HUMBERTO CAMPODÓNICO *

Esa es la definición del diccionario inglés Douglas Harper sobre los “windfall profits”. El término se traduce como ganancias inesperadas o sobreganancias y calza perfecto a las empresas que explotan recursos naturales en el sector minero y de hidrocarburos.

Estos “windfall profits” no tienen que ver con innovaciones tecnológicas o mejoras productivas que hayan realizado las empresas, sino con hechos exógenos, como una gran alza de precios. Cuando estas se producen, los gobiernos discuten la mejor forma por la cual el Estado puede participar de estas, como ha sido el caso en Inglaterra, EE.UU. y Australia.

Lógico. Y aplica aún con más fuerza en América Latina, pues sus Constituciones establecen, como la peruana: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento” (artículo 66).

Desde que acabó la pandemia (¿cierto?) hay un gran crecimiento de precios de los hidrocarburos y minerales, así como del maíz, trigo, soya (incluido biodiésel), fertilizantes, entre otros. No sabemos si durará 10 años, como el superciclo de 2003 a 2012. Pero allí está el precio del cobre en su punto más alto de los últimos 25 años, en US$ 4.42/libra (ver gráfico).

Algunos dirán ¿pero si ya hay impuesto a la renta y también regalías e impuestos especiales, para qué un tributo o gravamen a las sobreganancias? ¿No se va a afectar la competitividad del Perú?

Vamos por partes.

Supongamos que una empresa minera, con precios “normales” del cobre tiene una utilidad antes de impuestos (UAI) de US$ 1,000 millones y el impuesto a la renta es 30%. El Estado recauda US$ 300 millones y las utilidades son US$ 700 millones. Si el precio del cobre se duplica, el año siguiente la UAI será US$ 2,000 millones: el Estado recauda US$ 600 millones y las utilidades serán US$ 1,400 millones.

Este es el quid de la cuestión. La empresa tiene utilidades adicionales de US$ 700 millones de los recursos naturales de la nación, producto de la “ganancia inesperada” por el alza de precios, lo que el impuesto a la renta no capta. Pero al Estado le corresponde una participación de esa mayor ganancia.

Por estos motivos, el Poder Ejecutivo solicitó facultades legislativas al Congreso para mejorar la recaudación a la renta e impuestos especiales a la minería. Pero el Congreso se las denegó. Se argumentó que el Perú perdería competitividad frente a otros países. No es así. Según declaraciones del ministro Pedro Francke, las empresas mineras tuvieron ingresos adicionales de US$ 13,500 millones, 39% más que el año anterior, por el alza de precios de la postpandemia.

Y agregó que un informe preliminar del FMI estimó, de un lado, que la carga fiscal efectiva para un proyecto de cobre a gran escala en el Perú es de 41.7% de la utilidad, lo que se encuentra en el medio de la muestra de los regímenes de países que compiten con el Perú y, de otro, que existe espacio para aumentar la presión fiscal sin perder competitividad internacional.

Otro argumento en contra llegó al absurdo: ¿para qué quiere el gobierno más ingresos fiscales, si ni siquiera gasta bien lo que ya recibe? Esto equivale a decir: que las empresas se queden con la ganancia extraordinaria de nuestros recursos naturales. No, pues. El Estado debe mejorar su gasto, ciertamente. Y cumplir con su deber de recaudar lo que le corresponde.

Para terminar, esta ha sido solo la “primera temporada”. El Ejecutivo presentará su propuesta al Congreso para el debate en las semanas que vienen. La necesidad de un mayor presupuesto para obtener más competitividad, reducir la pobreza y la desigualdad tiene una segunda oportunidad.

* Ingeniero especializado en temas de economía de hidrocarburos