El mercado se levanta en armas contra los planes de Naturgy. Los principales asesores de voto del planeta recomiendan a los inversores minoristas de la gasista española que se opongan frontalmente a las medidas en Gobierno corporativo que lleva Naturgy a su junta de accionistas.

En concreto, rechazan la política de remuneración a sus directivos –que incluye el bonus del presidente Francisco Reynés y otros directivos–, así como la nueva composición del consejo de administración, con la entrada de un representante en nombre de IFM y otro más para Criteria, en sustitución de dos independientes.

Naturgy afronta en este año una etapa decisiva para su futuro. La compañía ha alcanzado la paz entre sus accionistas, tras la irrupción en el capital del fondo australiano IFM, con un 12%, en una opa parcial que terminó por quedarse a medio gas.

La gasista ha comunicado al mercado su plan estratégico, que comprende una inversión de 14.000 millones, con un potente foco en la transformación energética. Y trabaja en su división en dos compañías: una que englobe sus activos regulados y otra con los no regulados.

Pero antes, la compañía debe contar con el beneplácito de la junta de accionistas a la solución salomónica para cerrar el conflicto entre IFM y su primer accionista, Criteria. Ha dado entrada al primero en el consejo, con un puesto para su responsable en España, Jaime Siles.

Y debe validar la transformación de Ramón Adell de independiente a dominical, en representación de Criteria, que hace valer su 26,7% para obtener dos consejeros. A cambio la compañía pierde dos independientes.

El mercado parece decidido a levantarse en armas contra este plan. El mayor asesor de voto del planeta, el proxy advisor ISS, ha emitido un contundente informe en el que pide el voto negativo para cinco de los 14 puntos en el orden del día.

El asesor de voto español Corporance también rechaza 8 puntos. El guante ya ha sido recogido por algunos grandes fondos presentes en el capital de Naturgy. El fondo público de Florida y el de los profesores jubilados de California ya han comunicado que se opondrán a los puntos relativos al buen Gobierno de la gasista.

El poder de estos minoritarios y de los asesores de voto, sin embargo, es limitado en Naturgy, dado que cuatro accionistas (Criteria, IFM, CVC y GIP) controlan el 78% del capital y se garantizan que la junta no rechace sus planes. La compañía limita la influencia de estos proxy a entre el 4% y el 6% del capital.

Uno de los puntos que despierta el recelo de todos ellos es la aprobación de la política de remuneración a los directivos y de los planes de incentivos a largo plazo. Estos incluyen la extensión del periodo de cómputo para cobrar el bonus de Reynés y otros directivos, que pasará de vencer en 2023 a hacerlo en 2025, para hacerlo coincidir con el nuevo plan estratégico.

El otro punto controvertido es precisamente el nombramiento de los representantes de IFM y Criteria, así como la ratificación de Enrique Alcántara como independiente.

"Los intereses de los minoritarios quedan aún más desprotegidos en el nuevo consejo, con un nivel de independencia del 25% –nuestro mínimo es el 50% y el de la CNMV 33% en estos casos–, al aumentar los dominicales a costa de los independientes tras el reparto de poder entre los grandes accionistas. El incentivo a largo plazo amplía el plazo de 2023 hasta 2025, pero adelanta el cobro de más de tres millones para el presidente ejecutivo, con escasa transparencia sobre razones y condiciones", explica Juan Prieto, director general del proxy advisor español Corporance.

"Cabe señalar que todas las decisiones y políticas relacionadas con el gobierno corporativo y de gestión de la compañía han sido aprobadas por unanimidad por el consejo de administración, así como en las comisiones pertinentes, cumpliendo la normativa al respecto", indican desde Naturgy.