DIEGO CABOT

Es posible que José Luis Manzano no tenga mayores problemas los días en que la electricidad desaparece y el calor hace lo suyo. Uno de los dueños de la distribuidora Edenor, el exdiputado justicialista mendocino, vive en Suiza con su familia desde hace un tiempo.

Uno de sus socios, Mauricio Filiberti, apodado el Rey del Cloro, 72 años, millonario, podría partir al lujo oriental de uno de los cruceros más impresionantes del mundo. Es dueño del Attila, un superyate de 64 metros que el dueño de Transclor tiene anclado en el Mediterráneo.

Daniel Vila, el empresario dueño del grupo de medios América, es posible que no tenga más remedio que transpirar con 40 grados y si ventilador. Eso, si está en Buenos Aires y no en Mendoza, donde tiene una residencia en medio de las montañas.

Del otro lado, en la distribuidora Edesur, los verdaderos dueños siempre estuvieron lejos. La empresa es propiedad de Enel, una compañía eléctrica multinacional que es un operador integrado líder en los mercados de energía y renovables.

Como cada vez que el calor pega en el AMBA, Edenor y Edesur quedan en medio de las miradas. Es lógico, son los que operan la última parte del cable. Pero claro, más allá de su gestión, son víctimas de una política oficial, el congelamiento de tarifas, que ya está a punto de cumplir 20 años, interrumpida apenas por tres años de macrismo. 

“Las empresas de distribución de energía, como Edesur, son muy intensivas en inversiones. No existe otra forma de sostener la mejora del servicio que requieren nuestros clientes, sin recursos tarifarios o subsidios” dijo en un comunicado Claudio Cunha, CFO de Enel en Argentina.

Pero más allá de ser primas hermanas, las dos exhiben grandes diferencias. Mientras Edesur se mantiene en cabeza de los históricos dueños -están en el país con la empresa desde que licitaron la red en los 90-, los dueños de Edenor están recién llegados al mundo regulado.

En diciembre de 2020, Manzano, Vila y Filiberti cerraron una operación que incluyó el traspaso de todas las acciones que estaban en manos de Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin, y que representan el 51% del capital social de Edenor. Las sociedades compradoras son Empresa de Energía del Cono Sur e Integra Capital, todas controladas por los tres socios.

Según se informó entonces a la bolsa porteña, la operación se cerró en US$100 millones, de los cuales US$60 millones fueron desembolsados en el momento del cierre de la venta y los restantes US$40 millones se financiaron en un plazo de un año.

Aquella operación se leyó en medio de un importante telón político. Sucede que ese negocio, como pocos, depende de cuánto es el cuadro tarifario que autorice el gobierno. Al momento de comprarla, más allá del precio de saldo, los nuevos dueños sabían que no hay manera de hacer rentable el negocio si no hay aumento tarifario. Otra de las certezas es que tampoco hay dinero para las inversiones necesarias, menos aún en momentos donde la demanda se escapa, sobre todo, por el precio bajo.

El verano pasado, entre la cuarentena y las inversiones que maduraron de la mano de los aumentos de tarifas que autorizó el gobierno de Cambiemos, la empresa no tuvo mayores problemas. Un año después, se desató un verdadero colapso ante el primero de varios días en los que se pronostica calor extremo en el Área Metropolitana.

“La sociedad continúa registrando capital de trabajo negativo, situación que se vio agravada fundamentalmente por la suspensión de la actualización de la tarifa desde febrero 2019 y la imposibilidad de captar el cobro a clientes cuya deuda se generase durante la declaración del Aislamiento Preventivo y Obligatorio (“ASPO”), continuado por el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (“DISPO”)”, escribió Edenor en sus estados contables.

Sin caja, la deuda de la empresa con el vendedor de electricidad (CAMMESA), se disparó. “Como consecuencia del contexto descripto la Sociedad vio afectada aún más la ecuación económico-financiera producida por el congelamiento tarifario, la imposibilidad de ejecución de deudas por energía consumida no abonada y el aumento de costos sobre la estructura operativa e insumos de la Sociedad, motivo por el cual se hizo necesario postergar parcialmente los pagos a Cammesa por la energía adquirida en el Mercado Eléctrico Mayorista a partir de los vencimientos operados desde marzo de 2020, obligaciones que se fueron regularizando parcialmente, pero que al 30 de septiembre de 2021 acumula un saldo de capital vencido de $ 21.461 millones, más $ 11.890 millones en concepto de intereses y recargos”, informó.

Hay que detenerse en estas cifras: la deuda con CAMMESA es de casi $33.000 millones y la compañía fue vendida en $2000 millones. Todo dicho, sólo se puede comprar una empresa en semejante estado si se tiene confianza en poder refinanciar la deuda. Y el acreedor es el Estado.