LUCÍA VÁSCONEZ

La reforma tributaria, denominado proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del Covid-19, incluye cambios a 16 artículos a la Ley de Hidrocarburos. La propuesta fue enviada a la Asamblea Nacional por el presidente de la República, Guillermo Lasso, como proyecto económico urgente.

La normativa viabiliza la posibilidad de migrar de contratos de prestación de servicios a contratos de participación, como establece el Decreto 95, que delinea la política petrolera del Gobierno. Además, permite la delegación de campos en producción a empresas privadas.

Desde los artículos 131 al 146 del proyecto se proponen estas modificaciones. Los cambios de los contratos petroleros fueron los más observados en los cinco días de comparecencias ante la Comisión de Desarrollo Económico, que elabora el informe para primer debate en el Pleno del Legislativo.

El ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, señaló que las reformas planteadas están diseñadas para cumplir con los lineamientos establecidos en el Decreto 95, suscrito el 7 de julio pasado, y que busca duplicar la producción de petróleo en los próximos cuatro años.

“El objetivo principal de este paquete de reformas a la Ley de Hidrocarburos, es cumplir con las acciones que dispone la política petrolera, la cual determina la optimización de los ingresos del Estado a través del incremento de la producción de crudo, la reducción de costos en la cadena de valor mediante el incentivo a la participación privada”, señaló Bermeo.

Uno de los principales puntos de la norma es la posibilidad de que las empresas petroleras puedan migrar de manera voluntaria de contratos de prestación de servicios a contratos de participación.

En los contratos de participación las empresas privadas reciben una parte de la producción petrolera y a cambio asumen el riesgo y las inversiones.

En cambio, en los contratos de prestación de servicios el Estado paga una tarifa por barril de petróleo producido a las empresas privadas, a cambio el Estado recibe el 100% de la producción, pero también asume el riesgo en caso de que caiga el precio del petróleo en el mercado internacional.  

Hasta el momento, tres empresas que tienen contratos de servicios específicos ya han expresado su voluntad para migrar hacia contratos de participación, ya que son más atractivas para la inversión, señaló Bermeo.

Pero, recalcó que este cambio se autoriza siempre y cuando se demuestra que hay mejoras económicas para el Estado. Además, las empresas se comprometen a realizar nuevas inversiones.

El ministro de Energía aseguró que las enmiendas planteadas a la Ley de Hidrocarburos buscan generar los mecanismos para la aplicación de nuevas modalidades contractuales para la exploración y explotación de petróleo, y además, fortalece la seguridad jurídica para impulsar mayores inversiones.

“Las reformas plantean diversos beneficios, entre ellos que el Estado pueda tener un ingreso adicional por concepto de prima de entrada para aquellos campos que se encuentran en producción y que sean delegados a la iniciativa privada”, dijo. 

Sesión de la Comisión de Régimen Económico este 12 de noviembre del 2021. Foto: Twitter @AsambleaEcuador

Durante los cinco días de comparecencias hubo posturas a favor y en contra de la norma.

Patricio Larrea, del Colegio de Ingenieros Petroleros, señaló que no se debe eliminar las modalidades contractuales de explotación y exploración de hidrocarburos para campos marginales, ya que va en contra la Constitución.

Para el exasambleísta Henry Yánez, con la reforma “quedará la vía expedita para transferir al sector privado los campos petroleros que están en producción, tan solo con modificar la frase explorará y/o explotará”. Lo ve como una forma de privatización. 

En cambio, para Paola Robalino, experta tributaria y en temas de petróleo, la propuesta es positiva, ya que la migración a contratos de participación motivará la inversión en actividades de exploración.

Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), también señaló que los cambios en materia de hidrocarburos son positivos, ya que los contratos de participación permiten más inversión.

Por su parte, el asambleísta independiente John Vinueza, integrante de la Comisión, cuestionó que se modifique la Ley de Hidrocarburos en la reforma tributaria.