CLEDIS CANDELARESI * 

Aunque uno de los postulados del reciente acuerdo mundial contra el cambio climático celebrado en Escocia compromete marginar al carbón como fuente primaria de energía, Argentina está decidida a robustecer el complejo de Río Turbio, incluyendo la culminación de una controvertida usina para generar electricidad desde Santa Cruz, que ya costó al erario más de US$1.600 millones, pero aún está inactiva. YCRT, la empresa estatal que comandó Aníbal Fernández hasta su asunción como ministro de Seguridad, recibió en 2021 un importante refuerzo presupuestario para robustecer su estructura semi ociosa que, de despabilarse, tal vez podría motorizar millonarias exportaciones.

YCRT está sostenida con aportes del Tesoro Nacional. El crédito presupuestario de este año trepó de 9.346 millones de pesos a 14.213 millones, incluyendo en esos giros lo necesario para ejecutar inversiones. El desgarrador dilema es si abandonar un complejo que resultó costosísimo para el Estado o asumir la dilapidación de recursos pasada y apostar a transformarlo en una nueva opción potencialmente generadora de divisas.

El gobierno de Mauricio Macri no pudo resolver qué hacer con el emprendimiento enclavado en aquella provincia patagónica. Su gestión tuvo detractores acérrimos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio –hoy a cargo de Germán Arribas, antes responsable de las finanzas-- y también defensores apasionados, convencidos que su puesta en valor permitiría vender al mundo carbón de calidad. Es decir, succionar divisas.

De hecho, en 2019 se despacharon a Brasil dos barcos de casi 25 mil toneladas cada uno y se habían alistado otras 16 mil, hasta que dificultades operativas por una medida de fuerza dejaron trunca la secuencia. El alto nivel de conflictividad en la empresa pública es una de las expresiones de los problemas de gestión que hoy transforman a Río Turbio en un gigante adormilado.

Desde 2002 su staff subió de 700 empleados a 2600. Esto permitió concretar algunas obras demoradas, como el galpón de acopio y un portal de acceso a la termo-usina, oxigenando así la vida de una mina con recurrentes etapas de parálisis. Pero ésto no garantizó la disponibilidad de producto. Menos para exportar.

Río Turbio es un complejo de varias patas. La central es la mina de carbón. También tiene dos usinas eléctricas alimentadas con él: una de 21 megawatts, en funcionamiento; la mayor, inconclusa. Finalmente un tren que puede recorrer 240 kilómetros hasta Puerto Punta Loyola o Río Gallegos, conexión con el Atlántico. Todo casi freezado.

No hay dudas de que se trata de un producto altamente contaminante. Pero el carbón sigue siendo un insumo clave para la producción de hierro y acero y más de un tercio de la matriz eléctrica del mundo depende de él, porcentaje que sube al 70% si se considera la matriz de Asia. De hecho, la reciente reanimación de la economía de China luego de la etapa más dura de la pandemia, hizo que ese país demandara tanto producto que su precio escaló dramáticamente.

Para especialistas locales, esa realidad abre una eventual ventana para que Argentina consiga dólares vendiendo carbón. Por ahora un anhelo de los defensores de este hidrocarburo maldecido por los cuidadores del planeta.

Igualmente complicada fue la decisión de qué hacer con la segunda usina, de 240 megas, cuya avanzada construcción a cargo de la quebrada firma española Isolux Corsam no sólo abortó sino que dio lugar a investigaciones judiciales. Hace tiempo la Sigen ya había consignado que los desembolsos duplicaban el valor real de una central, estimando que se requerían otros 230 millones adicionales para concluirla.

La administración de Alberto Fernández decidió terminar la central. A pesar de las dudas de cuán necesaria podría ser una usina para sumar electricidad al sistema interconectado nacional desde una fuente muy contaminante y lejana. Ni hablar si se confronta con la promesa de desarrollar una matriz más verde.

La transición energética está llena de contradicciones justamente por la convivencia de los combustibles fósiles, principales generadores de los gases que producen el efecto invernadero, y las fuentes renovables. En Argentina la posibilidad de tener más parques eólicos o solares está directamente condicionada por la existencia de nuevas líneas de alta tensión que permitan transportar esa electricidad. Si no se construyen, no vale aumentar la oferta verde. Y para eso hacen falta muchos dólares.

En la flamante cumbre de Glasgow el país también asumió el compromiso de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Pero de ningún modo Argentina dejará de apoyar la producción de gas y electricidad, prioritariamente generada por fuentes térmicas. En lo que va del año los subsidios energéticos insumieron 850 mil millones de pesos y nominalmente ese monto seguirá subiendo.

Parte de esos recursos son para completar a los productores el precio del gas producido en Vaca Muerta y animarlos a invertir. Parte, para construir un gasoducto que permita drenarlo. Hay consenso cerrado entre políticos de todo signo que a la Argentina le conviene consolidarse como una potencia gasífera, sustituir importaciones y vender al mundo durante la transición.

Para apoyar la producción de este hidrocarburo cuando el planeta parece combatirlo, existen al menos dos argumentos contundentes: el país aporta menos del 1% de la contaminación mundial y, como nación de menor desarrollo relativo, tiene derecho a completarlo; el gas es el que menos contamina y será por ello muy preciado en el tránsito de una matriz a otra.

* Licenciada en Comunicación Social. Periodista y asesora en medios