PIERO GHEZZI *

Necesitamos generar consenso sobre cómo desarrollar la minería en nuestro país. La transformación hacia un crecimiento limpio en el mundo implica electrificación y una demanda creciente por cobre (y otros minerales). Por ejemplo, un auto eléctrico contiene cinco veces más cobre que uno con motor de combustión.

Esta demanda creciente se enfrenta con una oferta muy restringida. En mayo de este año, comenzó a producir Kamoa-Kakula (en Congo), casi un lustro después de Las Bambas. Y luego de Quellaveco y Quebrada Blanca (en Chile), que entrarán en producción en 2022, no hay nuevas grandes minas en el horizonte. La oferta está restringida también por la caída de la ley, particularmente en Chile: esta década, Codelco debe invertir US$ 35,000 millones solo para evitar que su producción caiga.

El desbalance entre oferta y demanda conlleva razones estructurales que permiten esperar un superciclo de precios incluso mayor que el de comienzos de siglo.

¿Cómo aprovecharlo? El Estado debe tomar la decisión política de liderar una apuesta por la minería. Pero “decisión política” no equivale únicamente a decir “este proyecto va”, sin haber desarrollado todo el trabajo previo que lo haga socialmente viable. Implica entender las preocupaciones de la población. Si su calidad de vida no mejora, protestará (o será fácilmente manipulada por extremistas). Se requiere una nueva estrategia, que vaya más allá de solo aplacar conflictos sociales. Debe apuntar a cerrar dos brechas: la social y la productiva.

Cerrar la brecha social implica proveer bienes y servicios públicos (educación, salud, saneamiento, etc.) que mejoren la vida de la población. Esto requerirá que el Estado ingrese de una manera proactiva y articulada. Para ello, se necesita un articulador (idealmente el MEF) que tenga el tablero de control y haga seguimiento a los ejecutores, que pueden ser el Gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, el sector privado (a través de OXI), etc.

Cerrar la brecha productiva se puede medir en términos de generar buenos empleos (y ayudar a la sofisticación productiva del país). Debemos ser ambiciosos, pero realistas.

La minería debe ser una plataforma para desarrollar empresas basadas en la economía del conocimiento. Pero es un esfuerzo de largo aliento: las empresas mineras privilegian a proveedores internacionales con los que tienen una relación de años.

Además, los proveedores más sofisticados no generan empleo para la mano de obra usualmente poco calificada de las zonas de influencia minera. Por ello, debe fortalecerse el esfuerzo (que ya realizan las mineras) de ayudar a que empresas locales obtengan los estándares requeridos para ser proveedores en segmentos menos sofisticados de la cadena minera, lo que implica un trabajo continuo de acompañamiento.

Esto se debe complementar con diversificación productiva territorial (DPT). La cadena de valor minera no podrá generar empleo suficiente por sí sola. La minería es la más interesada en que se desarrollen otras cadenas de valor (agricultura, ganadería, acuicultura, etc.) que, además, perdurarán cuando se agote el mineral.

Facilitar la DPT requiere aceptar las limitaciones de lo que hacemos actualmente. Típicamente, los gobiernos subnacionales apoyan a pequeños agricultores: promueven asociatividad, proveen semillas certificadas, asignan fondos, etc. Pero tienen serios inconvenientes. Primero, no conocen bien los retos productivos y comerciales por superar. Segundo, los esfuerzos son aislados y dispersos. Tercero, muchos apuntan a paliar conflictos, no a generar negocios sostenibles. Y el MEF cree que hizo su labor transfiriendo presupuesto. Las empresas mineras también hacen algunos esfuerzos, pero, por falta de socios clave, tienen problemas en facilitar la DPT.

La manera más eficiente de avanzar es atraer a empresas (agrícolas, acuícolas, etc.) que ya conocen el sector y puedan ser tractoras. Ello requiere un articulador que convoque a los actores relevantes (Estado –en sus tres niveles–, empresas mineras, pequeños productores, potenciales tractoras, etc.) para identificar los problemas más acuciantes e implementar soluciones. Para que esto funcione, debe ser un negocio para la empresa tractora, y para ello se deben reducir sus costos de comprar a pequeños productores.

Esto no es solo un planteamiento teórico. En el último año, el ITP y el CITE Agroindustrial de Moquegua han trabajado para articular la cadena de valor de la palta hass en la región. Están trabajando con Anglo American (Quellaveco), con Westfalia Fruit Peru (el segundo exportador de paltas del país) y con asociaciones de pequeños productores, con el objetivo de duplicar la productividad de estos últimos y generar un efecto demostración (producto moqueguano para el mundo - Anglo American).

Debemos ser inflexibles con el cuidado de los estándares, pero hay mucho espacio para mejorar las normas existentes. Muchas son irracionales y generan distorsiones. Desalientan la inversión minera indispensable para financiar el cierre de las brechas sociales y productivas. El Gobierno no puede caer en el error de pensar que las señales contradictorias que da no la afectarán. Convocar una reunión con los CEO del sector no basta. Debemos transitar de un enfoque sobre qué más podemos exigir a las mineras a uno sobre cómo podemos hacer para que los recursos mineros nos acerquen al desarrollo.

* Economista peruano, ex ministro de la Producción del Perú