KAREM BARBOZA QUIROZ

Las presuntas irregularidades en el Caso Petroperú también se han trasladado a las acciones administrativas. La defensa del presidente Pedro Castillo busca apartar a la fiscal provincial Norah Córdova – a cargo de la investigación- y a sus adjuntos Luis Medina y Reynaldo Mina, por ingresar a Palacio de Gobierno.

Tras un pedido presentado por la defensa del mandatario, la Oficina de Control Interno del Ministerio Público ya inició las diligencias preliminares contra los tres representantes del Ministerio Público por presunta transgresión a las normas administrativas en el ejercicio de sus funciones.

El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, además anunció que acudirá a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para presentar una nueva queja contra Norah Córdova, la fiscal que investiga la licitación para la compra de Biodiésel B100 a la empresa Heaven Petroleum Operators por US$74 millones.

En declaraciones a El Comercio, Pachas adelantó que este martes acudiría ante la JNJ para presentar la nueva denuncia. “Estamos esperando que sea el día hábil (¿Accionarán contra la fiscal Córdova ante la JNJ?) Por supuesto, por ley nos corresponde y estamos esperando que se habilite el día. Se va a ingresar a primera hora”, adelantó.

Su queja no fue aceptada

El viernes 24 de diciembre, la Oficina de Control Interno del Ministerio Público se pronunció rechazando la queja funcional que interpuso el abogado del mandatario, quien solicitó la destitución de Córdova, Medina y Mina por presuntas faltas graves a la Ley de Carrera Fiscal.

Pachas había fundamentado su petitorio alegando parcialización de la fiscal Córdova contra el presidente Castillo debido a los comentarios que realizó en sus redes sociales. También alegó vulneración al derecho de defensa por no permitirle participar en las diligencias en Palacio de Gobierno el 20 y 22 de diciembre.

No obstante, la fiscal adjunta superior Silvana Rejas Cevasco, declaró “improcedente” la queja interpuesta contra los tres fiscales por no ser parte de las investigaciones que se vienen desarrollando en el Caso Petroperú.

Por ello, invocó el inciso “d” del artículo 32 del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, que dispone rechazar la denuncia por “carecer de legitimidad e interés para obrar”.

Las indagaciones de oficio

Sin embargo, la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, sí consideró pertinente abrir una indagación preliminar de oficio contra la fiscal Córdova por las noticias que se propalaron sobre su presunta posición política. Por ello, deberá responder por los comentarios en sus redes sociales contra Pedro Castillo y su candidatura presidencial.

Además, diversos medios de comunicación dieron cuenta de la versión del abogado Eduardo Pachas, quien afirmó que existiría un “odio” contra Castillo al sostener que representa al “comunismo”.

También se dispuso abrir indagaciones preliminares contra los fiscales adjuntos Luis Medina y Reynaldo Mina, por haber ingresado a Palacio de Gobierno por su actuación durante las dos diligencias que se realizaron en Palacio de Gobierno -según versiones del abogado Eduardo Pachas recogida en medios de comunicación- y haber querido recoger declaraciones del personal de dicha institución.

Los plazos

Tras darse inicio a las diligencias preliminares, los fiscales provinciales tendrán 5 días hábiles para presentar su versión respecto a los hechos por los que vienen siendo investigados. Luego de ello, la Oficina de Control Interno determinará si abre o no un proceso disciplinario en contra de Córdova, Medina y Mina.

Según el abogado penalista Andy Carrión, debido a que se trata de un proceso administrativo, el plazo que se contempla para una indagación preliminar es de 30 días hábiles y de allí se tendrá que dar un pronunciamiento. Todo, dijo, dependerá de la información que se necesite para analizar el caso.

Carrión consideró importante precisar que la defensa de Castillo Terrones no podrá participar en el proceso de investigación que realiza Control Interno contra los tres fiscales, debido a que su queja fue rechazada.

“¿Por qué se le rechazó? Porque no es parte. Si uno habla en términos formales, el presidente de la República no es investigado en la carpeta fiscal que lleva Norah Córdova, no está investigado y por tanto no puede atribuir alguna conducta irregular a una fiscal que no lo tiene a él dentro de su investigación. Es evidente que tiene que rechazar esta denuncia y por ende no se le notifica al abogado y ya no puede presentar documentos”, explicó.

Poco probable una sanción

Carrión Zenteno consideró “poco probable” que la fiscal provincial Norah Córdova pueda ser sancionada por una falta grave referida a un potencial investigado.

“Es que al no ser Castillo el investigado, la pregunta sería ¿cómo ella estaría transgrediendo los derechos del investigado si él no tiene esa condición formalmente hablando?. Si bien es cierto que ella hizo estas afirmaciones en sus redes sociales, la pregunta sería si ¿está afectando propiamente al presidente en su investigación?”, comentó.

Según el Reglamento de Oficina de Control Interno del Ministerio Público se prevé sanciones como la amonestación, multa (no menor del 5% ni mayor del 25% de su haber básico), suspensión (no podrá exceder los 30 días con rebaja del 50% de su haber básico) y hasta la destitución.

No obstante, sí consideró que los hechos podría “ameritar quizá sería un llamado de atención” puesto que los fiscales no solo deben ser objetivos; sino también aparentarlo.

“Yo creo que por allí podría originar un llamado de atención, pero dudo que esto pueda devenir en alguna sanción administrativa mucho más fuerte respecto a la fiscal, porque el impedimento más claro que veo y que sería determinante a la hora de evaluar si se sanciona o no a los fiscales, es responder de qué manera está afectando derechos que una persona que no está investigado”, expresó.

Sobre una presunta inhibición del caso, aclaró que no puede ser consecuencia de un recurso interpuesto por alguien que no es parte dentro de la investigación por la que se está cuestionando a los fiscales. No obstante, no descartó que pueda ser una medida interna que se adopte dentro de la coordinador de las fiscalías anticorrupción.

Finalmente, Carrión consideró que es un “sin sentido” el recurso de hábeas corpus que interpuso la defensa del presidente Castillo contra la fiscal Norah Córdova por un presunto pedido de allanamiento a las oficinas de Palacio de Gobierno.

En primera línea, explicó que la demanda constitucional será admitida, no porque haya alguna razón en el fondo de la demanda, sino porque el Nuevo Código Procesal Constitucional obliga al juez a no rechazar ninguna demanda y que procesa a darle trámite.

En segundo término, estimó que el recurso “no tiene asidero” pues el hábeas corpus tiene como finalidad garantizar la libertad individual de las personas. Y, en este caso, “¿cómo va a vulnerar los derechos de alguien que no está siendo investigado? En todo caso sería la entidad presidencial como tal; sino contra la institución, pero el recurso se ha interpuesto a nombre de Pedro Castillo”, añadió.