FABIÁN MEDINA SÁNCHEZ

La Fiscalía del régimen de Daniel Ortega presentó como pruebas publicaciones de redes sociales sin demostrar que las cuentas pertenecieran al acusado ni cómo pudieron causar la “alarma, temor y zozobra entre la población” que le achacan.

“Estar preso es triste. Estar preso y sin saber por qué. Soy campesino, si me pregunta por el arado yo se lo digo, en la cuestión política soy inocente, la tecnología me come, no sé grabar ni un número de teléfono. Sólo tengo quinto grado aprobado, apenas sé leer y escribir, y mi intención sólo es el trabajo y la agricultura”.

Estas fueron las últimas palabras de Santos Camilo Bellorín, poco antes de que el juez Erick Ramón Laguna Averruz, del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Estelí, lo declarara culpable por el delito de “propagación de noticias falsas”, según la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en octubre de 2020.

El juez Erick Laguna Averruz es reconocido por dos fallos “disparatados”: benefició con penas mínimas y posterior liberación a los autores de la “Masacre de El Carrizo”, donde un grupo de militantes sandinistas en estado de ebriedad asesinaron a varios miembros de una familia opositora el 8 de noviembre de 2011, y liberó a otro militante sandinista, Abner Pineda, quien mató de un balazo a Jorge Luis Rugama Rizo, el 19 de julio de 2020, después que la víctima gritara: “¡Viva Nicaragua libre!

Santos Camilo Bellorín

El juicio contra Bellorín, de 56 años, se realizó el pasado 10 de febrero y este martes fue leída su condena: 11 años de prisión. Para su familia la acusación fue una absurda sorpresa. Según Francisco Bellorín, hermano del condenado, “Santos ni conoce las computadoras” y solo manejaba un teléfono celular básico, no inteligente y sin conexión a internet.

Hasta el 6 de noviembre del año pasado, Santos Camilo Bellorín llevaba una vida dedicada al cultivo de maíz, frijoles y café en la comunidad de Guasuyuca, Pueblo Nuevo, a 200 kilómetros al norte de Managua. Ese día fue detenido por primera vez en medio de una redada que el régimen organizó en vísperas de las elecciones generales, celebradas el domingo 7 de noviembre.

El campesino, según vecinos de la comunidad Guasuyuca, es considerado opositor al régimen de Ortega porque tiene afinidad con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

El 9 de noviembre fue liberado. Dos días después fue apresado nuevamente y esta vez acusado de como autor ciberdelitos en contra del Estado de Nicaragua.

En la acusación, el Ministerio Público señala a Santos Camilo Bellorín de provocar “alarma, temor y zozobra” entre la población a través del uso de las redes sociales. Le atribuye además destrezas “en sistemas informáticos, tecnologías de la información y comunicación en el ciberespacio, redes sociales tales como Facebook y Twitter a los que accedía a través de un dispositivo móvil o desde una de las aplicaciones a través de su cuenta personal en Twitter registrada con el perfil a nombre Santos Bellorín @Santos51″.

El perfil aludido fue creado en abril de 2009, está a nombre de Anisio Santos, tiene solo cinco seguidores y ni solo un tuit publicado.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía están media docena de publicaciones de Twitter y Facebook y un supuesto retuit que Bellorín habría hecho del ciudadano Alexis Peralta Espinoza, condenado también por el mismo delito.