GASTÓN BUSTELO

Funcionarios del BID han estado en Mendoza y se han reunido con ministros, encargados de distintas reparticiones y referentes de diferentes sectores para avanzar en dos puntos importantes para Mendoza.

Uno es comenzar a realizar una mesa de diálogo para el desarrollo de la minería en Malargüe dentro de las posibilidades que permite la ley 7722. El otro punto consiste en analizar la estructura de funcionamiento y los procedimientos que sea necesario modernizar de la Dirección Provincial de Minería.

Si bien admite que es todo muy incipiente, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, destacó que “habrá un camino de diálogo para hacer minería, nos cansamos de hacer estudios y no llegar nunca al final del camino”.

MINERÍA EN PAZ
Los representantes del BID escucharon a los funcionarios locales y entendieron que se debe avanzar en una mesa de diálogo, como la que realizó la administración Cornejo, para escuchar a los distintos referentes y realizar así las acciones necesarias para desarrollar “minería en paz” en Malargüe.

Los funcionarios del BID tienen experiencia porque han trabajado en Chile y también con el gobierno nacional.

En Malargüe hay muchas manifestaciones que indican que se podría avanzar en desarrollo de yacimientos de cobre que son compatibles con lo que fija la ley 7722, como lo es San Jorge en Uspallata, el problema será la Declaración de Impacto Ambiental que deberán aprobar los legisladores locales.

Así el Estado provincial termina frenando varios proyectos mineros, y una parálisis similar se comienza a ver en el sector petrolero en donde distintas voces ya advierten que es necesario reformar la ley de hidrocarburos para mejorar la competitividad de las empresas y posicionar mejor a Mendoza.

Los que están cerca de las negociaciones y saben lo que demoran las contrataciones de consultoras, afirman que en no más de seis meses puede estar funcionando la mesa de diálogo.

LA APUESTA DEL BID
En el BID han cambiado sus enfoques tradicionales y desde hace un tiempo ven a la minería como una actividad que, bien realizada, puede ayudar a desarrollar a las sociedades.

Es por esto que en el 2020, el Comité de Política y Evaluación del Directorio del BID, aprobó el Marco Sectorial de Industrias Extractivas, un tema de que consideran de singular relevancia para Latinoamérica en general y para Argentina en particular.

En el banco están convencidos que las industrias extractivas pueden convertirse en un sector clave para el desarrollo que la región necesita cada vez con más apremio. Afirman que la explotación responsable de un conjunto de minerales, esenciales para las nuevas tecnologías, es la herramienta más a mano para lograr los objetivos de crecimiento, desarrollo social y reducción de la pobreza.

Entienden que en el caso de Argentina, pese a tener una enorme cantidad de recursos minerales, la actividad minera explica una porción muy menor de su PBI. Así entonces, si tomamos como ejemplo el 2018 se puede ver que la minería representó solo el 0,6% del Producto, mientras que en países que se asumen mineros esos valores son muy superiores, en Chile el valor agregado de la minería al PBI en ese mismo año fue de 9,8% y en Perú de 8,2%.

Consideran también que nuestro país tiene un potencial minero “impresionante y no podemos dejar pasar esta oportunidad histórica de apalancar su explotación”.

También señalan que para que la actividad minera tenga el mayor impacto en nuestro desarrollo, debemos generar condiciones para la inversión y demostrar capacidad para integrar verdaderas cadenas de valor, dejar de ser meros exportadores de materias primas para consolidar un modelo productivo basado en la incorporación de tecnología, investigación e innovación.

¿Y EL MEDIO AMBIENTE?
No se les escapa a los funcionarios del BID las resistencias de los grupos ambientalistas en contra de la minería. Es por esto que afirman que si bien la actividad minera genera resistencias en diversos grupos y comunidades, tanto por sus eventuales impactos ambientales, como porque ha habido sonados casos con sospechas de corrupción, es que consideran que no hay dudas que esas preocupaciones deben ser atendidas y por ello es esencial que toda explotación minera se haga con los máximos niveles de responsabilidad social y ambiental, así como con altos grados de transparencia y rendición de cuentas.

También, dentro de los criterios de evaluación, el BID señala específicamente que atenderá los posibles efectos de la contaminación ambiental y maneras de evitar o minimizar los efectos ecológicos adversos del proyecto que evalúe, así como la adopción de las medidas de salubridad y de seguridad personal.

Al enfocarse en las posibilidades de financiamiento por parte del BID, advierten que hay áreas en las que el conocimiento y la experiencia serían aportes de gran valor. También los marcos de protección ambiental de los proyectos, así como los mecanismos de transparencia serían contribuciones más que relevantes.

Algunas de esas áreas son los marcos normativos y regulatorios. Este es un espacio en el que el BID puede jugar un rol importante, tanto apoyando con conocimiento técnico mediante fondos de cooperación, como proveyendo financiamientos específicos para la generación de marcos legales e institucionales que protejan los intereses de la comunidad, generen incentivos adecuados para la inversión y sean sostenibles en el mediano y largo plazo.

También en los procesos de fortalecimiento y capacitación de las instituciones públicas que regulan y controlan la actividad minera. El BID puede proveer recursos para que esas instituciones cuenten con los mejores profesionales, ya que es fundamental “nivelar la cancha” balanceando el bagaje técnico que suelen tener las grandes empresas internacionales que son actores típicos del sector extractivo. De esta forma se preservan los intereses de nuestras comunidades, se garantizan condiciones sostenibles de explotación y se previenen conductas poco transparentes.

Está también el apoyo a cadenas productivas más integradas a nivel nacional, de forma que se agregue localmente valor a los minerales extraídos, con los evidentes beneficios para las comunidades involucradas.

El BID puede aportar financiamiento para apoyar la integración vertical de esas cadenas que enfoquen en el agregado de valor y en la generación de empleos. La producción de baterías en nuestro país, el desarrollo de vehículos o autopartes para vehículos que utilicen energías limpias, la elaboración de materiales de construcción o la producción local de fertilizantes son solo algunas de las áreas en las que se podrían plantear inversiones.

En el BID entienden que la transición energética es una realidad acuciante debido a que ven muy de cerca los efectos devastadores del cambio climático y sostienen que Argentina está en una posición ideal para aprovechar las oportunidades de esta transición y ser un actor positivo en la protección del mundo. El apoyo a la buena gestión minera debe integrarse con el abordaje de los proyectos de transporte, vivienda, uso del suelo, etc., incorporando una visión holística que aumente la eficacia de las operaciones.

Tienen claro que las inversiones del BID puede agregar valor financiando al sector privado en proyectos estratégicos, en los que su principal aporte serían las adicionalidades no financieras, sobre todo asegurando marcos de salvaguardas ambientales y sociales con los más altos niveles internacionales, y su capacidad de apalancamiento para movilizar inversiones privadas significativas al nivel de las necesidades de financiamiento de estos grandes proyectos mineros.

Por su parte, el laboratorio de innovación, Bid Lab sería el agente de identificación de opciones de pequeñas empresas o startups enfocadas en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y la utilización de nuevos materiales.

Además hay dos temas en los que el conocimiento del BID también puede ayudar y tienen que ver con las particularidades de la minería en Argentina. Dado que legalmente los recursos mineros pertenecen a las provincias, es imprescindible que se siga trabajando en la profundización de la coordinación entre el gobierno federal y las provincias para asegurar que los beneficios de la minería lleguen en forma adecuada a las comunidades involucradas, se integre la explotación minera en las cadenas productivas nacionales, se proteja el ambiente en forma adecuada y se transparente la gestión de los recursos e ingresos provenientes de la minería.

LA MESA DE DIÁLOGO QUE FUNCIONÓ Y LO QUE DISPUSO SOBRE EL AGUA
La mesa de diálogo minero que funcionó en Mendoza entre 2016 y 2019, se formó para crear un espacio de diálogo en el cual las diferentes posiciones sobre los temas más importantes relacionados con la minería pudieran ser expuestas y evaluadas, para poder así generar una política de Estado para el sector.

En el documento de 65 páginas que elaboraron señalan que la propuesta tuvo aceptación por parte de gran mayoría de la comunidad y críticas por los sectores más radicalizados en ambos extremos del espectro de posiciones. 

Se realizaron más de 70 exposiciones sobre aspectos sociales, legales, económicos, ambientales, institucionales y técnicos, cubriéndose un amplio espectro de temas desde diversos puntos de vista. Dichas exposiciones totalizaron más de 100 horas y fueron seguidas por más de 500 horas de diálogo respetuoso aunque no libre de debate.

Participaron más de 1.500 personas, incluyendo representantes del poder ejecutivo y legislativo, la Dirección General de Irrigación, Universidades, Institutos Técnicos, ONGs, cámaras empresariales, colegios profesionales, profesionales independientes, estudiantes y público en general.

En los mecanismos de compensación hídrica acordaron que ningún emprendimiento minero podrá realizarse en una región en la cual su demanda de agua afecte los derechos de los usuarios precedentes y sus aprobaciones deberán ser realizadas siguiendo estrictamente los procedimientos existentes por el DGI.

También que todo emprendimiento minero mediano y grande cuya demanda de agua se encuentre debidamente aprobada por el DGI, deberá implementar un mecanismo por el cual el equivalente a la cantidad de agua autorizada para su uso, sea repuesto a partir de la purificación y/o limpieza de aguas superficiales y/o subterráneas no aptas para consumo humano y/o agrícola.

Alternativamente, el emprendimiento podrá proponer obras al DGI que permitan incrementar la eficiencia en la distribución y/o el riego de forma tal de compensar el agua usada, a través de las perdidas por absorción y/o vaporización. El agua disponibilizada a través de este mecanismo de compensación será administrada por el DGI de acuerdo con las leyes vigentes y reglamentos del organismo.

El agua producto de la compensación hídrica en ningún caso podrá ser comercializada por el emprendimiento minero ni recibirá ningún tipo de compensación económica por la misma y el emprendimiento minero captará el agua para su uso y en la medida de lo técnicamente posible, aguas debajo de las salidas de sus efluentes tratados, con el objeto de asegurar el menor consumo posible de agua fresca y el mayor compromiso posible en la calidad de dichos efluentes.