DANIEL BOSQUE

No hubo paz este fin de semana (ver lea también) en la minería del Perú. La decisión de la premier Mirtha Vásquez de decretar el cierre de cuatro minas derivó en fuertes reacciones desde el sector minero. Para peor, las aclaraciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) alarmó más a las empresas.

Esta crónica reproduce la saga de comunicados y réplicas. "Impericia, no cabe otra palabra" dijo una alta fuente de la SNMPE a Mining Press tras el segundo comunicado en el qué, en haras de tranquilizar, la ministra Vásquez fija como fechas de cierres las del contrato de concesión original. Sería la primera vez en que las explotaciones mineras renuncian a prolongar sus vidas útiles por medio de la exploración brownfield, lo que daña la perspectiva de inversión global de capitales mineros en el Perú.

El acta acuerdo (ver facsimil), firmada por el Gobierno Central con representantes políticos y sociales de Ayacucho era calificada en privado como "una locura" por los referentes de la minería peruana.

Apumayo, Pallancata (Minera Ares), Inmaculada  (Minera Ares) y Breapampa (SAMI),  tienen un volumen no despreciable aunque en la torta de exportación de metales del país pueda parecer poco significativo. Dos de ellas, las de Minera Ares, pertenecen a Hochschild Mining que cotiza en FTSE250, cayeron un 47%  este lunes acusando el impacto de las noticias peruanas.

La decisión polémica de ponerle fin a la minería formal en Ayacucho invocando razones hídricas abre las puertas para un mayor despliegue de la minería informal que como han dicho las cámaras y gremios empresariales no sigue los estándares mínimos de sostenibilidad que invocan los dirigentes de comunidades resistentes a la minería.

En su reciente documento "100 días de incertidumbre", la SNMPE (ver lea también) resaltó el protagonismo de la exportación de minerales y metales en la economía del Perú y también el aporte en tributación de cánones y regalías, muchas veces subejecutados por los gobiernos regionales.

Las incertidumbres se van transformando en negativas certidumbres para el porvenir de las inversiones en esta nación.

Desde el ataque salvaje a Apumayo hasta hoy, todo ha avanzado en forma precipitada. La Comisión de Energía y Minas  ha citado a Vásquez para éste miércoles. Los congresistas quieren saber los fundamentos de estas decisiones que dañan al Perú.

LAS PRIMERAS DECLARACIONES DE VÁSQUEZ

“¡Primó el diálogo! Tras una reunión sincera y transparente, la Comisión del Ejecutivo y autoridades y dirigentes de las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, firmaron un acta de acuerdos que buscan atender demandas en beneficio de la población”, escribió la Presidencia del Consejo de Ministros en sus redes sociales.

La premier Vásquez explicó, en su cuenta de Twitter, que las cabeceras de cuenca son “ecosistemas delicados que proveen de agua a los territorios, por eso han acordado junto a autoridades y dirigencias de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara (Ayacucho) medidas para protegerlas de la contaminación”.

“Acordamos crear una comisión ejecutora para negociar retiro y cierre de 4 unidades mineras, visitas a zonas afectadas y reuniones con empresas mineras. Asimismo, la delimitación de cabeceras de cuenca y evaluación ambiental para identificar fuentes de contaminación”, agregó.

Previamente, la titular del Consejo de Ministros indicó ante la población ayacuchana reunida, que, como defensora ambiental por muchos años, también se “identificaba con las causas que defienden”.

“Reconocemos en ustedes un pueblo valiente y luchador, defensor de lo más preciado que es el agua. Si estoy acá como presidenta del Consejo de Ministros, con los representantes de ministerios, es porque reconocemos que sus demandas son legítimas y justas”, aseguró.

Asimismo, refirió que muchos de los pueblos han sufrido serias afectaciones a nombre del desarrollo, recordando que proviene de Cajamarca, “donde muchas veces sufrimos la indiferencia de un Estado que pensaba que es suficiente el crecimiento económico y se olvidaba de los problemas del pueblo”.

“Nosotros comprendemos su frustración que muchas veces se expresa en enojo. Tenemos que responder a lo que ustedes reclaman y asumir pasivos de otras gestiones. Estamos generando un nuevo modelo de manejo de conflictos de forma integral, que construya confianza”, agregó.

En ese sentido, anunció que respecto a las cuatro mineras que fueron señaladas, que para estas “no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación ni exploración. Vamos a exigirle que terminen y cierren, lo más inmediato posible”.

“Vamos a entrar al proceso de cierre de la actividad minera con cronogramas claros, que sea participativo para que ustedes tengan confianza que se cumplirá. Vamos a atender su pedido con los sectores competentes, como el Ministerio de Energía y Minas, para verificar in situ”, refirió.

Vásquez Chuquilín añadió que desde hace años se está luchando en muchos lugares del país para que se delimiten las cabeceras de cuenca. “He peleado para que exista una ley hasta que se logró. Hoy, les anunció que Coracora será la primera experiencia de delimitación de cabecera de cuenca”, sostuvo.

Por último, la jefa del Gabinete Ministerial reiteró las disculpas como Estado, “porque hay que reconocer que ha sido ineficiente”. “Queremos darnos la oportunidad de caminar de manera diferente entre Estado y población. Privilegiemos el diálogo para avanzar, la violencia no nos lleva a nada”, afirmó.

FACSIMIL DEL ACTA

"ARBITRARIA E ILEGAL": EL RECHAZO DE CONFIEP, SNMPE E IIMP

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa) expresaron su rotundo rechazo contra la medida arbitraria e ilegal realizada por la primera ministra, Mirtha Vásquez, al anunciar el retiro y cierre de cuatro operaciones mineras ubicadas en el sur de Ayacucho, así como el anuncio de que no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración.

En una conferencia de prensa donde estuvieron los máximos representantes de estos gremios, instituciones y empresas mineras, se alertó sobre que esta medida arbitraria de cierre de minas ha sido anunciada como un piloto, es decir, que se pretendería aplicar en la totalidad del sector minero, lo que impactaría en desmedro de los más de 2 millones de puestos de trabajo que genera el sector, así como el 23% de la inversión privada, el 60% de las exportaciones del país y el 25% de los impuestos recaudados por el Estado.

Por su parte, el presidente de la CONFIEP,Óscar Caipo, reiteró que los mensajes erráticos y contradictorios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) continúan generando inestabilidad y vulnerando el Estado de Derecho. “En una misma semana, el presidente, Pedro Castillo, y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, anuncian ser respetuosos de la propiedad privada e invocan a los inversionistas a apostar por el Perú; y, luego, la primera ministra, Mirtha Vásquez, firma un acuerdo para cerrar 4 empresas mineras en Ayacucho de manera arbitraria e ilegal”, mencionó.

Además, indicó que “la primera ministra está pasando por encima del Estado de Derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley y asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado que tienen el mandato legal y competencia técnica para tomarlas. Estas acciones configuran una usurpación de funciones por parte de la premier”. Al finalizar su intervención, Caipo expresó su rotundo rechazo a que desde el Estado se siga justificando y normalizando la violencia como medida de presión social.

En conjunto todos los gremios, instituciones y empresas mineras presentes hicieron un llamado a la primera ministra para que rectifique formalmente los acuerdos ilegales del acta suscrita en Cora Cora, los mismos que contradicen los mensajes brindados por el señor presidente Castillo en foros nacionales e internacionales para promover la inversión.

Durante su intervención, la SNMPE explicó que “mensajes como estos desalientan la inversión minera, que sigue impulsando el crecimiento y recuperación económica del país, y que este año generará más de S/ 12,500 millones en recaudación tributaria en beneficio de todos los peruanos”.

Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, recalcó que con esta medida ilegal, 54,000 familias peruanas, muchas de estas en Ayacucho, perderán sus puestos de trabajo.

Además, el gremio minero enfatizó que “en el acta firmada, la premier acuerda negociar el cierre unilateral de las cuatro unidades mineras y luego a través de mensajes en sus redes sociales pretende minimizar lo firmado”. También explicaron que al indicar que no se permitirán ampliaciones ni exploraciones en la zona, se está vulnerando el derecho de las empresas a invertir en la zona para extender la vida útil de las minas y generar empleo para miles de peruanos.

En el momento de su intervención, Ignacio Bustamante, en representación de Compañía Minera Ares (unidades mineras Inmaculada y Pallancata afectadas por el anuncio) rechazó categóricamente que sus operaciones contaminen el medio ambiente. “Operamos bajo los estándares ambientales más altos, tanto nacionales como internacionales, aplicando las mejores prácticas de la industria minera. No tenemos planes de cesar nuestras operaciones y, por el contrario, tenemos la expectativa de continuar trabajando, generando dinamismo económico y empleo en el país”, añadió.

En este sentido, explicó que “el plan de cierre de minas es un instrumento de gestión que toda operación minera tiene y requiere para operar. Se va actualizando en función de los nuevos descubrimientos de mineral en el tiempo. Por lo tanto, es un documento que se aprueba y se renueva periódicamente”.

Además, expreso que cuentan con todos los permisos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo nuestras actividades, entre ellos, los Estudios de Impacto Ambiental y el Plan de Cierre de Minas debidamente aprobados. Nuestra actividad es altamente regulada y, como tal, somos permanentemente fiscalizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (“OEFA”), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (“OSINERGMIN”), la Autoridad Nacional del Agua (“ANA”), entre otros organismos.

YOUTUBE: LA CONFERENCIA DE PRENSA DE SNMPE, CONFIEP E IIMP

LAS CRÍTICAS DE ALVA Y MUCHO

Ante el anuncio de Mirtha Vásquez, la titular del Congreso, Maricarmen Alva, se pronunció para criticar esta medida.

La también congresista de Acción Popular utilizó su cuenta de Twitter para manifestar que la premier se encuentra errada en su accionar ya que el país necesita de la inversión privada y no “mayor incertidumbre”.

“El anuncio de la premier Mirtha Vásquez con respecto al cierre de operaciones mineras genera rechazo y mayor incertidumbre en relación a la posición del gobierno”, escribió. “Nosotros insistiremos en la defensa de la inversión pública y privada con seguridad jurídica”, agregó.

En la misma línea, el exviceministro de Energía y Minas Rómulo Mucho también rechazó el aununcio de Vásquez. "Ya no quedan dudas de que es un gobierno antinversión, antidesarrollo, antimineria, fundamentalmente anti-Perú", dijo a la Rotativa del Aire de RPP Noticias y señaló que esta iniciativa dejaría sin empleos directos e indirectos a unos 50.000 trabajadores.

"No solo son los trabajadores [...] (también) los estudiantes, los proveedores, los contratistas, toda la cadena de suministros que tiene la minería", agregó.

Mucho afirmó que esta iniciativa "no es potestad de la PCM", pues según la Ley de cierre de minas esa tarea corresponde a las instituciones supervisoras o de control.

En ese sentido, sostuvo que no hay razones para cerrar las minas operadas por las empresas Apumayo, Sami y Compañía y Ares, porque "han cumplido todos los requerimientos sociales, económicos y ambientales. Obviamente están cumpliendo el Estado de derecho para generar desarrollo en la zona", manifestó.

El exviceministro consideró que el anuncio de la titular de la PCM obedece a "un tema ideológico" y se refirió a Mirtha Vásquez como "una conocida anti minería" que "infringe la ley" porque "no es su potestad trabajar en el cierra de las minas".

ACLARACIONES DEL PCM

Augusto Baertl: "Que Dios nos cuide"

Presidente del Directorio de Agrícola Chapi

Como empresario minero que ha trabajado en este sector apasionante por más de 50 años rechazo tajantemente la posición del gobierno, quien anunció arbitrariamente el cierre de 4 operaciones mineras en la región de Ayacucho.

Es muy lamentable que el presidente de la República Pedro Castillo no solo no apoye a la inversión privada, sino que la boicotee y le mienta descaradamente al país. Y es que me resulta altamente improbable que los técnicos que lo asesoran no sepan diferenciar entre lo que es un Plan de cierre de mina con lo que significa la paralización efectiva de una operación minera.

Hace solo unos cuantos días el presidente Pedro Castillo en CADE aseguró que su gobierno garantiza el respeto al marco legal vigente, invitando a que sigamos invirtiendo.

Luego, la premier Mirtha Vásquez va a Ayacucho y en una reunión, previamente organizada por el gobierno, por un lado, conviene con algunos representantes locales el cierre de 4 operaciones mineras, y por otro, justifica los actos violentos perpetrados recientemente contra las instalaciones de la minera Apumayo, la que sufriera la quema de sus instalaciones y el robo de maquinarias y explosivos recientemente. Este acto violento lo justificó como una expresión de protesta válida.

Se intenta respaldar este acuerdo con que los planes de cierre contemplados en el plan de operaciones inicial consideraban fechas perentorias. Todo proyecto minero, al inicio de sus operaciones, cuenta con un estimado -a esa fecha- de reservas, y por lo tanto una vida útil estimada de "x" años, la cual se va ampliando conforme se logra incrementar las reservas, gracias a la labor exploratoria que se continúa realizando en paralelo a la producción. Es claro que el plan inicial postula una fecha de cierre que resulta de un cálculo técnico y no de una decisión política, como lo está intentando ejecutar el gobierno.

Hoy en conferencia de prensa los titulares de las empresas mineras involucradas han reiterado que sus operaciones cuentan con las licencias y permisos para continuar operando, que en ningún momento han sido notificados, y que cuentan con las reservas que les permiten continuar con su ejecución.

Claramente el gobierno intenta confundir a la población para justificar una decisión política de operaciones cerrar mineras ubicadas en “cabeceras de cuenca”, cuando hoy la minería cuenta con la tecnología necesaria para operar sin dañar el recurso hídrico.

Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Este lamentable gesto es un claro atentado al marco legal vigente ya la libertad de empresa en el.

¡Basta ya de maltratar al empresariado formal, que genera empleo y paga impuestos! Dedíquense más bien a reducir la minería informal que contamina, no genera empleos dignos y no es regulada por ningún tipo de norma, ni de ley.

Como siempre lo he manifestado, sin diálogo no se logra nada. Pero los que han actuado arbitrariamente, pateando el tablero del diálogo, y de manera totalmente irresponsable ha sido el gobierno. Con esta decisión irresponsable se va a dejar sin empleo a miles de personas ya la vez causa un precedente terrible en el país: con violencia se logra todo. El daño ya está hecho señor presidente.

AUGUSTO TOWNSEND: CUESTIONAMIENTOS A PCM

Es importante considerar que la única manera de que una empresa minera invierta en el Perú es sabiendo que puede ir modificando su plan de cierre en el tiempo, dentro de la ley por supuesto y cumpliendo todos los requisitos ambientales. Veamos por qué.

Una empresa minera desarrolla una mina cuando tiene un estudio de factibilidad que le demuestra que es económicamente rentable hacerlo. Para eso necesita haber certificado reservas. Pero la labor exploratoria no termina ahí.

Mientras la empresa extrae el mineral de las zonas donde ya ha cuantificado reservas, va explorando en otras zonas para certificar más. ¿Con qué fin? Pues para extender la vida útil de la mina.

Debido a que la minería es una actividad que hay que regular intensamente por razones ambientales, se le exige a las empresas desde muy al inicio tener planes de cierre, y eso es completamente válido y necesario.

Pero no es lo mismo un plan de cierre que el cierre total de una mina. Si las labores exploratorias no son exitosas o deja de ser económicamente rentable explotar lo que queda del yacimiento, la empresa decide cerrar la mina. Esto pasa siempre, tarde o temprano.

Pero si las labores exploratorias son exitosas, la empresa pide a la autoridad competente que le extienda el plan de cierre, y esta resuelve atendiendo a criterios técnicos. Y así es como la minería va generando valor en el tiempo, como resultado del ciclo exploratorio.

¿Por qué es cuestionable lo anunciado por la PCM? Porque está dando a entender que por razones políticas, una autoridad que no es competente puede privar a la empresa del derecho de solicitar la extensión de su plan de cierre en el procedimiento administrativo correspondiente.

Esto genera un problema de inseguridad jurídica enorme en el sector minero porque, como decía, la empresa invierte porque confía en que, si hace bien su trabajo y cumple con la regulación aplicable, la autoridad sectorial le va a ir extendiendo el plan de cierre.

Esta mala decisión de gobierno en ningún caso justifica una vacancia presidencial, sepamos diferenciar. Pero es una decisión a mi juicio populista y violatoria del Estado de derecho, que daña al propio gobierno en su intención de incrementar la recaudación y el empleo formal.

La PCM está a tiempo de enmendar. Es muy válido entrar a esta discusión con una preocupación ambiental, como es su caso, pero los temas ambientales también se resuelven técnicamente en las instancias correspondientes, y no de forma discrecional con criterios políticos.

Hay, por supuesto, mucho que discutir políticamente sobre la minería, pero el foro para hacerlo es el Congreso, si se quiere cambiar el marco legal. En los conflictos mineros la intermediación del Ejecutivo es crucial, pero no puede actuar desconociendo la ley.

COMUNICADO CONFIEP

CÁMARA DE COMERCIO DE LA INDUSTRIA

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, a través de un comunicado a la opinión pública, expresó su rechazo hacia el anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, respecto al cierre de cuatro unidades mineras en Ayacucho.

CITACIÓN A VÁSQUEZ

Ante esto, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República invitó a su sesión del miércoles 24 de noviembre, a las dos de la tarde, a la presidenta del Consejo de Ministros.

Según el documento presentado y enviado, la primera ministra deberá informar sobre el proceso de diálogo iniciado con la población de las provincias de Lucanas, Parinacocha y Páucar del Sara Sara, en Ayacucho.

Asimismo, tendrá que brindar detalles sobre la suscripción de un acta en el que se ratifica el cierre de las unidades mineras de Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada.

El informe también precisa que Vásquez Chuquilín deberá dar un informe sobre las gestiones dispuestas por su despacho para solucionar los conflictos sociales en el país en materia socio ambiental, como resultado de las actividades mineras e hidrocarburíferas