GUSTAVO LAGOS *

La creencia en Chile de que la nacionalización de 1971 fue sin compensación contradice lo que ocurrió en la realidad, pues el país pagó esta mediante negociaciones individuales con cada compañía nacionalizada. Aquí me refiero a los costos y no a los beneficios de la nacionalización de 1971.

Ello es relevante, dado el acuerdo de enero 2022 de la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional sobre la nacionalización de la minería, que establece métodos de pago que distan de los acuerdos internacionales vigentes. La propuesta de 2022 va mucho más allá de lo ocurrido en 1971, pues incluye, además, el litio, el oro, la plata, los combustibles fósiles, el uranio, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el boro, las tierras raras, las arenas metalíferas, las covaderas y los salares, todos los que pasan a tener carácter estratégico en la Constitución.

Según el articulado, todos estos bienes serán nacionalizados (expropiados), y las concesiones de explotación y exploración que tengan los titulares cesarán al momento de la nacionalización. La indemnización que pagará el Estado se determinará sobre la base del costo original de los bienes, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y obsolescencia. Podrá deducirse toda o parte de las rentabilidades excesivas que hubieran obtenido las empresas nacionalizadas. El plazo para pagar dichas indemnizaciones será máximo 20 años. El texto se contradice más adelante, ya que señala que el monto de la indemnización será el valor libros determinado al 31 de diciembre 2021, y que el Estado tendrá un plazo de 30 años para pagarla.

Los dos métodos propuestos para valorizar y pagar las indemnizaciones son distintos a los acuerdos internacionales vigentes, los que establecen como referencia el valor comercial, basado en el precio de las acciones de las compañías. Este valor es típicamente superior, pero también puede ser inferior en ocasiones, al valor libros. Y, segundo, porque no hay metodologías internacionales establecidas ni menos acordadas, para estimar las utilidades excesivas, como ya quedó demostrado en la nacionalización de 1971.

El ejemplo más reciente de nacionalización de minas en el mundo ocurrió en 2017 y 2018, cuando el gobierno de Indonesia, tras tres años y medio de negociaciones y mediante una de sus compañías estatales, pagó 3.850 millones de dólares a Freeport McMoran y a Rio Tinto para adquirir el 51% de las acciones de la mina Grasberg, una de las más competitivas del mundo (Nikkei Asian Review, 2018).

En 1971 la mina Andina estaba en construcción, y el gobierno de Allende acordó la indemnización con Cerro Corporation, su propietaria, estableciendo que esta asesoraría al país en el proceso de puesta en marcha de dicho yacimiento (Tesis de Magíster UC, P. Rivadeneira, 2013). En el caso de El Teniente, propiedad de Kennecott Corporation, se llegó a un acuerdo de pago de todas las obligaciones que tenía con dicha empresa (Novoa, 1974). En ambos casos, Andina y Teniente, no hubo juicios internacionales.

En el caso de Chuquicamata y Potrerillos/Salvador, el gobierno de Allende no llegó a acuerdo con Anaconda, por lo que desde 1972 Chile enfrentó diversos juicios internacionales, ya que el país no le pagó la deuda contraída durante el proceso de chilenización, del gobierno de Frei Montalva, y tampoco pagó las inversiones y compromisos que la compañía había efectuado desde 1965 en adelante. Ello llevó al embargo de diversos bienes nacionales en el extranjero desde 1973, lo que obligó al gobierno militar a llegar a un acuerdo de indemnización en 1975, por un valor de 250 millones de dólares de esa época (cerca de 1.378 millones de dólares de 2020).

Además de los costos de indemnización, Chile tuvo otros costos, que no fueron estimados, tales como el embargo de bienes en el exterior, el cierre de acceso al crédito internacional, la imposibilidad de obtener repuestos, maquinarias e insumos, y la emigración de expertos extranjeros (Meller, 1998).

En suma, entre 1971 y 1975 quedó demostrado que una expropiación con indemnización no acordada es ahora, así como antes, más caro para Chile que una expropiación negociada.

Por último, el valor comercial de las minas es mucho mayor en épocas de precios del cobre altos, como los actuales, por lo que si se llegara a nacionalizar, resulta más conveniente económicamente para el país hacerlo en tiempos de precios bajos.

* Profesor UC