HENRY OPORTO

Vientos de cambio asoman en la minería boliviana por los anuncios, en las últimas semanas, de transferencias de acciones propietarias de algunas compañías mineras privadas.

Las operaciones comerciales involucran, en particular, la venta de dos empresas (Sinchi Wayra y la Sociedad Minera Illapa) del grupo minero Glencore a la canadiense Santa Cruz Silver Mining. Y, también, nada menos que la compañía más grande en Bolivia en el rubro, Minera San Cristóbal, cuya transferencia está en proceso de negociación, aunque todavía sin un destinatario claro.

Estas y otras transferencias –algunas menos publicitadas– parecen marcar el fin de una época en el sector minero privado del país. Al mismo tiempo, podríamos estar en el umbral de otra etapa de nuevos proyectos de minería con participación de capitales extranjeros, pero de cuyos contornos y alcances se sabe poco; la información, por ahora, es elusiva, y son más las interrogantes que las respuestas. Así y todo, hay movimientos que pueden reconfigurar nuestra minería.

El momento no podría ser más desafiante: el boom del gas natural ha terminado para Bolivia, y otra vez los minerales se erigen como el principal rubro de exportación del país. Desde el año 2016, el valor exportado de los productos minerales supera al valor declinante de las exportaciones de gas. Una vez más, la economía de Bolivia depende en buena medida de la extracción de minerales.

Esta perspectiva cobra más sentido con las tendencias actualmente favorables de la minería mundial, de precios altos y de expansión del mercado. Un crecimiento promedio de 2% en la demanda mundial de minerales implica que ésta se duplicará cada 35 años.

Por su parte, la revolución energética y tecnológica genera un nuevo y creciente requerimiento de productos mineros no tradicionales (litio, cobalto, niobio, tantalio, uranio, bismuto, tierras raras, indio, galio, germanio y otros), para los cuales Bolivia tiene un atractivo potencial geológico, a la vez que mantiene su potencial de recursos minerales tradicionales.

Todo ello conlleva el desafío de construir una minería dinámica, moderna y sustentable. Supone, además, vencer los cuellos de botella en la actividad minera, y allanar el camino para hacer de Bolivia un país más atractivo a la inversión minera.

El breve auge de inversión minera

El período, que concluye, comenzó a principios de los 2000 con importantes inversiones exploratorias y en desarrollo de nuevos emprendimientos mineros2 . Nos referimos, sobre todo, a tres proyectos de apreciables dimensiones: San Cristóbal (zinc, plata y plomo), San Bartolomé (plata) y San Vicente (zinc, plomo, plata y cobre).

Tales inversiones, estimadas en su día en aproximadamente 1.300 millones de dólares (llegarán a más de 2 mil millones de dólares, en los años siguientes), fueron posibles por una política de apertura al capital extranjero y de fomento a la inversión privada, bajo el impulso y amparo del Código Minero de 1997.

Los resultados son elocuentes. De hecho, creció la producción y se incrementaron significativamente las exportaciones mineras, especialmente a partir del año 2008. La nueva minería de complejos polimetálicos y plata refinada, que emergió con tales inversiones, dio una renovada vida a la minería boliviana, tras el desplome de las explotaciones de estaño, a mediados de los años ochenta, y que importó el colapso de la Comibol.

Precisamente, fueron compañías privadas como San Cristóbal, Manquiri (San Bartolomé), Pan American Silver (San Vicente), Sinchi Wayra (filial de la suiza Glencore, y heredera de varias de las minas de Comsur), y Orvana Minerals (propietaria de la mina Don Mario en Santa Cruz), las que tomaron la posta y constituyeron el puntal de la recuperación minera, aportando capital, innovación, nuevos procesos productivos (como el sistema de explotación a cielo abierto), plantas modernas de recuperación y procesamiento, alta gerencia y nuevas oportunidades comerciales.

Ya para 2011, las exportaciones de este grupo de empresas representaron el 60% de todas las exportaciones mineras del país.

Es más, gracias a las transformaciones productivas de la remozada minería privada, se crearon las condiciones necesarias para que la economía boliviana pueda favorecerse de los precios históricos de los minerales en el super ciclo de materias primas; una circunstancia que, para Bolivia, tuvo su mayor impacto económico entre 2006 y 2014; incluso, para soportar mejor las fluctuaciones de las cotizaciones internacionales.

La deriva populista

Desgraciadamente, aquel ciclo benéfico de inversiones se interrumpió abruptamente con el cambio de las reglas de juego. La deriva populista y nacionalista de la política minería, ocurrida a partir de 2006, con la nacionalización de Huanuni, la resolución unilateral de concesiones y contratos, las ocupaciones de minas, el control político y administrativo de la actividad minera, dio paso a la incertidumbre política y la inseguridad jurídica, afectando severamente las posibilidades de inversión y desarrollo de nuevos proyectos.

Bolivia perdió la confianza de los inversores, y se desplomaron sus calificaciones en los ránkings internacionales de inversión en minería.

Comprensiblemente, las compañías ya instaladas en el país, fueron renuentes a invertir en labores de exploración; limitaron sus esfuerzos a explotar las minas ya existentes y, cuando más, a ejecutar programas restringidos de expansión de reservas en áreas circundantes.

Como resultado, el horizonte de estas empresas se ha ido acortando a la vida útil de sus operaciones, con el agravante de que varias han agotado sus reservas o están ya próximas a una etapa de menor rentabilidad y cierre de minas. No sorprende, por tanto, que los dueños de las empresas quieran transferir sus intereses en Bolivia o que elijan abandonar el país.

No todas son malas noticias

Así como hay empresas que se van, hay otras que llegan. Destacamos aquí tres casos. 

New Pacific Metals es una compañía canadiense centrada en la exploración y desarrollo de metales preciosos, y que ya cuenta con una exploración avanzada de la mina de plata Alcira (denominada Silver Sands), en el departamento de Potosí –tal vez el yacimiento de plata más grande en las últimas décadas–.

New Pacific tiene como principales accionistas a Silvercorp Metals Inc. (el mayor productor de plata primaria de China), y Pan American Silver (que opera la mina San Vicente en Bolivia, por varios años). Además de la mina Alcira, cuenta con otros prospectos exploratorios en Carangas (Oruro) y Silverstrike (al suroeste de La Paz), programados para arrancar a corto plazo. 

Eloro Resources, es otra compañía canadiense de exploración y desarrollo minero con una cartera de propiedades de oro y metales básicos en Bolivia, Perú y Quebec (Canadá). El oro tendría la opción de adquirir una participación mayoritaria en la mina Iska Iska, un complejo polimetálico de plata-estaño, en la provincia Sud Chichas, Potosí.

La canadiense Andean Precious Metals, propietaria actual de la planta de San Bartolomé (construida y operada por la empresa Manquiri durante varios años), procesa hoy en día 1,6 millones de toneladas de mineral de plata por año, a partir de depósitos del Cerro Rico de Potosí, dando así continuidad a las operaciones de Manquiri. Lo más importante de esta compañía es su decisión de acometer nuevos proyectos de inversión en Bolivia, anunciándose una cartera de activos de exploración, entre ellos los proyectos San Pablo y Río Blanco, como los más avanzados y de apreciable tonelaje, en el departamento de Potosí.

A los emprendimientos mencionados habría que agregar los proyectos de la canadiense Silver Elephant, en Pulacayo, y la ya referida compañía Santa Cruz Silver Mining, que recién ha adquirido las empresas Sinchi Wayra e Illapa del grupo Glencore.

Con cierto optimismo se podría pensar que, si acaso este conjunto de nuevas iniciativas empresariales y de inversión, lograra cristalizar, quizás pudiéramos estar asistiendo al despuntar de una nueva etapa de la minería privada en Bolivia.

La perspectiva promisoria

Un aspecto sobresaliente es la participación de compañías canadienses en los nuevos emprendimientos que se perfilan en Bolivia. Recuérdese que Canadá es una potencia mundial en minería, y la reputación de sus empresas en la arquitectura de una minería sustentable, está fuera de duda.

Si bien la presencia de inversiones canadienses en proyectos mineros en nuestro país no es un acontecimiento inédito, no pasa desapercibido el hecho de que, ahora mismo, el interés de inversionistas de ese país esté tomando cierto vuelo, al punto de ser protagonistas de varios de los emprendimientos que parecen tomar forma. A todas luces, el liderazgo de la inversión canadiense en la minería boliviana sería promisorio.

Para ello, no obstante, deben sortearse escollos complejos, tanto políticos como sociales.

Desde la promulgación de la Ley de Minería y Metalurgia, en 2014, el régimen de Evo Morales falló en todos sus intentos por captar el interés de los inversionistas extranjeros de instalarse en Bolivia.

A su modo, la suya fue una manera hasta cierto punto vergonzante de admitir que la idea de refundar la Comibol como la empresa minera dominante en la minería boliviana, no ha funcionado y no va a funcionar. Si bien nunca lo dirán en público, el MAS y sus líderes saben que la única posibilidad de promover el desarrollo de la minería en el país es mediante la inversión privada.

Lo incongruente de su postura es que no quieren –o no pueden– remover los obstáculos que impiden o frenan la llegada de nuevas inversiones. Tampoco el actual presidente Luis Arce parece dispuesto a modificar la Ley de Minería, que, de verdad, es lo que se requiere para crear un marco normativo y regulatorio más apropiado y estimulante.

Se explica así, la inacción y el letargo de la minería boliviana, por tantas décadas. Entretanto, las oportunidades favorables están ahí, sin que los bolivianos seamos capaces de aprovecharlas.

Es justamente lo que sucede, hoy en día, cuando el mercado internacional vive una nueva coyuntura alcista de precios de los minerales, con la demanda de minerales en crecimiento; una circunstancia que bien podría implicar la oportunidad de un renacimiento de nuestra minería. Lo cual solo es posible incrementando y diversificando la capacidad productiva de minerales.

Dualidad de la realidad minera

En Bolivia coexisten dos tipos minería: de un lado, un gran número de minas operadas en condiciones muy precarias, mayormente por cooperativas, y en el margen de la informalidad. Del otro lado, una minería empresarial moderna y competitiva, compuesta por compañías de capital extranjero; sus operaciones son de alta productividad, con uso intensivo de capital y tecnología, una gestión amigable con el medio ambiente y la protección debida de sus trabajadores.

Un tercer actor es la estatal Comibol, relegado a un papel marginal en la producción minera y, lo peor de todo, repitiendo los mismos males que condujeron a su bancarrota: burocracia hipertrofiada, baja productividad, falta de capital, tecnología y personal calificado, proyectos mal concebidos, sucesivas pérdidas económicas, dependencia de subsidios estatales.

En estas condiciones, un mayor achicamiento de las empresas mineras privadas o el deterioro significativo de sus capacidades productivas, conlleva enormes riesgos para toda la minería y en general para la economía nacional, particularmente del occidente del país. Baste recordar, con datos de 2019, que el sector privado aporta el 74% del total de la renta minera; prácticamente 3 cada 4 dólares de la recaudación fiscal por regalías e impuestos.

Precisamente, es el arribo de nuevas inversiones lo que puede detener el peligro de una declinación irreversible de la actividad minera privada, un peligro sobreviviente del agotamiento de sus yacimientos y por la carencia de inversiones en exploración y en nuevos desarrollos mineros.

De lo contrario, ya no habría barreras para una casi completa informalización de la actividad minera, con el consiguiente daño irreparable a los recursos extractivos, el medio ambiente, el empleo, y la economía de las regiones mineras.

Y no solo eso. Lo que hoy ocurre con la decadente producción hidrocarbúrifera del país debería ser una lección poderosa: la falta de inversiones oportunas en exploración ha provocado la disminución de reservas, con la consiguiente pérdida de capacidad productiva. Dada esta restricción, no ayuda mucho que aumente el precio de exportación de nuestro gas si, al final, el volumen exportado es menor o no hay cómo incrementarlo.

Efecto manada

De ahí, pues, la relevancia de los nuevos emprendimientos que se anuncian en la minería privada, sobre todo por cuenta de algunas compañías canadienses –sin desmerecer otras que pudieran estar en gestación, incluso con la posible participación de capitales bolivianos–. Sería, a no dudarlo, la salvación de la minería boliviana, en un momento delicado y crítico.

Y quizás no solo eso. El economista Gonzalo Chávez hace notar que, muchas veces, en el comportamiento de la inversión extranjera, suele producirse el “efecto manada”; esto es, que cuando una empresa líder entra en una economía, hay otras que la siguen y cuando alguien sale del mercado, también otras acompañan.

Esta parece ser la encrucijada en que se halla la minería boliviana. O seguimos en la inercia de la ausencia de una verdadera política de desarrollo minero, y dejamos que las pocas empresas privadas levanten las manos, o bien nos decidimos a hacer lo que el sentido común aconseja: recrear un clima de seguridad jurídica, libertad económica, impuestos razonables, incentivos a las inversión, facilitación y transparencia en los contratos, estabilidad social, cooperación público-privada, gobernanza y profesionalidad en los organismos públicos.

Si, a pesar de todas las condiciones adversas para la inversión extranjera de los últimos 15 años, un puñado de empresas privadas ha demostrado resiliencia, y ha sido capaz de desenvolverse con un relativo éxito y que, ahora mismo, no obstante las dificultades, existan inversores lidiando por sacar adelante sus inciativas, habría que imaginarse cuánto pudiera lograrse si es el propio gobierno boliviano quien decide alinearse con los emprendedores mineros nacionales y extranjeros para resolver los cuellos de botella y para facilitar los proyectos de inversión. 

¿Será ello posible?