ÓSCAR CHUMPITAZ

Asesinatos que no trascienden, abuso de mujeres atrapadas en redes de prostitución y trata, extorsiones, corrupción y sicariato vuelven a poner sobre el tapete la tragedia social y ambiental que viene generando, nuevamente, la proliferación de buscadores de oro en La Pampa, Madre de Dios.

Y también pone al descubierto la incapacidad estatal para detener una actividad que crece cada día, pese a que durante casi dos años estuvo controlada por la Operación Mercurio, paralizada desde el 31 de diciembre del 2020.

La minería ilegal es una actividad que mueve entre 1.000 y 1.300 millones de dólares cada año. Ahora las mafias han incursionado en zonas prohibidas, dentro de territorios como la comunidad nativa de San Jacinto y Tres Islas, en el distrito y provincia de Tambopata.

En San José de Karene, la minería ilegal también ha impactado el 29.1% de su territorio. En Sarayacu, comunidad en el kilómetro 110 de la Carretera Interoceánica, en la margen derecha de la zona de La Pampa, a orillas del río Inambari, los agricultores se oponen a la minería a costa de sus vidas.

Al menos tres agricultores han sido asesinados dentro del área de influencia. Sin embargo, son muchos los crímenes que pasan desapercibidos.

Crímenes mafiosos

En abril pasado, el suboficial de segunda PNP Cristher Kevin Palomino García fue asesinado y su cuerpo fue encontrado acribillado dentro de una bolsa, en una trocha carrozable, a unos 1.500 metros de la base policial ECO, a la altura del kilómetro 108 de la carretera Interoceánica, en La Pampa.

En esa misma zona fue encontrado el cuerpo de una adolescente de 16 años con signos de haber sido estrangulada. Un año y medio antes, la Policía la había rescatado de una banda de trata de personas que la explotaba sexual y laboralmente en los bares de ese lugar.

La República tuvo acceso a una fuente de inteligencia del Ejército que da cuenta cómo alrededor de la minería ilegal grupos criminales están montando negocios paralelos que no se limitan a la extorsión, al sicariato o la deforestación.

La vida por sus tierras

Una reciente investigación del periodista Manuel Calloquispe, publicada en el portal Inforegión, relata los crímenes registrados por la seguridad de mineros ilegales en La Pampa, Madre de Dios. Se calcula que unas 30 personas habrían sido asesinadas.

Benito Humeres Surco, un agricultor de Alto Manuani, fue asesinado en La Pampa. Un mes antes, un minero llamado ‘El Chino’ quiso comprar su terreno, pero este se negó.

Otro caso es el de José Cañihua Nina, dueño de una parcela, quien también fue asesinado por negarse a alquilar su territorio a un grupo de mineros. El mismo destino tuvo Primitiva Gutiérrez del Castillo, propietaria de una parcelera en la comunidad Virgen de la Candelaria.

El asesinato de Roberto Carlo Pacheco Villanueva, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco Estaca, a manos de los delincuentes que controlaban el ingreso del kilómetro 98 de la zona de La Pampa y que buscaban ampliar sus actividades en la concesión de reforestación de Pacheco, también estaría relacionado a esta lista de crímenes que tienen que ver con actividades de minería ilegal.

Alto a la corrupción

Fuentes militares pidieron que el comando de la Policía realice una profunda fiscalización de los operativos que ejecutan miembros de esa institución, pues consideran que habría corrupción en algunos puestos claves destacados en la zona.

Según el Monitoreo de Deforestación en la Amazonía (MAAP), la deforestación por minería aurífera en La Pampa se desplomó un 90% tras la Operación Mercurio. Hoy los mineros han revertido esa situación.

Claves

Sicario. ‘Venado’ sería uno de los sicarios de la banda ‘Los Guardianes de la Trocha’ que opera en La Pampa.

Disputas. La ‘guerra’ entre las mafias de ‘seguridad’ habría causado la muerte de unas 30 personas en la zona minera.

A prevenir y combatir la corrupción

KARINA GARAY TAPIA *

El tema de La Pampa es muy complejo, pero con persistencia se podrá acabar con la minería ilegal y sus delitos conexos.

Se requiere de un trabajo preventivo en todos los aspectos: jurídicos y sociales. No se trata de realizar tan solo interdicciones. Con eso tan solo se logra que el minero quiera recuperar lo que le destruyeron y trabaja el doble. 

No se trata de llenar los penales con mineros ilegales, recordemos que la pobreza motivó a muchos de ellos a migrar a Madre de Dios. 

Se trata de realizar un trabajo interinstitucional, entre todos los sectores, concientizar a las personas sobre las prohibiciones y riesgos de la minería ilegal; se debe educar una cultura ambiental.

Por otro lado, debe haber control permanente de maquinarias e insumos al ingreso a Madre de Dios; hay que reforzar la promoción de programas alternativos para que la gente pueda trabajar en ellos (reforestación) y por último y más importante, se debe repeler la corrupción.

* Ex fiscal especializada