El gobierno de Alberto Fernández volvió a ponerse a ponerse del lado de los países que sostienen al régimen de Daniel Ortega, que fraguó las últimas elecciones y mantienen presos a sus principales adversarios políticos.

En el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el embajador argentino Carlos Raimundi expresó que la Casa Rosada “rechaza aplicar sanciones y medidas unilaterales” ante las violaciones a los derechos humanos confirmadas por instancias internacionales.

“Argentina rechaza la idea de aplicar sanciones o medidas unilaterales que lo único que logran es exacerbar las tensiones y perjudicar la situación de las ciudadanas y los ciudadanos, creando paradójicamente un clima para tratar de justificar una mayor intervención externa. Priorizamos la gestiones diplomáticas y el diálogo, abogamos por la reconstrucción de los canales de comunicaciones con las autoridades nicaragüenses para que, en pleno ejercicio de su soberanía, se pueda al mismo tiempo lograr el pleno cumplimiento de los derechos humanos”, afirmó el funcionario.

El discurso de Raimundi desactivó así el giro que pareció dar la administración de Alberto Fernández cuando votó el 13 de noviembre pasado en la Asamblea General de la OEA una resolución que puso en discusión la legitimidad de las elecciones y citó para discutir en el seno de la Comisión Permanente “acciones apropiadas” contra el régimen que tiene encarcelados opositores y mantiene el poder omnímodo desde hace décadas en Nicaragua.

El embajador argentino ante la OEA rechazó las "sanciones o medidas unilaterales" contra el régimen de Daniel Ortega.

Esa propuesta había sido impulsada por Estados Unidos y una multiplicidad de países democráticos de la región, que avalaron el planteo que llevó a discusión el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El voto de la Argentina junto a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Jamaica, Panamá, Surinam, Trinidad & Tobago, Venezuela (la representación está en manos de Juan Guaidó), Antigua y Barbados, Dominica, Barbuda y República Dominicana parecía significa una reformulación de la política exterior. 

Mientras que Andrés López Obrador (AMLO) se abstuvo y junto a él se alinearon Santa Lucia, San Vicente & Granadines, Honduras, Belice y Bolivia. Todos países que dependen del petróleo que envía Maduro, de la inteligencia que aporta Cuba o de las relaciones de poder que mantienen con Rusia y China.

El proyecto de Resolución estableció el martes de 30 de noviembre como plazo máximo para tomar “las acciones apropiadas” contra Nicaragua por haber ejecutado una farsa electoral que benefició al líder sandinista Daniel Ortega.

Y propone que el Consejo Permanente haga “una evaluación colectiva inmediata de la situación (nicaraguense), de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana”.

En ese contexto fue que el embajador argentino ante la OEA inició su discurso con la siguiente frase: “Para evitar cualquier tipo de tergiversación como me ha sucedido en otra oportunidad, Argentina agradece la lectura de los informes de la Comisión Interamericana y del delegado de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, se reconoce parte fundamental del sistema interamericano de derechos humanos y del sistema internacional a pesar de que hemos tenido críticas recíprocas, diferencias, reuniones tensas con la comisión, nosotros ratificamos de manera indeclinable nuestro compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema internacional de derechos humanos”.

“La preocupación por la situación de las detenciones en Nicaragua las hemos expresado entre otras alternativas con nuestro voto en organismos internacional, y con el llamado a consulta de nuestro embajador, que ya está de regreso en la capital de Nicaragua. No podría ser de otra manera nuestro compromiso con el sistema interamericano, porque en Argentina en el año 1979 se produjo un antes y un después a partir de la visita in situ de la comisión interamericana en cuanto a la legitimación pública que se hizo de lo que estaba sucediendo con los derechos humanos en nuestro país. A partir de ese momento Argentina forjó su compromiso indeclinable con el sistema interamericano y con el sistema internacional”, continuó.

Ese planteo, sin embargo, contrasta con lo ocurrido, ya que su planteo coincidió con los países que apoyan al régimen sandinista que viola los derechos humanos al no expresar de manera rotunda la condena y el reclamo a unas nuevas elecciones limpias, transparentes y sin opositores encarcelados.

“Creemos siempre que los informes en el lugar son mucho más completos y tienen un panorama más preciso, pulsan mejor la situación del pueblo, de los medios de comunicación y los climas que los informes que están hechos desde fuera, pero eso tiene que ver con las decisiones soberanas de cada Estado”, continuó Raimundi, convalidando así la decisión del régimen de Ortega que impidió la presencia de observadores independientes o de veedores reconocidos por los organismos internacionales de derechos humanos.

Al respecto, Raimundi manifestó que “una cosa es respetar las decisiones soberanas de cada Estado y otra cosa distinta es no hacer nada para que un Estado tome el camino del aislamiento de la comunidad internacional. Tenemos que comprometernos con la comunidad interamericana y con la comunidad internacional. Sin embargo, creemos que esta organización no ha sido eficaz en ese sentido, porque tenemos otros casos de informes críticos, casos de persecución judicial a líderes opositores... aquí tuvimos sentados en este consejo a un representante de un gobierno proveniente de un golpe de estado, como sucedió en Bolivia, y sin embargo, no se procedió con la misma energía”.

Tras esa polémica comparación, sobre la presencia de Bolivia en la OEA después de la renuncia de Evo Morales, el embajador argentino volvió a apuntar contra el enemigo predilecto del kirchnerismo: el secretario general Luis Almagro.

“Quiero decirlo con absoluta claridad para evitar cualquier tipo de tergiversación: no estoy haciendo una defensa del gobierno de Nicaragua, estoy planteando una situación crítica a la actual conducción de la OEA, que no ha manifestado la suficiente imparcialidad, eso le resta legitimidad, porque en lugar de hacer todo lo posible para que los Estados se comprometan, los llevan a que expresen la voluntad de no comprometerse con el sistema interamericano y eso revela una profunda ineficacia”.

Finalmente, luego de ese confuso giro de acusar a los países que condenan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua de ser los responsables de que el régimen de Daniel Ortega encarcele opositores, viole las garantías fundamentales y ejerza violencia contra su población, Raimundi ratificó el rechazo argentino a la “idea de aplicar sanciones o medidas unilaterales” y pretender que la comunidad internacional permita a Nicaragua el “pleno ejercicio de su soberanía” para continuar con sus abusos.