Las políticas energéticas de América Latina son vulnerables a una mayor influencia política que podría afectar las tendencias crediticias en todo el sector, de acuerdo con la calificadora de riesgo Fitch Ratings.
Lo anterior, dados los cambios propuestos por el nuevo presidente de Perú y los posibles cambios de liderazgo tras las elecciones presidenciales de este año en Colombia y Brasil.
Según la calificadora, la política gubernamental siempre es pertinente para el sector energético, dada la importancia de las regalías y los impuestos para los ingresos generales del gobierno.
Sin embargo, los cambios regulatorios que afectan negativamente las operaciones de los emisores y el flujo de caja deben mitigarse con los altos precios del petróleo, el impulso de la producción luego de una sólida recuperación de los precios del petróleo en 2021 y la mejora de los balances.
En Brasil, la política energética se está convirtiendo en una parte clave de la retórica de la campaña antes de las elecciones de octubre, con el expresidente y posible candidato Luiz Inacio Lula da Silva indicando que hará cambios en las políticas de precios de la energía si prevalece.
En Colombia, el principal candidato de izquierda en las elecciones de mayo, Gustavo Petro, pide el fin de los nuevos contratos petroleros y una transición de la dependencia de la economía de los combustibles fósiles para girar hacia más fuentes e inversiones de energía renovable.
De acuerdo con Fitch Ratings, dichos cambios afectarían a Petróleo Brasileiro (Petrobras) y a Ecopetrol, la petrolera más grande de Colombia.
PERSPECTIVAS, SEGÚN FITCH RATINGS
Las calificaciones y las perspectivas de ambas compañías reflejan su vinculación soberana, ya que la perspectiva de la calificación de Brasil es Negativa y la de Colombia es Estable.
El Perfil Crediticio Independiente (SCP) de Petrobras de ‘bbb’ refleja su sólida estructura de capital, producción creciente y deuda decreciente. La interferencia política podría afectar negativamente la generación de flujo de caja de la empresa y el SCP.
Además, el Perfil Crediticio Independiente de ‘bbb’ de Ecopetrol refleja su sólido perfil financiero y métricas operativas estables, en lo que respecta a la producción de hidrocarburos, que podría verse afectada negativamente si el nuevo gobierno impulsa más energías renovables.
La incertidumbre en Brasil y Colombia sigue a los intentos del presidente peruano, Pedro Castillo, de nacionalizar o monetizar el acuerdo de licencia del Consorcio Camisea, que es un riesgo importante para el perfil de flujo de caja de Hunt Oil Company of Peru.
Fitch estima que de 30 % a 35 % de los ingresos de Hunt Oil están expuestos a un cambio en el acuerdo que afecta las exportaciones. El consorcio está formado por Hunt Oil (25 %), Pluspetrol Resources (45 %), Tecpetrol (10 %), Sonatrach (10 %) y Repsol (10 %).
“Esperamos que el apalancamiento en el sector se mantenga estable en 2022, a pesar del mayor riesgo político, después de disminuir en 2021, ya que la deuda se mantiene relativamente plana y el flujo de efectivo está respaldado por el aumento de la producción y los precios del petróleo que superan los costos promedio de ciclo completo para la cartera de US$38 por barril de petróleo equivalente”, precisó Fitch Ratings.
Agregó que “las empresas están preparadas para obtener flujos de caja saludables, al aplicar el precio del petróleo Brent asumido por Fitch de 70 US$/barril (bbl) en 2022, 60 US$/bbl en 2023 y luego un promedio anual a largo plazo de 53 US$/bbl”.
La importancia estratégica de las empresas de energía para los países de América Latina, ya sea a través de la propiedad, la contribución a los ingresos a través de impuestos y regalías, o el suministro de un recurso crítico, debería incentivar las políticas de apoyo.
En Brasil, Fitch estima que Petrobras pagará entre US$65.000 millones y US$70.000 millones en dividendos entre 2022 y 2026, la mitad de los cuales se destinarán al gobierno. El sector energético en Colombia históricamente aportó 10 % de los ingresos del gobierno.
De acuerdo con Fitch, las medidas recientes del gobierno mexicano ilustran tales políticas. A principios de este año, el gobierno comprometió US$3.500 millones en fondos para Petróleos Mexicanos para reducir la deuda y reducir la obligación de participación en las utilidades de Pemex de 56 % en 2021 a 40 % en 2022.
Este fue un crédito positivo, pero se necesitaría más apoyo para que Pemex justifique una acción de calificación positiva, dado su alto apalancamiento, FEL negativo, vencimientos próximos significativos y objetivo de crecimiento de deuda neta cero.
