El mismo día que se aprobaba la nacionalización de empresas mineras de litio, cobre y oro, fue rechazada en la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional la Iniciativa Popular de Norma “Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático”, impulsada por la Red Compromiso Minero y que logró más de 24.000 apoyos populares.

La Comisión de Medio Ambiente descartó la iniciativa por 6 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Esta IPN fue desarrollada en su conjunto por Compromiso Minero, red que cuenta con más de 90 adherentes del ecosistema minero entre los que se encuentran universidades, colaboradores, proveedores, agrupaciones de profesionales, ONG’s, emprendedores, startups, asociaciones, gremios, y empresas de la pequeña, mediana y gran minería.

La propuesta fue presentada por Joel Carrizo, presidente de la Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla, y Alejandro Canut de Bon, abogado, quien además es profesor y autor de textos en materia de minería y sustentabilidad.

“Lamentamos profundamente que esta iniciativa que abogaba por una minería sustentable, comprometida con una mejor distribución de lo que genera la minería en los territorios, el medio ambiente y consciente de los desafíos y deberes que implica el cambio climático, haya sido rechazada. Esta fue una de las Iniciativas Populares de Norma que contó con mayor apoyo ciudadano, y surgió del consenso de diferentes visiones de los adherentes de la Red Compromiso Minero, especialmente en regiones”, enfatizó Joel Carrizo.

Por su parte, el abogado Alejandro Canut de Bon también lamentó el rechazo de la IPN e indicó que “es importante que la Nueva Constitución contenga normas que garanticen debidamente los intereses del Estado respecto de los minerales, como aquellas referidas a la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión. Por otro lado, que contenga disposiciones que establezcan los derechos y obligaciones de quienes desempeñan actividades mineras, como que las concesiones de exploración y explotación se constituirán y extinguirán por resolución judicial. Y finalmente que a las normas expuestas se agreguen otras sobre protección medioambiental y desarrollo social, con miras a la sustentabilidad del sector”.

María Isabel González, vicepresidenta del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, también manifestó su rechazo al resultado de la votación de esta iniciativa. “Al negar toda posibilidad de que la iniciativa avance en el proceso constituyente, sin siquiera llegar al Pleno o someterse al conocimiento y deliberación del total de los constituyentes, no se está tomando en cuenta a una parte importante de la población -más de 24 mil chilenos y chilenas que firmaron la iniciativa- y tampoco a las instituciones que la respaldaron. Nos preocupa especialmente que no se consideren los aspectos técnicos, de expertos cuya única preocupación es que en nuestro país se pueda desarrollar una Minería Sustentable”, enfatizó González.

 “Apelamos a la voluntad de los constituyentes y les pedimos que escuchen a las chilenas y chilenos, sobre todo a las voces de las regiones mineras de nuestro país. Es primordial para asegurar el desarrollo sustentable de nuestra zona que se incorporen algunas de las propuestas de nuestra IPN mediante indicaciones para que sean consideradas en el Pleno de la Convención. Creemos firmemente que la minería requiere de una regulación estable, segura y específica, teniendo en cuenta que esta actividad constituye el principal sustento de las regiones del norte del país”, dijo Fernando Cortez, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, organización que forma parte de Compromiso Minero.

Por su parte, Paola Huenumán, presidenta de la Red de Ingenieras de Minas de Chile, fundación que también forma parte de Compromiso Minero, dijo que “el buen desempeño que ha tenido la minería en Chile se explica por la existencia de un sistema mixto, que combina armónicamente la minería pública con la privada, tanto nacional como extranjera; así como la pequeña, mediana y gran minería. Para nosotras la decisión de los constituyentes implica desconocer lo que necesita el país. Garantizar al rubro la certeza de sus derechos, así como la exigibilidad de sus obligaciones, resulta clave para que este sector siga aportando a la economía, y así se pueda cumplir con los derechos sociales que requiere la ciudadanía”.

INICIATIVA DE COMPROMISO MINERO
Esta norma busca que la minería siga avanzando en el camino de la sustentabilidad, comprendiendo y fortaleciendo el enorme encadenamiento productivo que esta actividad genera. También promueve que el país siga siendo líder mundial en minería, para así seguir aportando al mundo los minerales necesarios para combatir el cambio climático, con altos estándares ambientales y uso eficiente de los recursos. La propuesta también hace hincapié en que la minería chilena siga generando oportunidades de desarrollo laboral y empleos de la más alta calidad y seguridad; incorporando gran cantidad de mujeres en cargos de liderazgos.

Junto con lo anterior, esta IPN busca que la nueva Constitución asegure normas estables y justas para el sector, unas que además le den certeza a la ciudadanía, para así seguir creciendo y aportando al país de todas y todos.

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