Argentina podría necesitar entre US$ 4000 y 5000 millones adicionales a lo presupuestado este año para importar el gas que le faltará en invierno. La extraordinaria suba del precio internacional y la menor disponibilidad de producto que habrá en el país configuran ese cuadro fiscal temerario.

El gobierno alistó un DNU para iniciar rápido la construcción del gasoducto Néstor Kirchner para canalizar el gas de Vaca Muerta, propuesta que dejaría a YPF en un aventajado lugar.

Productores privados y consultores que los asesoran auguran un invierno difícil para el Estado, que hoy afronta con recursos propios la importación de gas a través de la empresa estatal Ieasa. Varios estudios privados dan cuenta del enorme desafío económico que el gobierno no desconoce pero que, atormentado por la compleja negociación con el Fondo Monetario y la discusión sobre el presupuesto, aún no puede avocarse a resolver.

Hay al menos dos factores que se conjugan perversamente para generar el problema. Los precios del gas licuado en el mundo están en valores muy altos y no parece que fueran a bajar lo suficiente para cuando acá comience el frío. Según las previsiones actuales, el GNL de abril costará 40 dólares el millón de BTU contra los 8 dólares promedio que se pagó el invierno pasado.

Argentina tampoco tiene el atajo de sustituir íntegramente el gas que importa por fueloil o diésel porque no hay infraestructura adecuada y suficiente para hacerlo. Los combustibles líquidos normalmente son mucho más caros que el gas. Pero en este contexto de valores en el mundo, se piensa como alternativa. Sin embargo, esta tampoco parece ser la salida del laberinto.

Es la caja pública la que necesita disponer de esas divisas para comprarlo. Además, sólo recupera una parte de ese valor cuando se inyecta el gas al sistema local, que hoy paga alrededor de 3,5 dólares aquella unidad calórica: el resto es parte del fornido andamiaje de subsidios energéticos.

Al mismo tiempo, habrá menos gas disponible en los caños locales. La reanimación que produjo el Plan Gas no fue suficiente para paliar el déficit que enfrenta el país y esto se añade que el que se trae desde Bolivia irá mermando. Es decir, el país necesitará más gas justo cuando es más caro.

En realidad, el invierno pasado tampoco fue sencillo. Las importaciones de gas licuado en 2021 crecieron un 90,9% y las de combustibles líquidos 47,8%. La matriz energética local depende fuertemente del gas también para generar electricidad.

Algo igualmente paradójico es que, si bien la producción del gas local puede seguir subiendo, en algún momento se topará con un problema insoluble: no hay infraestructura de transporte suficiente para drenarlo. Vaca Muerta puede ser una joya de clase mundial. Pero si no hay como sacar el producto de ahí, es sólo un tesoro para la contemplación estadística.

En este estado de cosas, hay productoras que están alistándose para exportar gas a Chile en pleno invierno. Suena incomprensible que un país que enfrenta un drama fiscal grande, que amenaza ser agravado con la importación creciente de energéticos, al mismo tiempo venda ese producto escaso al exterior. Pero si se produce y no hay cómo drenarlo hacia adentro, es razonable que se haga fronteras afuera.

Lo que el ministerio de Martín Guzmán sabe es que la única forma de que el país supere este cuello de botella es avanzar y muy rápido con el gasoducto Néstor Kirchner, que unirá la neuquina Tratayén con la bonaerense Saliquelló. Para eso alistó un decreto de necesidad y urgencia que le permitiría avanzar de apuro en el emprendimiento para el que se destinará el 25% la recaudación del aporte solidario o “impuesto a las grandes fortunas” que la ley destina a YPF, entre otras fuentes públicas.

La estatal Ieasa será la concesionaria y operadora del ducto por 35 años, cuyas tarifas serán reguladas por el ente de control a cargo de Federico Bernal. Salvo el caso en que su uso esté ligado a contratos que esa firma pública celebre con productores privados.

Según los fundamentos de la norma concebida para llevar el gas neuquino a los centros de consumo y dejar de importar, el “retraso pone en riesgo el abastecimiento interno” y la capacidad de los tres gasoductos que son vía para llevarlo de la Patagonia hacia los grandes centros de consumo está “prácticamente saturada”.

Finalmente, el fisco local podría tener un ahorro de US$ 1000 millones anuales por menos importaciones y US$2500 millones de beneficios en la balanza energética, según la especulación que el gobierno escribió en los considerandos.

Los fondos que aportará el Estado, por ahora sin auxilio de ningún crédito, servirá para construir el primer tramo. Para el segundo, que llevaría el gas desde Saliquelló a la provincia de Santa Fe (Tío Pujio, en Córdoba, no fue la variante elegida a pesar de ser el camino más eficiente), se espera que haya apoyo privado.

Con YPF como coordinadora, un grupo de empresas (Pampa Energía, PAE, Tecpetrol, entre ellas) discutieron en un cónclave la alternativa aportar dinero. Disposición privada para hacer un desembolso habría, pero si se despejan algunas incertidumbres, empezando por el régimen tarifario.

Pero lo que a algunas de las potenciales financiadoras inquieta es que, según el DNU, YPF tendrá “prioridad en la contratación de capacidad de transporte”. Esta chance consignada en el séptimo artículo genera a las firmas privadas el temor a quedar marginadas o sujetas a una tarifa menos competitiva por el uso del ducto, que hoy todas consideran vital para canalizar la producción.

En principio, para contentar al mercado interno, que requiere prioritariamente gas. Pero, luego, para poder exportar, al menos a países limítrofes como Brasil.

La petrolera de mayoría estatal –“un híbrido que no sirve”, según el ex ministro de Energía Juan José Aranguren— tiene un rol protagónico asegurado, desde el momento que los fondos que debían utilizarse para animar su producción de gas serán destinados a esta anhelada obra.

Aquella presunta ventaja de YPF, consignada en el artículo 7, se refuerza en el 19, que habilita explícitamente “un esquema de colaboración técnica, asociación o de inversión o cualquier otra forma de participación” acordada con Ieasa.

Una situación similar se genera con el proyecto de ley de promoción de inversiones en hidrocarburos que está en el Congreso a la espera de su debate. La norma privilegia a YPF y a PAE en el acceso a estímulos para producir. Desde la lógica oficial no tendría sentido hacer otra cosa implicaría desalentar a las principales productoras locales, lo que atentaría contra ese régimen de premios que se pretende crear.