MARÍA MÓNICA MONSALVE

La invasión de Rusia a Ucrania ha vuelto a poner sobre el radar el peso que los planes energéticos tienen en el cambio climático. Alrededor del 70% del gas de Rusia, uno de los principales productores del mundo, es exportado a Europa.

Con la guerra y las sanciones para reducir las importaciones de Rusia, varios países han tenido que hacerse la misma pregunta, ¿volver al carbón para compensar la escasez del gas o apostarle más a las energías renovables? Las respuestas han sido variadas.

En Colombia, donde el gas se produce y consume a nivel nacional, el gobierno nacional considera al combustible como una energía de transición, es decir un recurso que hay que explotar mientras se logra una matriz 100% renovable. A pesar de su bajo peso en la matriz energética – para el 2019 el gas natural representaba el 15% de la oferta- el Plan Energético Nacional 2020-2050 lo resalta. 

Esta idea no es nueva, ni necesariamente colombiana. El gas natural emite entre un 50% y 60% menos de dióxido de carbono (CO2) que el carbón. Además, al usarlo en vehículos solo genera el 1% del material particulado que otros combustibles. Esto, en países donde la energía está altamente basada en el carbón, le dio la “fama” de ser una energía más limpia y, por eso, útil para la transición.

Pero el gas también emite metano, que es hasta 80 veces más potente que el CO2 a la hora de generar calentamiento en la atmósfera. Por eso, para algunos expertos que Colombia herede el discurso del gas como energía de transición puede ser una trampa.

Primero, como lo señala Felipe Corral, quien investiga la transición energética en la Universidad Técnica de Berlín, porque toda la evidencia apunta a que, si queremos cumplir con la meta de no aumentar la temperatura global por encima de 1.5°C para finales de siglo, debemos dejar a los combustibles fósiles quietos, en la tierra.

De hecho, hace un año la revista Nature publicó un estudio en el que estimó que para tener el 50% de probabilidad de cumplir con ese objetivo, el 60% del petróleo y el gas metano fósil del mundo deberá permanecer sin extraerse para 2050.

¿UN BLOQUEO  O UN RESPALDO?
La segunda razón por la que se trata de un discurso peligroso, agrega Patricio Calles Almeida, investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo, es que proponer al gas como energético de transición bloquea poder apostarles a otras alternativas, ya que ambas entran a competir por los mismos recursos.

Además, ¿por qué hablar del gas cómo una energía de transición cuando, según el Ministerio de Minas, las reservas actuales en Colombia solo dan para 7.7 años más?

La respuesta, en parte, la da Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), que reúne a 29 compañías que representan el 98% del mercado de gas natural de Colombia.

Según su punto de vista, el gas no solo debería acompañar la transición hasta que la energía sea renovable, sino, incluso, permanecer como respaldo cuando se llegue a este punto para garantizar la confiabilidad en el sistema. 

¿Cómo lograrlo? Colombia tendría que recurrir a potenciales reservas de gas que incluirían proyectos costa afuera (off shore) en el Mar Caribe, de hasta 30 tera pies cúbicos (TPC); el fracking, de hasta 24 TPC, y algunas exploraciones continentales sobre todo en Córdoba y Sucre, de hasta 6 TPC.

Para entenderlo mejor, Murgas explica que eso permitiría que Colombia tuviera gas hasta por 100 años. Pero para ese entonces, también, se supone que el país deberá ser carbono neutro, sin contar con los dilemas socioambientales que puede implicar desarrollar estos proyectos.

Frente al fracking - sobre lo cual Murgas señala que igualmente no se tomará ninguna decisión hasta que se tenga información de los proyectos piloto – las preocupaciones de la comunidad han sido evidentes.

Amarilys Llanos, de la Alianza libre de fracking César, departamento en el que no solo se haría un proyecto piloto, sino en el que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) le otorgó un contrato a ConocoPhillips para desarrollar esta técnica, recuerda que los inquieta el impacto que podrían tener estos proyectos en el agua. “Además, pueden darse emisiones de metano por fugas, cuya huella puede ser mayor por su potencia calorífica”, comenta.

En cuanto a los proyectos off shore, Calles, del Instituto Ambiental de Estocolmo, ve un problema y un riesgo. El problema, es que entren a competir con el potencial que tienen las renovables en la misma región Caribe. “Sería darle incentivos fiscales al gas y no usarlos para energías más limpias y baratas”. El riesgo, es que como estos proyectos se realizarían en el mar, en territorio de nadie, no tendrían una licencia social que los vigile.

Pero Murgas comenta que, desde Naturgas, por lo menos, el plan es que estos conflictos no se repliquen con la ampliación del gas durante la transición. Además de pensar en inversiones en territorio, la Asociación firmó un acuerdo de carbono neutralidad con el gobierno durante la COP26 para reducir las emisiones o compensarlas.

“Hay proyectos de eficiencia energética, economía circular y muchos están entrando al tema de los bonos de carbono”, agrega. Aunque aclara que para el tema de captura y almacenamiento de carbono se trata de tecnologías que tocaría traer a Colombia.

UNA BARAJA DE INTENTOS PARA IMPULSAR EL GAS EN COLOMBIA
Cada vez que el gobierno de Iván Duque habla de la transición energética en Colombia, el gas aparece como una energía que debe existir para generar el puente entre otros combustibles fósiles y las renovables. Pero no manteniendo lo que hay, sino buscando aumentar su demanda. 

“Hay varios intentos para que terminemos por necesitar el gas. Esto lo que genera es que se invierta infraestructura para su producción y distribución y que, cuando no tengamos más gas, porque las actuales reservas son escasas, exista una excusa para hacer fracking. Además de bloquear otras alternativas”, es como lo ve José Antonio Vega, también investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo. 

Desde la misma ley de transición energética (Ley 2099 del año 2021), en su primer artículo y objetivo, se habla de “dictar normas para el fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible”, en el que también entra el gas licuado de petróleo (GLP). Pero también está la ley 2128 del mismo año que promueve utilizar el gas combustible en Colombia. Para Vega, sobre todo desde el punto de vista del cambio climático, el documento tiene varias incoherencias.

Una de estas – aunque no la única- es que determina que las ciudades con sistemas de transporte masivo deben garantizar que por lo menos el 30% de la flota opere con motores de gas combustibles. Lo que podría desincentivar a los gobiernos locales a apostarle a la movilidad eléctrica o entrar en contravía con planes de transporte público eléctrico como el que ya tiene la ciudad de Bogotá.

“También está la Hoja de Ruta de Hidrogeno en Colombia”, comenta Vega. Por medio de este plan el gobierno de Duque plantea producir hidrogeno azul (cuyo insumo puede ser el gas), para, supuestamente, abrirle camino al hidrogeno verde (una energía más limpia, ya que solo usa agua). Además, un reciente documento del CONPES, un organismo asesor del gobierno, sobre la transición energética, vuelve a repetir el mismo discurso: el de ampliar la demanda del gas como combustible de transición.

¿UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA QUIÉNES?
Otro de los temores que tiene Llanos si se llega a dar vía libre para el fracking con el gas natural, es que en su territorio se repita la historia del carbón: municipios productores de la energía en los que, incluso, no se garantiza ese servicio.

Sus palabras están en línea con las conclusiones a las que llegó un artículo publicado en la revista Energy Policy titulado “Planeación energética en Colombia – ni para la energía, ni para Colombia”. 

Tras analizar los últimos 40 años de planeación energética en el país, los investigadores resaltan la dificultad del gobierno para integrar las relaciones entre energía, medio ambiente y sociedad. La prioridad siempre había sido pensar la energía para su exportación y fuente de ingreso económico.

Pero, aunque la reflexión se está dando en el papel, falla en la práctica, ya que “ha llevado a incrementar la demanda local a través de la legalización de los usuarios y no a ampliar la redes para áreas aisladas y sin desarrollo económico”.

La situación es clara para Llanos. “En Colombia el mayor consumidor de gas es la industria de combustibles fósiles”, aclara. “Entonces no suena lógico que estemos aumentando la demanda del gas por ser ´más limpio´, pero para seguir usándolo en producir otros combustibles fósiles”.