JON MARTÍN CULLELL

El “no es oro todo lo que reluce” describe bien la situación actual de la minería mexicana. Con la pandemia, los precios de los metales subieron como la espuma y la producción alcanzó valores récord.

Sin embargo, las cifras esconden un panorama más complejo: la inversión en nuevos proyectos ha caído y la incertidumbre ha aumentado. Una decisión reciente de la Suprema Corte ha dado otra vuelta de tuerca.

La suspensión de dos concesiones mineras por falta de consulta previa ha sentado un precedente histórico para los derechos, muchas veces ignorados, de las comunidades indígenas. Para la minería, en cambio, la sentencia abre una caja de pandora que amenaza el futuro de sus proyectos.

México está entre los 10 mayores productores a escala mundial de 17 minerales. Tiene el primer puesto en plata y el octavo en oro, el mineral al que huyen los capitales en tiempos de turbulencias, como la crisis del coronavirus o el conflicto entre Rusia y Ucrania.

En 2020, el aumento de los precios elevó el valor de la producción un 23% respecto a 2019. Desde entonces los precios se han estabilizado, pero la inversión ha subido. La Cámara Minera prevé unos 5.000 millones de dólares para 2021, frente a los 3.532 millones de 2020.

Pese al repunte, la inversión es menor a la previamente estimada por la Cámara y se mantiene por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia. Si se toman los tres primeros años del sexenio, los flujos desde el exterior alcanzan 3.784 millones de dólares, la mitad de las entradas que en el mismo periodo de las Administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

El gasto en exploración, que da una idea de la confianza en el potencial del sector, ha caído un 60% en los últimos cinco años, según la Cámara.

La encuesta anual de empresas mineras realizada por el Instituto Fraser, un centro de análisis canadiense, muestra un deslizamiento del país en el ránking de atractivo inversor. En una década, el país ha perdido 22 posiciones a escala mundial hasta colocarse en el lugar 42. En América Latina, se ubica en séptimo lugar, por detrás de países como Perú, Brasil o Argentina.

La pérdida de apetito ya se siente en Chihuahua, el tercer Estado mexicano con mayor producción. El Cluster Minero de la entidad reúne 13 minas en operación y cuatro proyectos pendientes de arrancar. El presidente de la asociación, Pablo Méndez-Alvídrez, afirma que la inversión en exploración “se ha reducido mucho”.

“Quisiéramos tener más proyectos en desarrollo. Si no hay exploración, no hay minería”, afirma. Méndez-Alvídrez calcula que más de la mitad de las minas en operación asociadas al Cluster se agotarán de aquí a 2030.

El sector atribuye la falta de nuevos proyectos, entre otras cosas, a la carga fiscal, la más alta de los países latinoamericanos de acuerdo a la Cámara minera, y a algunos cambios normativos impulsados por el gobierno.

“Lo que genera más incertidumbre es una serie de iniciativas que inhiben la inversión y nos impide ser competitivos”, afirma José Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara. La propuesta de reforma constitucional en materia energética, alerta, aumentará el costo de la energía, que llega a representar el 50% de los gastos de la operación minera. “Nos sacaría completamente de la competitividad”, señala Gutiérrez.

Como parte de la reforma, el Gobierno ha propuesto además la nacionalización del litio, un mineral en auge por su utilización en baterías eléctricas. La Cámara minera no ha recibido bien esa propuesta y considera que el Estado no tiene capacidad por sí solo para explotar este recurso.

Aunque en su momento el Ejecutivo afirmó que respetaría las concesiones ya otorgadas, incluida la de la china Gangfeng, dueña del mayor yacimiento descubierto hasta la fecha, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a principios de este mes que “ninguna corporación privada nacional ni internacional podrá sacar este recurso del subsuelo”. La declaración parece dejar en suspenso incluso las concesiones vigentes.

La industria carga todavía con la mala fama creada a raíz del derrame de residuos tóxicos en el Río Sonora por parte del Grupo México en 2014. Las comunidades afectadas denuncian que, siete años después del desastre, el daño no ha sido completamente reparado. En aras de la protección al medioambiente, López Obrador decidió al inicio del sexenio no otorgar nuevas autorizaciones.

Actualmente, el 8,6% del país está concesionado. Equivale aproximadamente a la superficie de Costa Rica y Guatemala juntas. Aunque la vasta extensión de territorio abierto a proyectos mineros asegura un margen de crecimiento, la decisión erige un tope a largo plazo.

Mientras la puerta está cerrada a nuevas concesiones, las ya existentes se enfrentan a un desafío judicial. La Suprema Corte suspendió la semana pasada dos concesiones a Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, porque el gobierno no consultó previamente a las comunidades indígenas afectadas, tal como reclamaba el pueblo de Tecoltemi, en el Estado de Puebla. Es una decisión inédita que reafirma los derechos de los pueblos indígenas a su territorio.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado por México reconoce el derecho a una consulta previa. Sin embargo, la ley del sector no lo menciona, lo que ha llevado a confusiones y a abusos por parte de las empresas mineras, afirma Itzel Silva, la abogada de Tecoltemi.

“El incumplimiento de la obligación de consulta ha sido un patrón. Aunque no estuviera escrita en la ley, tendría que haberse cumplido porque hay normas de rango superior que lo establecen”, afirma.

El precedente de Tecoltemi ha provocado escalofríos en la industria, ya que abre la puerta a nuevas demandas de parte de comunidades indígenas que no hayan sido consultadas previamente.

“Ningún proyecto ha sido sometido a una consulta previa. El riesgo de incertidumbre que introduce este fallo es gigantesco”, dice el vicepresidente de Minera Gorrión, Daniel Santamaría. En los últimos 20 años, la empresa ha invertido unos 40 millones de dólares en trabajos de prospección y exploración.

La empresa está ahora a la espera de que se publique la decisión final para saber los próximos pasos. El proyecto de sentencia ordenaba al gobierno a emitir de nuevo los permisos haciendo una consulta previa.

Los plazos están rodeados de incógnitas. “Toca que nos digan cómo quieren hacer la consulta, qué institución la va a hacer”, señala Santamaría. “Eso es lo que no sabemos, esperamos la respuesta”.