MARCO AQUINO
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el gremio que reúne a las mayores empresas mineras de Perú, rechazó la propuesta del gobierno de elevar al menos tres puntos porcentuales la carga tributaria al sector, y dijo que se arriesgan más de US$ 50.000 millones en futuras inversiones en el segundo mayor productor mundial de cobre.
El ministro de Economía, Pedro Francke, afirmó el domingo que de acuerdo a un informe del Fondo Monetario Internacional que asesora a Perú en temas tributarios, el nivel de impuestos mineros se ubica en 41,7% promedio, menor a otros países como Chile y Canadá y por eso se busca elevarlo para financiar principalmente programas en salud y educación.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía afirmó que esa propuesta "erosiona irremediablemente" la competitividad en la minería, el motor de la economía del país andino.
"Consideramos que existe amplia evidencia de que la carga tributaria a la minería en la actualidad se acerca al 50% de las utilidades y es más alta que la existente en Chile (40,7%), Canadá (35,5%) y Australia (44,3%), países mineros con los que el Perú compite directamente", dijo en un comunicado.
Para ello el gremio minero hizo referencia a estudios sobre el tema de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de otros reportes privadas locales.
El gobierno del presidente izquierdista Pedro Castillo busca que el Congreso dominado por la oposición le otorgue antes de fin de año poderes para legislar sobre una reforma tributaria, principalmente en el sector minero beneficiado actualmente por los altos precios internacionales de los metales.
La sociedad minera dijo que el Ministerio de Economía de Perú ha estado realizando "una interpretación particular" del informe preliminar del FMI, el cual aún no ha sido difundido públicamente a la espera de la autorización del organismo.
"Un mal rediseño del esquema tributario desincentivará las inversiones en ampliaciones de minas ya operativas y en nuevos proyectos mineros. Se pone en peligro futuras inversiones por más de 50.000 millones de dólares", afirmó el gremio minero.
Desde que el mandatario Castillo asumió al poder a fines de julio con la promesa de dar mayores beneficios a las comunidades marginadas, el sector encara una ola de protestas en medio de reclamos por preocupaciones ambientales y sociales.
