El Gobierno provincial remitió a la Legislatura para su aprobación dos acuerdos con empresas que explotarán litio en Fiambalá y Antofagasta de la Sierra. Conforme lo informado por diario El Ancasti (8/3/22), el Gobierno argumenta que estos acuerdos pretenden dar previsibilidad con respecto a los ingresos para la provincia y evitar que algún cambio político modifique las condiciones de la inversión. En rigor, bajo el manto de la seguridad jurídica que las inversiones mineras ya tienen asegurada por Ley, se pretende consolidar un modelo de negocio para la explotación del litio que profundiza el carácter extractivista de la minería instaurado desde la última década del siglo pasado, con limitados beneficios para un desarrollo provincial efectivo. Sin eufemismos, se trata de un modelo de entrega del valioso patrimonio provincial en el que, justo es decirlo, intervinieron hasta aquí gobiernos de distintos signos políticos sin modificar esencialmente la situación.

En los fundamentos de estos acuerdos se dice procurar “obtener beneficios adicionales provenientes de la actividad minera del litio, que redunde en beneficio para la provincia de Catamarca” y que los compromisos para tal propósito abarcan una parte económica (regalías, aporte adicional y Responsabilidad Social y Empresaria) y otra ambiental (referente al uso del agua y realización de actividades en el marco de la normativa vigente). En concreto, la parte económica implica una modificación del régimen de regalías para que las empresas paguen mensualmente un monto “global, único y definitivo” equivalente al 3,5% de la facturación mensual. En cuanto a lo ambiental, no se hace más que prometer cumplir la normativa vigente.

Revestido de las habituales promesas de desarrollo inminente para la provincia y futuro venturoso de sus habitantes, los acuerdos replican el pacto Corpacci-Livent del año 2017, cuyas “bondades” todavía no fueron evaluadas en cuanto a las modificaciones de ingresos económicos. En aquella oportunidad se implementó este aporte mensual global, único y definitivo que fulminó la obligación de abonar el canon de uso de agua por parte de la empresa Minera del Altiplano (FMC, luego Livent) empeñada en incumplir su pago desde el inicio, por no estar incluido en el anexo de impuestos correspondiente al contrato. Esta última omisión se trató de un supuesto “olvido”, avalado por el gobernador Ramón Saadi al firmar a las apuradas el acuerdo original en 1991, en plena efervescencia del caso María Soledad Morales, casualmente antes de la intervención provincial dispuesta por el entonces presidente Carlos S. Menem.

¿Correrá la misma suerte el canon del agua en estos casos? La sola circunstancia de poner en nebulosa el debido pago del agua, un elemento que es esencial en el proceso de extracción del litio y un símbolo de la protesta antiminera, debería ser suficiente para abortar este tipo de acuerdos como el que pretende ahora imponer el gobierno de Raúl Jalil.

Sin embargo, hay otros elementos que indican la inconveniencia de estos arreglos falsamente presentados como una salida positiva para el desarrollo catamarqueño.

Las modificaciones propiciadas por las mineras del litio vienen a demostrar que el mentado tema del techo de regalías (el famoso 3% del valor boca mina que impusieran Menem, Maza y Cavallo, con las leyes mineras de los 90) no es tan rígido como se nos hizo creer, ni tan perjudicial para las ganancias de las mineras, si excedieran ese porcentaje. En este punto debe mencionarse que los márgenes del negocio minero son distintos según el tipo de explotación y el mineral de que se trate. No es lo mismo la extracción de oro, plata y cobre en yacimientos de roca sólida que la extracción de litio desde salares, más aún los de la zona de la Puna que presentan los menores costos de producción respecto de cualquier yacimiento en el mundo. En consecuencia, es válido para la provincia dueña del recurso analizar el negocio en profundidad y buscar un sano equilibrio entre las ganancias de las empresas y los beneficios a que aspira para un verdadero impulso del desarrollo provincial.

Las autoridades que representan al pueblo de la provincia habrán de tener en cuenta que el contrato original de 1991 celebrado entre el gobernador Ramón Saadi, Minera del Altiplano (FMC) y Fabricaciones Militares tenía previsto en concepto de regalía un monto variable en función de los volúmenes de producción del carbonato de litio con un rango de entre 3% al 8,4% de las ventas netas. Hoy se presenta como positivo el monto “global, único y definitivo” de 3,5% de las ventas, abarcando los conceptos de regalías, aportes adicionales y responsabilidad social empresaria. Es decir, un monto apenas superior al piso de 1991 correspondiente a una producción menor a 12.000 tn de carbonato de litio (los actuales proyectos prevén una producción de 20.000 tn de carbonato de litio y por lo tanto deberían situarse en torno al techo de 8,4%). Sin entrar en consideraciones más específicas relativas al mercado del litio (un mercado con poca información, dominado por unas pocas grandes productoras vinculadas con sus clientes como parte de un mismo entramado empresario y que obtienen en los salares andinos una ganancia extraordinaria por los menores costos de producción, mientras que los precios se vieron incrementados considerablemente en la etapa conocida como segundo “boom” del litio desde la década pasada), los simples números expuestos demuestran que los acuerdos no son tan beneficiosos como se los quiere presentar.

También habrá de considerarse que la provincia de Jujuy tiene para el negocio del litio un modelo distinto, según el cual hace participar a la empresa estatal JEMSE (similar a CAMYEN) con un 8,5% en las ganancias del proyecto en el salar de Olarozque explotan Orocobre y Toyota Tsushuo. Esto le permite apropiarse de una renta superior al 3% de regalías. En Catamarca, CAMYEN, creada con el propósito de asociarse a los emprendimientos mineros, no tiene participación en el litio, mostrándose como una dependiente crónica del presupuesto provincial.

Además debe evaluarse el mecanismo de fideicomiso al que irían destinados los fondos, promovido como la panacea para garantizar el desarrollo provincial. Recientemente quedó en duda su real eficacia cuando para realizar dos obras de puentes, debió recurrirse a los fondos del presupuesto público para financiar algo que debía solventarse con los recursos mineros. De tal manera cabe observar que: o bien estos fondos siguen siendo escasos, o el fideicomiso no está funcionando como debería, algo que el Gobierno no aclaró.

Entre estas cuestiones, llama la atención que los acuerdos son puntillosos en cuanto a garantizar la estabilidad de lo que deben abonar las empresas, pero no se procura avanzar en la industrialización del mineral, con el aporte de mayor valor agregado, lo que es un expreso mandato de la Constitución Provincial. Tampoco se exigen avances tecnológicos que mejoren los procesos de extracción. De tal manera, los proyectos de litio en Catamarca no pasan de la elaboración de compuestos básicos sin mejoras tecnológicas para una protección eficaz del ambiente frágil donde se desarrollan.

Al menos estos puntos deberían servir a los legisladores que tratarán el proyecto para estar atentos a las supuestas ventajas de los acuerdos y profundizar la información que evalúe el desempeño de los proyectos de litio, a la luz de una experiencia que por más de 30 años no se mostró como un motor del desarrollo, no ya provincial, sino de las pequeñas localidades anexas al Salar del Hombre Muerto, nuestro principal yacimiento.

Especialmente, los legisladores provenientes de la Unión Cívica Radical deben tener en cuenta los principios liminares partidarios que promueven la defensa del patrimonio estratégico para el progreso de la Nación, que hace un siglo estaba referido al petróleo y que luego se aplicó a otros recursos mineros, entre ellos el litio. Esperamos que el conjunto de legisladores de Cambiemos también respete estos lineamientos que son básicos para la principal fuerza de la oposición local. Estaremos atentos al cumplimiento de estos preceptos y a que obren en favor del pueblo catamarqueño, por encima de cualquier otro interés del que deben desprenderse.