LEONARDO CÁRDENAS

El gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, Francisco Villalón, explicó los pasos que vienen en el proceso de conciliación que abrió la Tercera Sala de la Corte Suprema por el caso del proyecto minero portuario Dominga.

El ejecutivo detalló que los compromisos adicionales asumidos en medidas de compensación, que suman US$400 millones, tienen como base de inspiración el modelo de desarrollo de la minería en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Australia.

Sin embargo, más allá de los beneficios económicos que podría generar el proyecto, que considera una inversión de US$2.500 millones, para Andes Iron “la oposición más visible contra Dominga no proviene de la comunidad, sino que desde ONG internacionales, que en realidad más que a Dominga percibimos que tienen una causa en contra de la minería”, dice Villalón por escrito.

- ¿Por qué sigue habiendo oposición de algunos actores de la zona a las propuestas de Dominga?

- Tenemos un trabajo de más una década en el territorio, con las comunidades, y sabemos que la amplia mayoría de los vecinos de La Higuera anhelan este proyecto. Existen algunos opositores en sectores costeros que no están en la zona en la que se emplazará el proyecto que se han manifestado en contra, cuya postura respetamos y siempre estamos buscando caminos de diálogo para hacernos cargo de sus inquietudes. La oposición más visible contra Dominga no proviene de la comunidad, sino que desde ONG internacionales, que en realidad, más que a Dominga, percibimos que tienen una causa en contra de la minería.

- ¿Por qué habrá otra audiencia de conciliación?

- Según lo resuelto por el tribunal, debido a que Andes Iron presentó una propuesta de conciliación que el resto de las partes debe analizar y a que una de las abogadas de los recurrentes no se presentó con el poder que correspondía.

- El plan de propuestas tendría un costo de unos US$ 400 millones. ¿Como se financiará? ¿Cuál es la medida más costosa?

- Son propuestas que se hacen cargo de todas las inquietudes planteadas a lo largo del proceso, las cuales estamos ofreciendo sean obligatorias y vinculantes. Sumando las medidas que ya están aseguradas, no existe otra propuesta socioambiental de esta profundidad y alcance en la minería en Chile.

Los US$ 400 millones implican un aumento significativo de los costos del proyecto y un impacto en su rentabilidad, pero implican una ganancia positiva para el desarrollo científico, tecnológico y social del territorio.

Un 50% de los recursos están destinados a mejorar condiciones de desarrollo humano y productivo, como son la provisión de agua desalinizada, proyectos de iluminación doméstica mediante energías renovables, la apertura de un poder comparador para la pequeña minería y compartir beneficios del proyecto en programas de desarrollo productivo y social.

El otro 50% es desarrollo tecnológico e investigación científica de punta para el cuidado del medioambiente, con iniciativas como un Centro de Investigación Científica, un Centro de Rescate y Protección para Especies Protegidas (como por ejemplo el pingüino de Humboldt), reconversión eléctrica a energías renovables en un 100%, entre muchas otras.

- ¿Esta es la última propuesta de la empresa o podrían agregar más medidas ?

- Los esfuerzos que estamos haciendo para lograr atender las preocupaciones en torno al proyecto implican recursos que nos ponen en una situación muy estrecha desde el punto de vista financiero. Sin embargo, tenemos espacio para buscar más soluciones que impliquen esfuerzos conjuntos y colaborativos entre comunidades, movimientos sociales y la autoridad. Siempre estaremos disponibles al diálogo y a la búsqueda de acuerdos

- ¿Cuáles de las propuestas beneficiarán a las familias de La Higuera económicamente?

- Todas las propuestas que hemos realizado apuntan a proyectos de bien común que impacten positivamente a toda la comunidad desde una perspectiva de desarrollo humano, productivo y ambiental.

Además de las propuestas de provisión de agua para consumo humano, contribuiremos al desarrollo de un modelo de suministro eléctrico mediante energía renovable fotovoltaica que aliviará los bolsillos del pago mensual de este servicio.

Asimismo, los vecinos tendrán la primera prioridad para trabajar en el proyecto, contarán con programas de capacitación para mejorar su empleabilidad, becas y otras ayudas en materia educacional.

No olvidemos que el principal pacto que tenemos con la comunidad es el Acuerdo Marco, que contempla compartir los beneficios que genere Dominga, con aportes anuales que pueden variar entre dos y cuastro millones de dólares (dependiendo del precio del hierro) para financiar proyectos productivos y sociales. Sólo esta medida implica duplicar el presupuesto fiscal de la comuna.

- En su propuesta plantean “dotar al 100% de la comuna de La Higuera de la infraestructura para producir agua desalinizada para consumo humano”. ¿Cómo pretenden llevar a cabo esta acción? ¿Cuánto tiempo requieren para ponerla en marcha?

- Ya comenzamos a trabajar. El primer paso fue escuchar a los dirigentes locales y de comités de agua rural. Conocemos sus problemas y ellos nos han propuesto soluciones que hemos incorporado en nuestra propuesta. El inicio de la construcción del proyecto es también el inicio de esta iniciativa. Desde el primer año de construcción tendremos avances significativos en cobertura de agua para la ciudadanía y el abastecimiento total en el plazo máximo de tres años.

- Cree que ha existido un doble estándar en la evaluación de este proyecto versus Cruz Grande de CAP debido a que en la tramitación de este último no hubo tal costo en las propuestas de compensación?

- Un hecho que quedó sentenciado por la justicia ambiental es que existió un trato discriminatorio en la evaluación ambiental de ambos proyectos por las autoridades de la época. Recordemos que todo esto devino en la renuncia del equipo económico de la época que observó las irregularidades del rechazo de Dominga.

También ha existido una suerte de discriminación de parte de los grupos opositores, especialmente las ONG, para las cuales el proyecto Cruz Grande no presentó ningún tipo de amenaza. Ello nos lleva a pensar que la verdadera causa de estos grupos es contra la minería.

- ¿En qué modelo de empresa minera o proyecto se inspiraron para presentar sus propuestas?

- Hemos recorrido el mundo y hemos aplicado las mismas medidas o superiores a las contempladas en países como EE.UU., Canadá y Australia. En los países desarrollados hemos visto experiencias en las cuales no existe esta controversia y es perfectamente posible compatibilizar adecuadamente el tráfico naviero y el desarrollo productivo.

Las ONG que en Chile tienen posiciones intransigentes, en Europa y Norteamérica buscan soluciones colaborativas. Miramos con mucho detalle el caso de la bahía de San Francisco, en California, EE.UU. Una interesante medida que replicamos y nos hemos obligado es a la restricción de velocidades de los buques a 10 nudos e incluso menos en zonas sensibles, la reducción de las rutas de navegación a sólo un 15% de lo contemplado originalmente y una frecuencia de un buque a la semana.

- ¿Qué les parece la opinión de Greenpeace que sostiene que la instancia de conciliación a la que citó la Corte Suprema es una “legitimación de ilícito”?

- Lamentablemente, no merece opinión alguna. Una lástima que se falte el respeto a nuestras instituciones, y que celebremos sus actuaciones sólo cuando nos conviene o nos gustan sus decisiones. Esa ONG se interesó hace poco tiempo en Dominga y ha invertido bastantes recursos, todos en base eslóganes, sin mucho contenido.