En conversación con Red de Comunicación Regional, Miguel Cardozo, vicepresidente del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, señaló que el país cuenta con un portafolio de inversión de US$ 53.000 millones en 43 proyectos mineros; sin embargo, su ejecución sufre retrasos debido a la presencia de conflictos sociales.

“Hay un compromiso de inversión de US$ 11.000 millones hacia los próximos cuatro años, pero esto es muy poco porque francamente el sector minero está en condiciones de llegar a más de US$ 6.000 millones por año y ya lo hemos logrado anteriormente”, dijo.

En ese sentido, argumentó que el retraso de las inversiones mineras se debe a la presencia de intereses particulares que surgen en ciertas comunidades, conllevando a la toma de acciones como el bloqueo ilegal de carreteras, lo cual atenta contra el derecho ciudadano a la libre circulación y el crecimiento económico nacional.

“Todos tenemos el derecho a protestar, pero no tenemos derecho a afectar la vida de los demás y el aparato económico del país. Lamentablemente, en ocasiones esto da resultados, pero luego surgen discrepancias por el incumplimiento de acuerdos y contratos, lo cual reinicia los problemas sociales”, comentó el vicepresidente del IIMP.

Bajo este contexto, Cardozo criticó el bloqueo vial que acometieron ciertas comunidades que no firmaron el convenio con la empresa minera MMG Las Bambas para acceder a ciertos beneficios a cambio de la liberación del Corredor Minero del Sur.

“Estas comunidades formularon un reclamo judicial y exigen la presencia del presidente Pedro Castillo para que atienda sus demandas; caso contrario, seguirán con la medida de fuerza. Esto representa una falta de autoridad y no debería ser permitido”, subrayó.

En medio de este difícil escenario, comentó que el sector minero está realizando acciones para recuperar sus niveles de producción prepandemia y seguir contribuyendo con más impuestos, a la par que continúa beneficiándose con los altos precios de los metales.

“Debemos seguir dialogando entre todos los actores vinculados a la actividad minera para regresar al orden social y establecer acuerdos sostenibles con las comunidades. Esto ayudará sobremanera a devolver la confianza a las empresas y a impulsar la minería”, expresó.