DIEGO CAZAR BAQUERO

El viernes 28 de enero, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) —una de las dos tuberías que transportan petróleo en Ecuador— se volvió a romper y provocó un derrame que alcanzó los cauces de los ríos Piedra Fina, Quijos, Coca y Napo, en el norte de la Amazonía del país.

Según informes del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), el evento contaminó al menos 21 007,91 metros cuadrados (m2) del Parque Nacional Cayambe-Coca, una de las 66 áreas protegidas de Ecuador. 

Andrea Hernández, directora de Control Ambiental del MAATE, confirmó que a las 16:45 llegó la alerta de los guardaparques y “a las 18:00 se le dispuso a OCP que inicie las acciones de contingencia, limpieza y remediación del derrame”. Los hallazgos sobre suelo, agua, aire, fauna y flora, junto a los efectos sociales del derrame, evidenciaron “una potencial afectación a la provisión de servicios ambientales y riesgos a la salud humana”.

En los informes preliminares del organismo de control ambiental se confirmó que del área total de afectación, 16 913,61 m2 se encuentran dentro de la zona de protección y los restantes 4 094,3 m2 pertenecen a la zona de amortiguamiento del área protegida. 

Esto implica —detallan los documentos del MAATE— una amenaza para las especies animales que habitan la zona, como el cusumbo andino o coatí andino (Nasuella olivacea), el venado Chonta (Pudu mephistophiles), el gallo de la peña (Rupicola peruvianus) y varias especies de anfibios.

El Ministerio dijo en sus informes que apenas una familia de tres personas fue afectada y aseguró que se evacuó y reubicó a sus miembros. Sin embargo, de acuerdo con Patricia Vargas, presidenta de la comunidad de Panduyaku; Luis Salazar, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda y con datos recogidos por la organización Acción Ecológica, las aguas contaminadas alcanzaron a decenas de comunidades kichwas de las provincias de Napo y Sucumbíos. 

La comuna de Panduyaku, con sus tres sectores —Shiwuacucha, San Francisco y Huayraurco—, aseguran que está entre los principales afectados, pues son los poblados más cercanos al sitio del derrame. Playa del Río Coca, Dashino, El Embalse y Cañón de los Monos, son otras poblaciones ribereñas que también, según las fuentes consultadas, han sido víctimas de la contaminación de sus fuentes hídricas. Juntas, estas localidades reúnen a más de 150 familias, de acuerdo con Patricia Varga y los datos recogidos por Acción Ecológica.

Un equipo periodístico de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora llegó el mismo sábado 28 de enero a la zona del derrame y narra en este artículo la magnitud de este nuevo desastre que afecta a un área protegida importante del Ecuador, así como a comunidades indígenas y sus fuentes de agua y alimentación.

UNA CADENA DE DESASTRES

Este nuevo desastre ambiental se suma a una sucesión de hechos que se inició el 2 de febrero del 2020, con la desaparición de la cascada de San Rafael, y que desató el proceso de erosión regresiva del río Coca.

El 7 de abril de ese mismo año, el proceso erosivo causó la rotura del mismo ducto y, además, la del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) y el gasoducto, y en esa ocasión se derramaron más de 15 000 barriles de petróleo en los mismos cauces que esta vez también han sido afectados. Más de 27 000 pobladores indígenas amazónicos que viven río abajo vieron afectados sus derechos al uso de agua limpia y saludable, a la alimentación, y sus chakras desaparecieron debajo de la corriente del río.

Hasta la fecha de esta publicación, aseguraron que no han recibido ningún tipo de compensación por parte del Estado ecuatoriano, tal como ordena su legislación.

Desde que se produjo el derrame del 2020, la empresa privada OCP Ecuador y una de sus contratistas, la firma Welding, han construido siete variantes del oleoducto para evitar la interrupción de la producción hidrocarburífera, pero todas han colapsado.

Colectivos y organizaciones ambientalistas y defensores de derechos humanos reclaman que el Estado ecuatoriano haya privilegiado la continuidad de la producción petrolera pero haya postergado la atención a los habitantes de las poblaciones cuyos suelos y aguas se han contaminado y que ahora están desconectados debido a la pérdida de un tramo de la carretera que comunica a Quito con Lago Agrio. Los hechos sucesivos de roturas de los ductos y derrumbes de la vía no se han detenido desde que se inició la erosión regresiva.

José Fajardo, superintendente del derecho de vía de OCP y quien está a cargo de todas las operaciones en el punto del desastre, dijo que la razón de esta última rotura es consecuencia de las lluvias y del tipo de suelo.

“Es un 70 % arena —explicó señalando hacia la colina ennegrecida por el petróleo que salió a borbotones la tarde del viernes—; cuando llueve, el agua lo que hace es lavar esa arena y las piedras que están confinadas comienzan a perder sustento, entonces puede suceder muy rápido o muy lento; con las lluvias que se dieron se lavó muy rápido y esa piedra se desprendió, y hablamos de una roca que pesaba más de 8 toneladas”, añadió el técnico, para respaldar la versión oficial de la empresa que indica que la roca cayó sobre el ducto y lo rompió.

A pesar de que los primeros comunicados de OCP Ecuador negaron el riesgo de que el petróleo derramado haya alcanzado los ríos, Fajardo confirmó a Mongabay Latam y a La Barra Espaciadora que el flujo de petróleo —debido a la presión con la que avanzaba— tardó aproximadamente 35 minutos en alcanzar el cauce del río Piedra Fina, desde que ocurrió la rotura. El crudo bajó por la pendiente Ortiz y llegó al río Quijos.

“La distancia de la rotura era muy cercana al cuerpo de agua, nos desfavoreció tener una alcantarilla muy cerca”, explicó Fajardo.

Entre el sitio de la rotura del oleoducto y el cauce de agua hay 800 metros, aproximadamente. “Teniendo en cuenta que es pendiente, que el crudo está con temperatura [alta], entonces fluye como agua —precisó Fajardo—; no podíamos llegar tan rápido, pero a pesar de eso, ya en una hora teníamos conformadas las piscinas, con lo cual gran parte del volumen de crudo se retuvo en tierra”.

El lugar del derrame de petróleo ocurrido el viernes 28 de enero se convirtió de inmediato en una zona pestilente. Las piscinas a las que hace referencia Fajardo son siete hondonadas formadas por las retroexcavadoras para retener dentro el petróleo y luego extraerlo y transportarlo fuera del sector, en camiones tanque.

“Esto es tóxico”, advirtió un trabajador de Petroecuador mientras recogía tierra manchada de petróleo y la guardaba en bolsas plásticas. Otro trabajador de la contratista Pecs vestía un traje de protección, botas y mascarilla, mientras esperaba que la manguera succionara el petróleo hacia el camión vacuum, pero el resto de obreros a su alrededor no contaban con protección alguna. El concentrado hedor a petróleo se sumaba al paisaje apocalíptico del inmenso socavón por donde ahora los vecinos del lugar suben y bajan a diario sin ninguna seguridad.

Decenas de trabajadores de las empresas Pecs, Welding, Arcoil y Corena iban de un lado a otro cargando mangueras de presión, tubos plásticos, bolsas, picos, palas. Junto a los riachuelos manchados con petróleo, algunos trabajadores colocaban material absorbente con el fin de capturar las manchas negras, pero horas después, ese material lucía igual, mientras el petróleo se filtraba por la tierra. La película multicolor que produce el hidrocarburo en la superficie del agua avanzaba sin que pueda ser capturada por esos materiales de absorción.

Florencia, como nos ha pedido que la llamemos para proteger su identidad, comenzó a trabajar en el sitio la noche del viernes 28. Cuenta que lleva más de 12 años como parte del equipo de remediación de Petroecuador y desde entonces ha ganado siempre un sueldo básico por su trabajo. Sus jornadas no duran ocho horas, sino doce o más.

“No nos pagan las horas extras por lo que supuestamente nos dan la dormida, la comida, a dondequiera que vayamos”. Esta mujer cuenta que ha atendido ya muchos derrames en distintos puntos del país. Recuerda uno ocurrido en marzo del 2008, en el cantón La Libertad; el de El Salado, en abril del 2021, muy cerca de San Rafael; y otros en zonas de frontera. Pero dice que el peor fue el del 7 de abril del 2020, en el mismo lugar donde ahora ha vuelto a trabajar para remediar un nuevo escape de crudo.

Florencia, además, es una de las afectadas por la erosión regresiva del Coca. Ella, junto a su familia, viven en una de las zonas afectadas por este fenómeno geológico y asegura que, hasta el momento, no ha recibido propuestas concretas de reubicación por parte de las autoridades del Estado o de los gobiernos locales.

Jairo Cabrera tenía una propiedad que colindaba con la cascada de San Rafael. Con el inicio de la erosión perdió su tierra y con ella también su fuente de ingresos como emprendedor turístico.

“Lo que no pudo el terremoto de 1987 lo pudo este socavón”, dice Cabrera, aludiendo a un sismo que el 5 de marzo de ese año se cobró la vida de más de 1000 habitantes y cuyo epicentro fue, precisamente, en la zona donde hoy se encuentra el socavón. “El daño psicosocial es de carácter irreversible”, dice.

CONTRADICCIONES

Los habitantes del lugar aseguran que el día del último derrame no llovió. Un campesino del lugar, que prefirió no ser identificado, incluso dijo que lo de las lluvias y lo de la piedra “son mentiras”, y que la razón de la rotura del ducto fue “por una mala suelda que la hicieron al apuro”.

Otros vecinos de El Chaco coincidieron en que hubo una piedra que se deslizó y rompió la tubería, pero añadieron que la roca no cayó por las lluvias ni por el debilitamiento del suelo sino porque “había maquinaria de la empresa trabajando ahí arriba y botó piedras”.

OCP Ecuador publicó una imagen la tarde del domingo 30 de enero en la que aparece un trabajador junto a una roca de cerca de dos metros de alto y algunas cuentas del Estado la replicaron. Mientras tanto, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica informaba periódicamente sobre la presencia de su personal en la zona acompañando las labores de remediación.

José Fajardo, superintendente del derecho de vía de OCP, dice que llovió la víspera de la rotura, el jueves 27 de enero, y que la acumulación de esa humedad en el suelo habría provocado el desprendimiento de la roca.

Pero Luis Salazar, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda, también se mostró extrañado. “No había lluvias”, aseguró y enseguida reclamó “una solución definitiva”.

Desde que el 7 de abril se produjo el derrame de más de 15 000 barriles de crudo por la rotura del OCP, del Sote y del gasoducto, la empresa privada OCP Ecuador y las autoridades del Gobierno ecuatoriano han impulsado la construcción de nuevas variantes del ducto con el propósito de mantener la continuidad de la producción petrolera. Cuando ocurrió el derrame del pasado 28 de enero, obreros de Welding -contratista privada de OCP Ecuador- construían la séptima variante, esta vez sobre una empinada montaña junto al socavón formado ya por la erosión.

Andrea Hernández del MAATE aseguró que la entidad ya había previsto que un deslizamiento de tierra como este podría ocurrir y dijo que en su momento “dio una directriz clara a la operadora en la cual se tiene que hacer el trazado definitivo [del ducto], y que se contemplen todos los riesgos e impactos de la zona”.

Pero Fajardo aseguró que encontrar una solución definitiva depende de que se cuente con una carretera habilitada y que, por eso, la opción definitiva “no está en manos de OCP exclusivamente (…); preguntémosle al Estado, porque si no hay vías, para nosotros cada vez es más complicado (…); yo no puedo responder por el Estado, como OCP tratamos de hacer lo mejor que podemos”.

Fajardo insistió en que “antes de iniciar la construcción hubo un estudio geofísico para determinar cuál era la mejor ruta” y que la opción elegida para la construcción de esta séptima variante del oleoducto que también se rompió “fue la más segura en su momento”. Pero Hernández aclaró que “si ya se dispuso la construcción de una variante adecuada y no se la hizo, pues se tendrá que poner las multas y sanciones que correspondan”.

“La litología [parte de la Geología que estudia las rocas] aquí es muy complicada, pero la ciudadanía tiene que entender -y así lo han entendido todas las autoridades- que no tenemos mucha opción acá; teníamos varias opciones de ruta pero todas se fueron descartando en su momento porque encontrábamos novedades o problemas mucho mayores”, insiste Fajardo.

La tarde de ese viernes 28 de enero, aproximadamente a las 16:30, trabajadores de la empresa Welding, contratista de OCP, notificaron a sus superiores que un segmento del oleoducto se había roto en el sector donde construían la séptima variante.

Las imágenes que los mismos trabajadores de la empresa difundieron en redes sociales se hicieron virales enseguida y OCP Ecuador emitió un comunicado en el que aseguraba que “la rotura ocurrió en una zona que no se encuentra directamente expuesta a los ríos”, y añadía que el derrame se suscitó a las 17:06, 21 minutos después de que los guardaparques del MAATE habrían emitido ya sus alertas, y “debido al debilitamiento del terreno en la zona de Piedra Fina”.

A pesar de las versiones contradictorias, los habitantes de la zona coinciden en que todos esos hechos están relacionados con el proceso erosivo que no se ha detenido y que mantiene aisladas a las poblaciones de la zona. Desde el 10 de diciembre de 2021, los pobladores del cantón El Chaco, del lado de la provincia de Napo, y los de El Reventador, en la provincia de Sucumbíos, están incomunicados, pues un tramo de la vía, precisamente en el punto donde ocurrió este derrame, se vino abajo. Dos meses después, la conexión vial para los pobladores de esta zona no se ha restablecido.

Salazar —así como todos los lugareños— tiene que bajar por una pendiente de más de 50 grados de inclinación hasta la planicie provocada por la erosión, cruzar corrientes de agua que sortean las rocas, y volver a subir la pendiente del otro lado del derrumbe para llegar al punto donde se acumuló el petróleo derramado. En el trayecto, decenas de campesinos con sus hijos e hijas, mujeres, personas de la tercera edad, hacen ese mismo recorrido desde hace dos meses, corriendo el riesgo de que el terreno se deslice nuevamente y los sepulte.

En horas de la tarde del lunes 31 de diciembre*, el presidente ejecutivo de OCP Ecuador, Jorge Vugdelija, envió un mensaje a través de su equipo de comunicación en el que se refirió a “un evento fortuito de la naturaleza que no tiene conexión alguna con eventos anteriores”.

Vugdelija dijo que su empresa desplegó más de 50 personas para contener el petróleo derramado en esas piscinas y consideró que fueron “exitosos” en esa labor. Además, dijo que “pequeñas trazas han alcanzado los cursos de agua” y que alcanzaron los cauces “en algún sector de la orilla del margen del río”.

Mediante un comunicado emitido al mismo tiempo, la empresa OCP Ecuador añadió que ha desplegado un plan de compensación para las comunidades afectadas consistente en “dotación de agua segura a comunidades como Toyuca, San Pablo norte de la parroquia San Sebastián del Coca, Sardinas, Guayusa, entre otras con el apoyo de EP Petroecuador”.

SANCIONES

Según el Código Orgánico del Ambiente, el MAATE tiene potestad sancionatoria y podría tramitar una multa de entre 10 y 200 salarios básicos unificados en contra del operador, en este caso, OCP Ecuador. El Ministerio puede iniciar procesos administrativos una vez que se hayan levantado los informes definitivos, sin embargo, el domingo 30 de enero anunció el inicio de acciones legales y administrativas en contra de la operadora y comunicó que se iniciaron las acciones de limpieza del suelo.

Si se determinara la multa más alta, el monto que tendría que pagar OCP como operadora alcanzaría apenas 85 000 dólares, de acuerdo con la normativa vigente. Andrea Hernández aclaró que “eso no exime de la responsabilidad que tenemos de ejecutar la contingencia, la limpieza y la remediación, y la compensación e indemnización a las personas directamente afectadas”.

El hecho de que el derrame de petróleo se haya suscitado en zonas pertenecientes al Parque Nacional Cayambe Coca y de la Zona de Amortiguamiento es un agravante más en contra de la operadora, dijo la funcionaria del Maate. Pero, además, la Constitución de la República del Ecuador dispone, en su Artículo 397, que en caso de daños ambientales, es el Estado el que debe garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas y de sus poblaciones además de propiciar la ejecución de las multas que dispone la Ley.

“La tierra sola se defiende, habla, pide ayuda; le extraemos el petróleo que es la sangre de la tierra; construimos grandes hidroeléctricas alterando la geomorfología de la tierra y la dirección de los ríos; por todo lado lastimamos a la tierra y ella nos habla, nos reclama, pero nosotros no le entendemos”, se lamenta Jairo Cabrera.