CARLOS ALONSO

Los procesos de negociación colectiva son parte del marco legal de toda empresa con sus trabajadores. Eso no debería generar tensiones entre las partes, sin embargo, no necesariamente es así. Acuerdos a última hora que mantienen en vilo a los trabajadores e incluso algunas negociaciones tienen alcance nacional. Sobre todo, cuando se trata de un sector clave para la actividad económica como la minería.

Para el próximo año el PIB sectorial minero se espera que crezca en torno a 2%, con una producción de cobre, principal producto minero y de exportación del país, cercana a las 5.800.000 toneladas.

Además, desde la industria comentan que el cobre mostrará una recuperación y será un factor de crecimiento de la minería en el 2022, pues la producción de este subsector pasará de 5.650.000 toneladas en el 2021 a 5.800.000 toneladas el próximo año.

No obstante, hay riesgos y en el sector describen como uno de ellos la“disminución en las leyes del mineral mayor a lo estimado puede afectar la producción, a lo que se agrega un posible rebrote de Covid lo que naturalmente también podría reducir marginalmente el desempeño productivo”.

A ello se suma como factor de preocupación las casi 30 negociaciones colectivas que deben renovarse este 2022, las que, de no llegar a acuerdos, se arriesga a una paralización, afectando el nivel de producción y, por ende, el crecimiento del país.

Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), sostiene que “se debe tener presente que si debido a las negociaciones colectivas programadas para el próximo año se producen paralizaciones, claramente se afectará el nivel de producción”.

Sin embargo, menciona que “esperamos que este proceso se desarrolle por los cauces normales establecidos para estos efectos, los que naturalmente deben estar centrados en la realidad, considerando por cierto la sustentabilidad, esto es, la situación actual de la compañía minera como también el comportamiento futuro”.

Merino confía en que hay “una fuerza laboral madura, como quedó demostrado durante la pandemia, de modo tal que esperamos que en este procedimiento prime el dialogo, los buenos oficios y los acuerdos”.

LAS PRINCIPALES NEGOCIACIONES

De acuerdo a la información del Consejo Minero y la SONAMI, en 2022 son 29 los contratos colectivos que tiene que volver a negociarse. Los primeros que vencerán están calendarizados para fines de enero. 

Se trata del sindicato número 2 de Sierra Gorda SCM que involucra a 407 trabajadores. Este mismo mes el sindicado personal administrativo de Quebrada Blanca tiene este mismo proceso, el cual considera a 265 trabajadores.

Pero son tres las negociaciones que involucran a la mayor cantidad de trabajadores. La primera es la que tendrá lugar en agosto. Se trata del sindicato minero de Codelco Chuquicamata. Esta incluye a 887 trabajadores.

Seguramente la atención estará puesta en estas tratativas, por la importancia que tiene Codelco para los ingresos del país. En mayo, la minera AMSA – Centinela deberá acordar con el Sindicato de Trabajadores (Operadores) N°1 que reúne a 814 funcionarios.

En ese mismo mes, el sindicato de trabajadores N°1 de Codelco Chuquicamata con 813 empleados deberá hacer frente a esta negociación. Y tambipen en mayo el sindicato número 3 de Codelco Chuquicamata negociará junto a sus 767 trabajadores.

Otro antecedente a tomar en cuenta es que del total de negociaciones, 8 corresponden a alguna división de Codelco, generando una mayor atención por parte de la opinión pública.

OTROS RIESGOS PARA EL SECTOR

Si bien estas negociaciones son una señal de alerta en sí mismo, más allá de que son procesos reglados, Merino comenta que estarán presentes otros riesgos para el sector, los que se deben monitorear de cerca.

Uno de ellos es que se produzca una disminución en las leyes del mineral mayor a lo estimado, “puede afectar la producción, a lo que se agrega un posible rebrote de Covid lo que naturalmente también podría reducir marginalmente el desempeño productivo”.

Uno que preocupa a este sector y que los mantendrá atentos es “la alta incertidumbre que genera actualmente la tramitación en el Congreso del denominado proyecto de royalty, como también las futuras normas que sobre minería propondrá la Convención Constitucional, han puesto un compás de espera a la inversión minera”, puntualiza el gerente de Estudios de la SONAMI.

Por ello, para Merino “es clave despejar estas incertidumbres a fin de que la inversión en minería se despliegue con fuerza” y califica como “crucial que estas normativas otorguen certeza jurídica, estabilidad y no afecten la competitividad de Chile como país minero”.

Para el ejecutivo “si hacemos bien esta tarea, daremos un impulso robusto a la inversión minera y esta volverá a ser un motor de crecimiento y desarrollo como lo fue en el pasado”.