El gobierno brasileño suspendió las siete autorizaciones que había concedido para que empresas mineras explorasen posibles minas o vetas de oro en una región de la selva amazónica, altamente preservada, y próxima a la frontera con Colombia y Venezuela.

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que defiende la explotación minera hasta en las reservas indígenas en la Amazonía, decidió suspender las licencias concedidas tras el rechazo de los propios órganos reguladores y las duras críticas de los ecologistas.

La cancelación de los permisos está prevista en un decreto publicado en el Diario Oficial y que lleva la firma del ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, Augusto Heleno Ribeiro, un general de la reserva que se ha convertido en uno de los principales colaboradores del líder de la ultraderecha brasileña.

Las autorizaciones fueron concedidas hace algunas semanas por el propio Ribeiro, pese a que su Gabinete responde por asuntos de seguridad de la Presidencia y no tiene relación con el área de Minas y Energía, y generaron una intensa polémica debido a que permiten la búsqueda de minerales en una de las áreas más preservadas de la Amazonía.

Ribeiro firmó los dos decretos, tanto el que autorizaba la exploración minera como el que suspendió los permisos, en su condición de secretario ejecutivo del Consejo de Defensa Nacional, órgano que aconseja a la Presidencia en asuntos de soberanía y defensa.

Las siete autorizaciones concedían a empresas mineras derechos para buscar oro en diferentes áreas de interés en la región conocida como Cabeza de Cachorro, en jurisdicción de Sao Gabriel da Cachoeira, municipio amazónico del estado de Amazonas que cuenta con algunas de las áreas selváticas mejor preservadas del país.

Las áreas de interés de los mineros, además, están próximas a las fronteras de Brasil con Colombia y Venezuela y a importantes reservas tanto indígenas como ambientales.

Sao Gabriel da Cachoeira es considerado como uno de los municipios de mayor importancia para los indígenas en el país por contar con reservas de 23 diferentes etnias.

Ribeiro reconoció que las autorizaciones que concedió fueron cuestionadas por no solo por la Fundación Nacional del Indio (Funai) y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) -ambas estatales- sino también por la Agencia Nacional de Minería (ANM), regulador del sector.

La Fiscalía llegó a abrir una investigación para analizar la procedencia y la legalidad de la autorización concedida por Ribeiro ante los riesgos ambientales generados por las medidas.

Según versiones de prensa, los fiscales que solicitaron la apertura de la investigación sospechan que las autorizaciones buscan preparar el terreno para permitir la minería en las reservas indígenas en la Amazonía, una promesa de campaña de Bolsonaro.

Brasil fue uno de los países más cuestionados en la conferencia de cambios climáticos COP26 por la falta de control en la destrucción de la Amazonía, algo que también ha llevado a algunos países europeos a amenazar con vetar la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

La deforestación de la Amazonía alcanzó niveles récord en el gobierno de Bolsonaro y llegó a 13.235 kilómetros cuadrados entre agosto de 2020 y julio de 2021, la mayor área degradada para un período de 12 meses en los últimos 15 años.

Según un estudio divulgado la semana pasada por la organización defensora de derechos humanos Instituto Socio Ambiental (ISA), la deforestación en las zonas protegidas de la Amazonía brasileña durante los tres años de gobierno de Bolsonaro creció un 79%, frente a la devastación registrada entre 2016 y 2018.