TERESA ABURTO, ELSA MARTIN Y ALBERTO HERNÁNDEZ

La UE tiene un doble problema con la crisis entre Ucrania y Rusia. No es solo tratar de evitar otra guerra en suelo europeo, sino que de ésta puede depender el calor de los domicilios de millones de ciudadanos.

El consumo de gas ruso en Europa es más de un 46% -frente al 11% que recibe de Argelia, el 20% de Noruega, o el 5% de Qatar, según Eurostat-, al no contar con grandes reservas propias. La estabilidad energética de la UE se encuentra inevitablemente amenazada: si hay invasión, habrá sanciones a Moscú, y la respuesta del Kremlin podría ser el corte de suministros a la Unión.

Para añadir más tensión, es imposible prever si habrá o no invasión; es una decisión que solo conoce Vladimir Putin, con más de 100.000 soldados concentrados en la frontera ucraniana. Por su parte, Occidente ya ha amenazado al Kremlin con duras represalias. EEUU, la UE y Reino Unido han negociado una batería de medidas contra Moscú que superarían a las impuestas en 2014 cuando se anexionó la península de Crimea: sanciones al sector bancario y empresarial, también a los oligarcas, límites a la compra de bonos rusos o, la que sería la más dura, sacar a Rusia del SWIFT (el sistema interbancario que permite las transferencias internacionales).

Ante este escenario, más tenso cada día que pasa, la UE y EEUU buscan alternativas contra el reloj para afrontar un posible desabastecimiento si se cumple el pronóstico de Washington de que Rusia "hará uso de la fuerza militar en algún momento, quizá entre ahora y mediados de febrero", como advirtió la semana pasada la vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente Joe Biden realizaron una declaración conjunta en la que se comprometen a "intensificar la cooperación energética" para garantizar los suministros a Europa si Putin decide 'cerrar el grifo'.