MELISA JOFRÉ

“Acá lo que tiene que cambiar son las leyes. En vez de abrir cárceles, hay que abrir más centros de rehabilitación para los jóvenes”. Con esas palabras reclama ayuda en la puerta del Hospital Municipal de Hurlingham San Bernardino la madre de una de las personas que consumió cocaína adulterada, encontrada en el asentamiento Puerta 8 en Loma Hermosa y que provocó más de 20 fallecidos y más de 70 internados.

Con el tema instalado en la agenda mediática, el consumo problemático de drogas, especialmente en los barrios vulnerables, vuelve a ponerse sobre la mesa. Pese a lo delicado del asunto, los intereses políticos se cruzan y desde el oficialismo y la oposición se cargan responsabilidades de un lado y del otro sobre el avance del narcotráfico.

En tanto, en lo que respecta a la atención de las adicciones tampoco ha habido en los últimos años consensos o voluntad de avanzar en leyes que den una mejor respuesta desde el Estado. Proyectos en el Congreso ha habido varios y se presentan y representan año tras año.

Cercana estuvo de tratarse en el recinto una iniciativa en el año 2017, cuando en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida entonces por la entrerriana Carolina Gaillard -que era oposición- se alcanzó un dictamen de un proyecto de ley de emergencia en adicciones en todo el país.

Esa iniciativa, motorizada por la exdiputada santafesina del Frente para la Victoria Silvina Frana, proponía declarar la emergencia por el plazo de tres años; crear un Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de Consumos Problemáticos; asistencia profesional gratuita e inclusión laboral; y abordaje de la problemática en las escuelas. Finalmente no prosperó.

Frana fue también presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que durante el 2018 se reunió en 7 oportunidades. En una de esas reuniones recibió a representantes de movimientos sociales y al cura villero José María “Pepe” Di Paola, quienes reclamaron por una ley de emergencia, y cuestionaron las declaraciones que por ese entonces realizó la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando sostuvo que “muchos movimientos sociales permitieron el narcotráfico como un mal menor”.

En 2019, la Comisión de Adicciones solo se reunió una vez, y fue en un encuentro en el que representantes de la Mesa Nacional de Adicciones reclamaron “por un mayor presupuesto y herramientas para afrontar esta problemática desde la prevención y la recuperación”, además de solicitar la prórroga en un plazo establecido en la Ley de Salud Mental (N° 26.657) en relación a las comunidades terapéuticas. Ley de Salud Mental que ante estos casos muchos diputados consideran hay que modificar, mientras otros aseguran que lo que falla es su implementación.

En el año 2020, ya bajo una nueva gestión, la Comisión de Adicciones también se reunió una sola vez. Fue para la visita de la titular de la SEDRONAR, Gabriela Torres, quien aseguró que en el marco de la cuarentena por la pandemia se había incrementado en un 30% el presupuesto destinado a las comunidades terapéuticas. Durante 2021, la comisión presidida por el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) no tuvo reuniones.

Entre los últimos proyectos que figuran sobre el tema, las diputadas con mandato cumplido Gisela Scaglia (Pro), Elda Pértile (FdT) y Claudia Najul (UCR) presentaron iniciativas para declarar la emergencia nacional en adicciones por el plazo de dos años; crear centros de atención integral para personas drogadependientes; y crear un Hospital de Día destinado al abordaje de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por consumo problemático de sustancias, respectivamente.

Otra de las iniciativas presentadas más recientemente es que lleva la firma de varios diputados de la Coalición Cívica, encabezados por Mariana Stilman. En el texto se propone la creación de un Programa Nacional de Prevención y Asistencia Pública Integral de las Adicciones; unidades de desintoxicación y centros de recuperación y revinculación social; el agravamiento de las penas para la comercialización del paco; y la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal.

“Desde el año 2012 la @ccari_ok viene presentando un proyecto para la prevención y asistencia pública integral de las adicciones. Debemos dar tratamiento urgente a ese y a otros tantos que duermen el sueño de los justos en las Comisiones presididas por el oficialismo”, reclamó en su Twitter la legisladora opositora.

ADVERTENCIA SOBRE EL FENTANILO

El fentanilo es apuntado como una de las sustancias que se encontraría en la cocaína adulterada encontrada en la provincia de Buenos Aires. Ya en octubre pasado, el senador nacional Roberto Basualdo (JxC) había presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el control en la producción de este opioide sintético.

En su solicitud, el sanjuanino pidió conocer “cuántos laboratorios se encuentran habilitados para la producción y comercialización del fentanilo; si se han detectado casos de internación aguda o grave producto de mezclas de estupefacientes con la droga fentanilio; si se ha advertido un incremento en las ventas de este medicamento; y qué medidas se adoptaron o planean adoptar para la realización de políticas aplicables a la atención y acompañamiento en materia de drogas o alerta temprana de consumo”.

En los argumentos de ese proyecto de resolución, el senador enfatizó la necesidad de “evitar llegar a la situación que actualmente vive Estados Unidos, donde en 2018 murieron 72 mil personas por su mala utilización”. “Cabe señalar que se recurre al fentanilo por ser más barato y más fácil de conseguir que la cocaína o la heroína, pero incluso una pizca de fentanilo puede matar”, agregó.

Y expresó con preocupación que en 2019 “se secuestraron unas 45.000 dosis en el norte del Gran Buenos Aires y el superintendente General de la Policía de la provincia de Buenos Aires había calificado aquello como ‘algo novedoso’ y que genera una adicción cien veces mayor que cualquier otra droga común”.