Según BBVA Research, en los próximos años la demanda de cobre crecerá en 30%, explicado por la fabricación de tecnologías que den paso a las energías renovables
ANI LU TORRES
Perú pasó del puesto 62 en el 2020 a subir este año hasta el puesto 66 de 145 economías evaluadas en el Índice de Oportunidad Global del Instituto Milken, que mide el atractivo de los países para invertir.
La ubicación podría ser menos favorable si el gobierno de Pedro Castillo mantiene discursos contradictorios en relación a la inversión privada, principalmente en el sector minero.
La minería, de acuerdo a Hugo Perea, economista jefe para Perú del BBVA Research, representa el 9% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú y genera al menos 200,000 empleos directos y más de un millón de forma indirecta. Además que, este año, es uno de los factores que alienta la recuperación de la recaudación fiscal, gravemente afectada por la pandemia en el 2020.
A ello se suma su contribución en los términos de intercambio que, en general, este 2021 está a un nivel 20% más alto que en el 2007, año del boom de los commodities, “lo cual es un incentivo fuerte para que más operaciones lleguen al país, o que la cartera minera por US$ 50,000 millones se mueva, pero todo depende de la estabilidad”, señaló.
Alta demanda de cobre
Para Gonzalo Delgado, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, el riesgo de que continúen los errores y los mensajes contradictorios sobre la inversión privada por parte del gobierno de Castillo, es que el Perú deje de verse como un país atractivo para la minería, justo cuando en los próximos diez años la demanda del cobre crecerá.
La razón es que en las próximas dos décadas el mundo migrará al uso de una energía renovable y verde -en el que el actual gobierno está comprometido, pues busca reducir en un 40% las emisiones de CO2-, pero no será posible sin los minerales, aunque suene contradictorio. El cobre y el litio serán indispensables para la construcción de paneles solares o molinos de viento.
Perea estima que la demanda de cobre crecerá en 30% en los próximos años, considerando que, por ejemplo, para la fabricación de un auto eléctrico se requiere tres veces más de cobre que para auto a combustibles fósiles.
Riesgos geopolíticos
En una semana, la falta de una comunicación clara por parte del Ejecutivo generó un gran riesgo geopolítico en el país. La premier Mirtha Vásquez anunciaba desde Ayacucho el cierre de cuatro unidades mineras -Apumayo, Breapampa, Inmaculada y Pallancata-, generando, entre otros efectos, que las acciones de Hochschild Mining cayeran en la Bolsa de Londres, y creando una falsa expectativa en la comunidad de Cora Cora.
Ello generó, además, que el banco de inversión Jefferies proyectara que las minas de cobre de Chile, el principal productor del metal del mundo, sean
las grandes ganadoras si la producción minera en Perú se paralizaba por problemasw políticos.
Entonces, ¿Cómo prevenir otros riesgos geopolíticos?
1. Discursos diversos sobre la inversión: Además de la propia inestabilidad en el interior del gobierno de Castillo -con dos presidentes del Consejo de Ministros y tres ministros de Energía y Minas en menos de 100 días-, el Ejecutivo evita tener un solo discurso respecto a las inversiones privadas y mineras, refiere el analista político José Carlos Requena.
“El gobierno no ha dado, a la fecha, señales claras y de tranquilidad a las empresas y a las comunidades, sino, lo contrario”; en un contexto en el que el Ejecutivo tiene pendiente resolver temas sociales en Ayacucho, Las Bambas, y también en torno al gas de Camisea, en Cusco, a donde acudirá la premier la próxima semana.
“Todo dependerá de las políticas que tome el gobierno en los próximos meses, si vemos repeticiones de este tipo (discursos contradictorios) evidentemente perderemos competitividad frente a otros países, cuando la apuesta debería ser crear una alianza entre Perú y Chile para generar un solo suministro de cadena de valor del cobre”, señaló por su parte Delgado.
2. Acentuar la ausencia del Estado: De acuerdo a Delgado, no existe una cuantificación exacta de los compromisos asumidos por el Estado en los últimos años, y que aún no se han cumplido, ante las comunidades involucradas en conflictos socioambientales, las que piden principalmente atención en salud y educación. Señala que es aquí donde el Estado debe ser más proactivo y generar los espacios de diálogo de manera oportuna.
Afirmó, además, que el Estado debe evitar tomar decisiones unilaterales sobre la continuidad o desarrollo de un proyecto minero, sobre todo si cumplen con las normativas y los estándares de calidad, pues ello podría abrir las puertas a la minería informal. “Debilita su institucionalidad democrática”, anotó.
En ese sentido, mencionó que la propuesta que trabaja el gobierno para una ley de ordenanza territorial, en el que las regiones definirían sus actividades económicas así como la exclusión de las mismas, atentaría contra las reglas del juego.
“El Convenio 169 no da derecha de veto a una comunidad, ella puede estar en desacuerdo pero puede negociar y es ahí donde el Estado debe generar un clima de diálogo entre la empresa y las comunidades, ellas deben participar del proceso”, agregó.
3. Mantener una mirada ideológica: “Si bien los principios no deben cambiar, la experiencia previa a la función pública no debe ser un condicionante en la toma de decisiones que involucran al país”, señala Requena respecto a la premier Vásquez, pues menciona que no estaría tomando en cuenta lo que la minería representa para el país.
Asimismo, indicó que se debe tener cuidado con la “mirada ideológica” de algunas plataformas que aspiran a tener una economía que dependa de la agricultura o turismo, “privando al país de muchos recursos”, pues se le estaría dando la oportunidad a la minería ilegal o al narcotráfico que nadie controla.