FRANCISCO POPPE

El fallo de la jueza federal subrogante de Bariloche Silvina Domínguez, que ordenó al Estado nacional entregar a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue el título de propiedad de 180 hectáreas del Ejército en la ciudad, abrió la puerta a una catarata de demanda de tierras en ese predio de otros 6 grupos mapuches instalados en usurpaciones.

El fallo judicial dispuso que los Millalonco Ranquehue deben tener la escritura legal de esas tierras en la zona de Virgen de las Nieves, en el ejido urbano de Bariloche, a 12 kilómetros del centro de la ciudad.

El reclamo más resonante es el del lof Huala Hue, encabezado por María Isabel Huala, madre del activista Facundo Jones Huala, que en 2017 usurpó un terreno de 411 hectáreas y quiere el título.

Además de ese predio, esta familia ya provocó tomas y usurpaciones violentas en miles de hectáreas fiscales y privadas entre Río Negro y Chubut.

Pero en el predio del Ejército, donde la provincia de Río Negro prevé instalar el Parque Central de Bariloche en 3.500 hectáreas, otros 5 grupos mapuches amenazan con frustrar el proyecto de espacio público impulsado por la gobernadora Arabela Carreras.

La lof Che José Celestino Quijada quiere la mayor porción. Reclama 304 hectáreas en las tierras del Ejército. Pero además provocó tomas y quiere la propiedad de más de 1.000 hectáreas en el country Arelauquen y varios barrios densamente poblados del sur de Bariloche, en la ladera sur del cerro Otto.

Además de generar acciones violentas contra vecinos y la Municipalidad de Bariloche, este grupo destruyó gran parte del bosque nativo de la zona para vender la madera.

La lof Tripay Antu demanda 170 hectáreas y generó un interesante antecedente, jurisprudencia que no fue tenida en cuenta por la jueza Domínguez al emitir su fallo.

Como sucedió con Millalonco Ranquehue, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), le reconoció a Tripay Antú la propiedad usurpada, hizo la mensura y ordenó la entrega del título de las tierras. Pero la Sala 3 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó la nulidad de la medida, porque el INAI entregó el título a Tripay Antu sin darle participación a Río Negro en el proceso.

En el fallo de la semana pasada, la jueza Domínguez le dio 60 días al Estado nacional para entregar las tierras al grupo mapuche, basada en el reconocimiento de 2012 del INAI para las 180 hectáreas de la comunidad, pero ni el organismo nacional ni la magistrada dieron parte en el proceso a la provincia de Río Negro, como manda la ley 26.160.

El caso de Tripay Antu espera definición en la Corte Suprema de Justicia y el de Millalonco Ranquehue es pasible de ser recurrido por las omisiones de Domínguez y el INAI.

Otro grupo que tomó tierras en el predio del Ejército es la lof Che Carriqueo, con apenas dos hectáreas. En 1998 la justicia inició el juicio de desalojo, pero fue suspendido luego de la promulgación de la ley 26.160 en 2006, que paralizó todas medidas que afectaban a pueblos originarios del país para relevarlos y analizar si les correspondían o no las tierras.

La comunidad Tambo Baéz es la otra que está en el predio e incluso con conflicto con otro grupo mapuche, la lof Robles. Reclaman 512 hectáreas y su origen es muy singular: se remonta al suboficial Pedro Báez, a quien hace 70 años el Ejército designó para una tarea, y se asentó allí con su familia y amigos. Es decir que la comunidad mapuche usurpó un terreno que, a su vez, ya había sido apropiado de forma irregular.

Con las denuncias encima este grupo se autodenominó mapuche y reclama estar comprendido en el relevamiento de la ley 26.160 y la generosidad del INAI para la entrega del título.