La audiencia no es vinculante, con lo cual no se definirá el aumento
La audiencia pública para determinar las tarifas de la energía eléctrica culminó tras dos jornadas de presentaciones, en las que el Estado nacional planteó una actualización en las distintas etapas del transporte y la distribución de electricidad para que se reflejen en un incremento de entre el 17% y el 20% en lo que paga el usuario final.
En la primera jornada, la Secretaría de Energía planteó ajustes de "entre el 17% y el 20%" en la tarifa establecida en la factura de los usuarios, en tanto los representantes de Edenor y Edesur expusieron una necesidad adicional de recursos de $ 100.000 millones para continuar operando en 2022.
Mientras que la segunda jornada contó con la participación de representantes de entidades, cámaras y asociaciones que agrupan a trabajadores, empresarios y la industria, y también expusieron expertos en la materia, asociaciones civiles y personas usuarias en general.
El director nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, Marcelo Positino, planteó "la fijación de precios se defina de forma tal cuyo impacto final en las facturas de los usuarios oscile entre el 17% y el 20%".
Positino señaló en su exposición que en 2021, en un contexto de crecimiento de la demanda y la generación, hubo una emergencia hídrica caracterizada por la bajante más aguda del caudal del río Paraná en 77 años.
En consecuencia, la generación de energía hidroeléctrica cayó 17,1% y debió recurrirse a una mayor generación térmica (con un mayor consumo de combustibles, que en el caso del gasoil creció un 137%) y, en menor medida, por energías renovables.
"Por estas circunstancias se prevé que los costos aumenten en 2022 respecto de 2021", advirtió el funcionario.
Asimismo, puntualizó que si los subsidios a la energía eléctrica aumentaron en 2021 fue "principalmente por los costos de generación, debido a la devaluación y el precio de los combustibles", que representaron un valor adicional de $ 394.326 millones.
En ese sentido, indicó que para afrontar esos mayores costos "las 17 distribuidoras más grandes del país aumentaron en 2021 sus tarifas en un promedio del 23%".
Positino aseguró que si en febrero de 2021 se hubiera otorgado un incremento del 40% en la tarifa final de los usuarios "los subsidios habrían disminuido un 16%".
Positino detalló que los costos de generación eléctrica aumentaron 71% en 2021 con respecto al año anterior, lo que equivale a $394.326 millones, y advirtió que se espera que sigan subiendo este 2022.
En concreto, indicó que el año pasado, la crisis hídrica y las menores entregas de gas de Bolivia repercutieron en una mayor demanda de generación térmica, que requiere combustibles para funcionar. Al mismo tiempo, el precio de gas en dólares subió 45%, mientras que el del gas natural licuado (GNL), un 112%, y el del gasoil, 45%.
EL MOMENTO DE EDESUR Y EDENOR
En representación de Edesur, Jorge Lemos indicó que la empresa solicita $ 43.236 millones para continuar con la operación en 2022, en tanto Federico Méndez, en nombre de Edenor, fijó ese monto en $ 56.800 millones, lo que hace un total entre las dos compañías de $ 100.036 millones.
El financiamiento de esos recursos adicionales puede hacerse, indicaron, a través de tres vías: aumento de tarifas, subsidios del Estado o bien una combinación de ambas variables.
"Cuál adoptar es una decisión propia de la autoridad, no de la empresa", señaló Lemos, quien aseguró que el motivo de la audiencia no era el de fijar una nueva tarifa sino el de "evaluar el impacto de la inflación en los costos".
manifestaron la necesidad de que el Estado compense las pérdidas que tuvieron en los últimos años por la falta de actualización del valor del servicio de distribución, lo que afectó sus ingresos.
También señalaron que la tarifa que pagan los usuarios del AMBA es la más baja del país, en comparación con el resto de las provincias. Y que los subsidios que destina el Estado al sector energético llegan a las empresas de generación de energía pero no a las distribuidoras.
Al respecto, recordó que entre marzo de 2019 y diciembre de 2021 el ajuste tarifario concedido fue del 20,8%, contra una inflación acumulada en el mismo período del 199%.
Por su parte, Méndez remarcó que los subsidios no están destinados a las distribuidoras sino a los usuarios y a la generación.
Previo a la exposición de las distribuidoras, en la audiencia tuvo lugar la intervención de representantes de las compañías transportadoras, de las que solamente Transener y Transba presentaron una propuesta de ajuste tarifario porcentual determinado.
Ambas empresas fueron representadas por Pablo Tarca, quien planteó un ajuste del 43% para Transener y 44% para Transba, con una incidencia en la tarifa de un usuario residencial del 0,68% y 0,74%, respectivamente.
Las propuestas presentadas en la audiencia pública corresponden a la adecuación transitoria del cuadro tarifario, en espera a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se prevé comenzará a regir en 2023.
La tarifa final de la factura del servicio eléctrico se compone de cuatro factores: el precio estacional, el del transporte, valor agregado de distribución (VAD) y los impuestos, más los eventuales subsidios.
En ese sentido, Lemos aseguró que de lo que paga un usuario, el 27% corresponde a impuestos en forma directa y que la carga impositiva total (directa e indirecta) se ubica entre el 46% y el 50% de la factura.
Las empresas piden incrementos por arriba del 40%, mientras que el gobierno busca limitarlos a la mitad y avanzar con la quita de subsidios.
El Gobierno adelantó, hace un mes, que los aumentos serán de entre 17 y 20% en la factura. Ese incremento se dará por actualizaciones en el precio de la energía, el transporte y la distribución. En los dos primeros ítems, talla el secretario de Energía, Darío Martínez, que presidirá la primera parte de la audiencia pública. Los subsidios se concentran en la energía mayorista. El último valor, el de la distribución del área metropolitana, está a cargo del ENRE, bajo la intervención de Soledad Manín.
La recomposición transitoria se dará bajo la premisa de sostener "la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales", planteó el ente en su convocatoria.
Así, los regímenes de transición que resulten de la realización de la audiencia pública en materia de transporte y distribución de energía eléctrica regirán hasta tanto se arribe a un acuerdo definitivo de renegociación.
El aumento de tarifas de electricidad estimado por el Gobierno nacional para el año será de hasta 20% a nivel nacional y se aplicará por única vez hasta diciembre; y, paralelamente, el ENRE desarrolló una propuesta para implementar en el AMBA una primera etapa del programa de segmentación tarifaria en el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Según informaron días atrás las distribuidoras de energía eléctrica Edesur y Edenor, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aseguraron que es "imprescindible" una "adecuación tarifaria" de los servicios que prestan, ya que si se mantienen los actuales valores sus déficits operativos aumentarían en 2022 entre $ 43.236 millones y $ 56.817 millones, respectivamente.
La audiencia no es vinculante, con lo cual no se definirá el aumento. Las partes argumentarán su posición con respecto al incremento que se debería aplicar y luego será el Gobierno el que defina el porcentaje final que impactará en las tarifas de luz.
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LAS LIMITACIONES DEL FMI
Una de las políticas “fundamentales” en las que, según el FMI, se pusieron de acuerdo la Argentina y el organismo, es en disminuir los subsidios a la energía. Es uno de los principales ítems en el gasto público y crecieron por encima de la inflación en 2021.
Cuando anunció el entendimiento con el FMI, Martín Guzmán dijo que no iba a haber ningún cambio en las tarifas más allá de los ya anunciados. Esto es, el aumento general y la segmentación de usuarios, que permitiría al Gobierno eliminar subsidios a un sector de la población que supuestamente no los necesita.
El proyecto de segmentación que se difundió hasta ahora fue impulsado por el ala más dura del kirchnerismo, nucleada en el Instituto Patria. Tras la audiencia de este jueves, el Frente de Todos tendrá que negociar para cumplir simultáneamente con los pedidos del FMI y con la necesidad de amortiguar el impacto en el bolsillo del aumento de tarifas, justo unos días después de la difusión del mal dato de enero.
En diálogo con Infoabe, Julián Rojo, especialista en el sector energético, “para mantener los subsidios constantes hay que duplicar el precio de la energía eléctrica y aumentar 75% el precio del gas que pasa a la factura final. Esto tiene un impacto de (al menos) 40% promedio en la factura final solo por aumentar precio de la energía, y sin tocar cargos de transporte y distribución”.
LAS PROYECCIONES
En la comunicación de Edesur, se indicó que con esas premisas el flujo de fondos de la compañía tendría un déficit adicional de $ 43.236 millones.
Edenor presentó dos escenarios: uno con los supuestos macroeconómicos fijados por el ENRE en base al proyecto de ley de Presupuesto rechazado por la oposición en el Congreso (33% de inflación y dólar a $ 131,10 a fin de año) y otro en base a estimaciones hechas por la propia compañía en octubre del año pasado (46,8% y $ 153,40, respectivamente).
"El resultado de la proyección para 2022 con las variables macro remitidas por el ENRE arroja un déficit de caja de $ 50.849 millones", indicó en referencia a la primera de las opciones.
"La brecha entre la tarifa de Edenor y las variables macroeconómicas se agranda exponencialmente en los últimos tres años", planteó, para detallar que en ese período "sólo se registra una única actualización de los ingresos" de la compañía del 20,9%, con un incremento en la tarifa del 9%, mientras que en ese lapso "el Índice de Precios Mayoristas acumuló un incremento del 225%, la inflación del 216%, los salarios del 179% y el dólar de 171%".
En ese sentido, consideró que “para bajar subsidios, los aumentos en los precios deben ser mayores y por lo tanto el impacto en la factura. Siempre sin tocar cargos de transporte y distribución. De manera que un aumento final del 20% es insuficiente, incluso si fuese todo explicado por precios, si no aumentan los cargos de transporte y distribución”.
SEGMENTACIÓN TARIFARIA
Para reducir los subsidios, el Gobierno buscará avanzar con la segmentación de tarifas de los servicios de electricidad y de gas,según la zona de residencia de los usuarios.
Los barrios de AMBA que perderán los subsidios
Este esquema contempla una quita de subsidios a 487.000 usuarios residenciales del AMBA, un 10% del total. La mayoría —más de tres cuartos— se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires en los barrios de Puerto Madero y en zonas de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de Caballito.
En el Gran Buenos Aires son 67.800 usuarios ubicados en la zona denominada “el bajo” en los partidos de Vicente López y San Isidro. Y 48.000 usuarios de 466 countries y urbanizaciones cerradas.
En estos barrios se retirarían los subsidios y los usuarios pasarían a pagar la tarifa plena, tanto para electricidad como para gas. Según se estima las tarifas sin subsidio podría llegar al 100% de aumento con respecto al valor actual.
En tanto, según estimaciones del sector energético, si se quitan los subsidios completos el precio mayorista de la electricidad sube cinco veces (tomando los precios de 2021). Este costo mayorista de la energía representa un 65% del costo total de la factura de electricidad, al que luego se suman los costos de transporte y distribución. Estos cálculos anticipan que la tarifa final podría aumentar hasta por tres.
Así, los regímenes de transición que resulten de la realización de la audiencia pública en materia de transporte y distribución de energía eléctrica regirán hasta tanto se arribe a un acuerdo definitivo de renegociación. En este marco, el incremento se aplicará por única vez hasta diciembre.
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