismas empresas energéticas para desarrollar la electromovilidad o el hidrógeno verde.
Esta descripción de connivencia entre empresas, asesores, consultores y reguladores se arrastra en Chile hace décadas. La importancia de las empresas energéticas como cajas financieras y su lugar en la Bolsa de Comercio las ponía a resguardo de todo cambio en las reglas del juego heredadas de la dictadura. Convengamos además que casi ningún gobierno en democracia ha asumido el tema de la independencia energética seriamente. Seriamente, insisto, pues son por todos sabidas las parodias de planificación energética desbordantes de ideas que años más tarde nadie revisaba y ni siquiera aludían, ni en sus formas ni en sus contenidos. Durante décadas, la verdadera motivación de establecer estos simulacros de seguridad y planificación energética ha sido la mantención y profundización de las privatizaciones de las eléctricas y, simultáneamente, la consolidación de marcos regulatorios y reglas del juego que mantienen a los usuarios como rehenes. No deja de ser una señal elocuente de indolencia y sentido de apuesta que en poco más veinte años hayan pasado en Chile ministros —y biministros y hasta un triministro, en un par de casos— a un ritmo de recambio casi anual. Para una política de Estado que debe perdurar es un triste récord.
La seguridad de suministro es responsabilidad del Estado; como demuestra la mejor experiencia en el mundo moderno y de países de la OCDE e IEA (International Energy Agency). En Chile, los privados — grandes firmas eléctricas y energéticas, en general— están evidentemente más preocupados por su caja que, por ejemplo, por el manejo de situaciones críticas desde el punto de vista de la oferta.
En un contexto en el que la seguridad del suministro pareciera estar en manos de las mismas empresas reguladas, las consecuencias pueden ser nefastas. Así, los costos extraordinarios los termina asumiendo el Estado (léase Enap o directamente el Ministerio de Energía) o, peor aún, los usuarios, hogares y pymes, que no poseen otra opción que aceptar los incrementos de precios o tarifas. Para que la ecuación preserve el modelo, la rentabilidad de las empresas eléctricas, de combustibles y gaseras se mantiene incólume o incluso aumenta. Es la historia, el presente y presumiblemente el mañana, si no hacemos algo al respecto. Es una opción pedir la postergación de la salida de centrales a carbón —cuyo cierre ya estaba comprometido por Chile para enfrentar el cambio climático—, tal como hicieron las generadoras. En esas zonas de sacrificio paga el medioambiente y la salud de las personas.
Cierto: la seguridad de suministro —y, en particular, de la energía futura— descansa en pensar en las opciones del mañana, más aún con los desafíos del cambio climático. El hidrógeno verde o la electromovilidad son las más glamorosas de las iniciativas promovidas por las propias eléctricas, pero exigen responder algunas preguntas: ¿sobre qué bases?; ¿serán opciones de las mismas eléctricas y de combustibles y gaseras, pese a ser éstas renuentes a invertir en ciencia, tecnología e innovación?; ¿acaso dejaremos a cargo del cambio a las mismas que controlan sus mercados de manera de perpetuar la concentración y buscan mantener sus rentabilidades siempre crecientes? ¿Bajo qué bases de desarrollo de conocimientos científicos e ingenieriles nacionales se desarrollarán tales industrias?; ¿en función de qué propuestas de desarrollo habrá de estimularse el creciente consumo de energía bajo tales opciones? ¿Las energías renovables, solares y eólicas, seguirán reservadas a quiénes puedan pagarlas, como las mineras?
Son preguntas legítimas y urgentes, insertadas en el corazón de las falencias en seguridad de suministro y de un modelo de desarrollo hasta hoy voraz, dispendioso, ineficiente e injusto, en el que la energía va a la zaga, y además nos distancia de necesarias metas de equidad, acceso, bienestar, cambio climático y seguridad.
* Ingeniero Comercial mención Economía (Universidad de Concepción). Diplôme d’Études Supérieures Specialisées en Évaluation de Projets et Développement Industriel (I-Panthéon-Sorbonne, Francia). Director Ejecutivo de iLeniaSoft SpA y de energíainteligente Ltda.
