JORGE VALVERDE * Y EMILIO CASTILLO **

Mientras la discusión de política pública en Chile ha transitado entre crear una empresa pública que explote el litio y la licitación de contratos de operación de litio (CEOL), la participación de mercado de Chile según el USGS pasó de representar el 35% de la producción mundial en 2010 a un 22% en 2020 y las últimas proyecciones de COCHILCO estiman que la participación podría llegar a 15% al 2030, perdiendo así 20 puntos porcentuales en 20 años.

En este sentido, postulamos que el deterioro de la competitividad de la industria del litio en Chile obedece principalmente a incapacidad del Estado de establecer una institucionalidad robusta, de no poder generar un acuerdo transversal y políticas consistentes para la gobernanza del litio que permita una industria sustentable, lo cual a nuestro juicio constituye una falla de Estado.

Una falla debido a la inacción pública supone desde luego abandonar una visión neoclásica de la economía y aceptar que el Estado, además de resolver fallas de mercado, puede cumplir roles en la promoción de industrias y estructuración de los mercados.

Sin embargo, esto no ha sido posible considerando la fallida licitación inicial de los primeros CEOLs en 2012, la posterior renegociación de contratos en arriendo en 2018, una fallida licitación del Instituto Tecnológico a finales de 2020, y una muy cuestionada licitación de CEOLs a resolver en 2022. Diez años que demuestran la indefinición del modelo de gobernanza del litio y la tensión entre crecimiento económico, distribución de rentas y protección del medio ambiente.

No obstante, creemos que el camino ha mostrado ciertos principios rectores, como lo son velar por el desarrollo y competitividad de la industria, maximizar las rentas que percibe el Estado y resguardar la sostenibilidad medioambiental.

En virtud de estos principios, proponemos que la administración de las reservas de litio debe velar por el interés nacional respecto a este recurso y el desarrollo de una industria que permita encadenamientos productivos que agreguen mayor valor a la economía. Esto implica un rol activo de parte del Estado, pero no radicado en la extracción de minerales.

Específicamente, proponemos la creación de una institución pública, separada de la discrecionalidad política directa, que tenga el control de las pertenencias y proyectos de explotación de litio en salares, la cual tenga por objetivos: i) maximizar los ingresos fiscales provenientes de la producción del litio a través de la administración y optimización de los CEOLs, ii) la promoción de alianzas estratégicas para el encadenamiento de la industria, y iii) velar por la sostenibilidad medioambiental de la industria del litio a partir de las cláusulas de operación estipuladas.

La transición energética es la fuerza que abre la ventana de oportunidad del desarrollo de la industria del litio a nivel mundial y que otros países están ingresando. Aprovecharla depende de la capacidad del Estado de poner el interés público por delante.

* PhD(c) Economics, ex Coordinador Ministerio de Hacienda

** PhD Energy and Mineral Economics, Académico Facultad de Ingenería de la Universidad de Chile