DANIEL MONTAMAT *

La electricidad no es un bien público en sentido económico. Los bienes públicos se caracterizan porque su uso o consumo por parte de una persona no excluye el consumo por parte de otro.

El consumo eléctrico de un usuario excluye el de otro y el “colgado” al sistema no es un free rider que esconde sus preferencias para no afrontar su costo, sino un ladrón. Alguien podrá alegar que la educación y la salud tampoco son en sentido estricto bienes públicos, pero dadas sus externalidades positivas en el conjunto social, se los asume como tales.

Con los bienes públicos también opera otro error generalizado. Como no recibimos una factura mensual por el servicio de Justicia, de defensa o de los hospitales o colegios y universidades públicas, que se financian vía presupuestaria, se ha instalado la idea de que son servicios “gratuitos”.

En realidad se debería hablar de universidad o educación pública de acceso libre, y de salud pública de acceso universal, porque ninguno de los dos es gratuito. Su financiamiento vía impuestos que pagamos todos los argentinos, pone de manifiesto su costo.

No son maná que cae del cielo y Dios provee. Por eso los que pregonan “electricidad de acceso libre y gratuito” le mienten dos veces a la sociedad: primero asimilando a la electricidad a un bien económico público, y luego instalando por asociación que, como bien público, debe ser “gratuita”.

Es cierto que el servicio eléctrico (generación, transporte, distribución) tiene características especiales que hacen que su prestación tenga alto impacto social. Sin electricidad se corta la luz, pero también el agua, la maquinaria eléctrica, el ascensor y el internet que da sostén a las redes sociales.

La demanda eléctrica con sus picos (que crecen con el calor) y sus valles debe ser correspondida por una oferta eléctrica al instante, por lo que el despacho del sistema requiere de afinada coordinación y de reservas disponibles según las fuentes de generación.

El transporte y la distribución conforman monopolios naturales que deben ser regulados y las prestaciones que caracterizan algunos segmentos de la cadena de valor de la industria se tipifican como “servicio público”.

La factura de luz que pagamos a una distribuidora debe remunerar la generación, el transporte, el valor agregado de distribución (VAD) y los impuestos. El precio Estacional de la Energía y la tarifa de Transporte deberían cubrir el costo de generar los electrones y transportarlos. El VAD, cuya regulación y actualización depende de las distintas jurisdicciones provinciales (en Capital y AMBA del ENRE), remunera el servicio de distribución.

Según la programación estacional de CAMMESA (que intermedia entre oferta y demanda eléctrica) para el semestre noviembre 21-abril 22, el costo medio del megavatio hora (MWh) se estima en 65,4 dólares, pero la demanda en promedio va a pagar 24 US$/MWh, y, dentro del universo de clientes, el usuario residencial pagaría sólo 18.01 U$S/MWh (27% del costo).

La diferencia es un subsidio generalizado e indiscriminado que se reparte entre todos los argentinos, y ha estado beneficiando más a los ricos que a los pobres.

A su vez, se ha estado financiando con emisión inflacionaria que destruye el poder de compra de otros bienes. Del total de casi 11.000 millones de dólares de subsidios energéticos en el 2021, las tres cuartas partes correspondieron a la electricidad (precio eléctrico mayorista). Pero el servicio de distribución eléctrica también tiene un costo y requiere de inversiones sostenidas.

Desde el punto de vista regulatorio las concesiones de distribución regidas por el ENRE se basan en un esquema de remuneración tipo price cap (tarifa máxima) con objetivos de calidad y obligación de abastecer la demanda. Con los ingresos obtenidos por la tarifa regulada, son las empresas distribuidoras quienes fijan las inversiones necesarias para cumplir con los objetivos de calidad.

Las inversiones realizadas pasan a ser remuneradas por los usuarios recién cuando conforman la base de capital. El precio mayorista de la electricidad para los que reciben subsidios está congelado desde abril de 2019 y las tarifas de distribución de Edenor y Edesur tuvieron una actualización del 20% en abril de 2021.

El Gobierno ha planteado un aumento general del 20% y una segmentación tarifaria por ahora reducida a usuarios de presuntos altos ingresos de Capital Federal y algunos barrios del Conurbano para que paguen la tarifa plena.

La segmentación, que implica un subsidio cruzado en conflicto con el marco regulatorio eléctrico, primero es un reconocimiento que durante más de dos años de gobierno se subsidió indiscriminadamente, pero también puede ser inductora de una posible nueva discriminación.

Los que paguen tarifa plena exigirán otra calidad de servicio (menos horas de corte, menos interrupciones) y habrá que concentrar inversión en ellos (o buscarán su propia generación) a costa del nuevo universo de subsidiados. Los números no cierran, si unos pocos deben afrontar los costos económicos del servicio para que otros muchos mantengan la ilusión de la “electricidad gratuita”, todos terminaremos en la oscuridad.

Hay que reducir los subsidios a la electricidad mayorista y actualizar las tarifas, protegiendo con la tarifa social a los que lo necesiten. La rueda ya está inventada.

* Ex secretario de Energía