DIEGO CABOT/LA NACIÓN

Una de las formas descarnadas de mirar las prioridades de un gobierno es mirar en qué gasta. Claro que es una manera parcial, pero el tamaño de la billetera de cada una de las políticas de Estado indica los recursos que se destinaron. Hecha esta salvedad, a los números. En los primeros once de 2021, por cada peso que se gastaron en salud se destinaron 5,7 a subsidiar el sistema energético argentino.

Como se dijo, la comparación podrá ser caprichosa, pero sucede que por estos días de verano conviven ambos temas: la pandemia y los cortes. Por ahora, el populismo energético parece imbatible a la hora de financiamiento público frente a la necesidad de vacunación y de mejorar el sistema de salud.

Los datos son elocuentes. Hasta fines de noviembre, últimos datos relevados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), “las transferencias corrientes al sector energético fueron de $929.666,4 millones, lo que significó un aumento de 133,8% si la comparación es interanual”. En ese mismo tiempo, el Ministerio de Salud, que vacunó a la gran mayoría de la población, utilizó un presupuesto de $140.520 millones, un amento de 97,8%. Ni siquiera la pandemia pudo con los subsidios a la energía.

Ese número que llegará al billón de pesos -leyó bien el lector, un uno y doce ceros- se destinaron principalmente a Cammesa, la empresa que vende la energía eléctrica mayorista que es la que subsidia en los hechos la electricidad de todo el país, que sumó $604.068 millones en 11 meses del año. Si bien pocos fuera del mercado energético conocen verdaderamente el rol de la compañía, Cammesa se ha convertido en la destinataria del segundo presupuesto más abultado de toda la administración pública, apenas por detrás del Ministerio de Trabajo, que tiene a la Anses dentro de sus cuentas.

Sólo para poner en perspectiva el peso de esta empresa, el cheque que mensualmente tiene para gastar en el comprador de gran parte de la energía importada y de los combustibles líquidos para generar electricidad, supera al de todos los otros ministerios. El más cercano es el de Desarrollo Productivo, que hasta fines de noviembre gastó $489.405 millones. Los demás, lejos. Por caso, el de Desarrollo Social llegó a ejecutar $193.664 millones en el mismo período y el de Educación, $242.615 millones. Nadie está cerca de los monumentales números de los subsidios a la energía.

A diferencia de otros ministerios, detrás de esta cifra no hay un ministro, sino hombres cercanísimos a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Energía no tuvo nunca una cartera propia, sino que está debajo del organigrama de Martín Guzmán. Pero el exprofesor de Columbia no tiene peso en las decisiones. Ahí todo pasa por el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. De hecho, aún está fresca en la memoria cuando Guzmán quiso despedir a este último funcionario y no tuvo poder suficiente para hacerlo.

Basualdo forma parte de La Cámpora y tiene línea directa con Cristina Kirchner. No es un integrante más de la organización ya que tiene una función específica vinculada con la temática energética dentro de la organización que lidera Máximo Kirchner. Como subsecretario está bajo la órbita del neuquino Darío Martínez, que asumió como secretario de Energía en agosto de 2020 en reemplazo de Sergio Lanziani.

Los aumentos de tarifas fueron el gran motivo de la pelea con Guzmán. Se sabe: el populismo energético es un eje central de la política de la vicepresidenta. Basualdo, del riñón kirchnerista, no apoyó la política tarifaria que alguna vez pretendió Guzmán y que consistía en llevar más cerca del valor de generación el precio que paga el usuario residencial.

Antes de asumir el cargo de subsecretario de Energía, Basualdo fue interventor del ENRE y fue en esa función que les aplicó multas a las empresas de electricidad, como Edesur. Si de mirar números se trata, pues la gestión de Guzmán, Martínez y Basualdo no parece ser la más eficiente. de hecho, tienen el presupuesto más elevado de toda la administración pública después del Ministerio de Trabajo. Pese a los millones, no han podido evitar que en el primer día de la ola de calor de este mes, el sistema eléctrico del Gran Buenos Aires, uno de los más beneficiados con los subsidios, colapse y deje sin servicio a centenares de miles de personas.

A su vez, dentro de ese magma de dinero que se destina a energía, también se cuentan los subsidios a Integración Energética Argentina ($141.892,0 millones), al Plan Gas no Convencional Resolución ($62.992,7 millones), al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos y a la Expansión de Redes de Gas Natural ($17.624,8 millones) y, finalmente, a Yacimientos Carboníferos Fiscales ($9.694 millones).

Entre todos, se acercaron al billón de pesos en noviembre y seguramente lo superarán cuando se compute diciembre. Y como dice el refrán, el dinero no hace a la felicidad. Y si no, que lo digan Martínez y Basualdo, dos funcionarios que tuvieron recursos que se cuentan con 12 ceros y no pudieron evitar que cuando hace calor los usuarios estén frescos. O algo más sencillo aún: que funcionen los semáforos.

Javier Iguacel sobre los cortes de energía: “Era la crónica de una muerte anunciada”

CHRISTIAN SANZ/NOTICIAS ARGENTINAS

Parece el cuento de nunca acabar: este sábado, en otra jornada de calor extremo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), unos 44.1114 usuarios permanecían sin luz, provocando el consiguiente malhumor ciudadano.

Entretanto, como toda solución, desde el Gobierno parecen apelar a que bajen las altas temperaturas para que el sistema tenga algún tipo de descanso. Pero los expertos aseguran que el problema es bastante más profundo: que se requiere de inversiones y mejora de infraestructura.

Noticias Argentinas habló con uno de los especialistas en el área, Javier Iguacel, quien supo ocupar el cargo de ministro de Energía de la Nación Argentina y luego secretario de esa misma área tras una reestructuración del gabinete, en 2018.

“Los cortes que se viven a diario eran la crónica de una muerte anunciada, el sistema energético requiere de inversión permanente y no se le ha dado desde este gobierno”, sostuvo el otrora funcionario.

-¿No lo pudo prever el presidente?

-En realidad, Alberto Fernández creyó que iba a poder sortear la situación haciendo populismo, como sucedió entre 2003 y 2015, cuando la robustez del sistema les permitió hacer eso, populismo. Entonces, estas son las consecuencias de no invertir. 

-Pero, ¿hay solución a lo que se vive hoy?

-Sí, pero no se va a solucionar en el corto plazo, hace falta un gran trabajo mancomunado, que el sector privado puede hacer bien.

-¿Cuánto tiempo podría llevar?

-Lleva tiempo, por lo menos un año más, y hay que ir pensando que en el invierno va a pasar lo mismo con el gas, va a haber faltante.

-El gobierno suele culpar a las empresas por los cortes...

-De ninguna manera son responsables las compañías. Fijate que nunca tuvieron problema alguno cuando se respetaban sus contratos, nadie hablaba de cortes ni mucho menos.

-¿Entonces?

-Hay que dejar trabajar a las empresas de acuerdo al contrato. Los problemas empezaron en el preciso momento que el Estado dejó de cumplir con el contrato y no les permitió que las tarifas se vayan adecuando a la inflación. Estas son las consecuencias. Acá no hay un huevo y una gallina. Acá la madre del borrego es el kirchnerismo.

-¿Pueden llegar a estatizar el servicio como viene sugiriendo una parte del gobierno?

-No, no van a estatizar porque no van a tener a quién echarle la culpa. El control de las empresas hoy lo tiene La Cámpora, como si ya fueran del Estado. Y es lo que les sirve.