GABRIELA ORIGLIA

La lucha contra el cambio climático tiene claro impacto en temas económicos y de comercio internacional. La Unión Europea (UE) fue el primer bloque en anunciar un mecanismo de ajuste de las emisiones de carbono en las fronteras (CBAM por sus siglas en inglés).

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) advirtió que ese esquema podría cambiar los patrones de comercio a favor de los países en los que la producción es relativamente eficiente en cuanto a las emisiones. El tema está presente en el debate de la COP 26, la cumbre del clima en curso.

Las expectativas son que el CBAM introduzca nuevas medidas de reducción de emisiones de CO2 de forma transitoria en 2023 y las finalice antes de 2026. La Unctad señala que varios de los socios comerciales de la UE que exportan productos en sectores con gran intensidad de carbono están “preocupados” aunque aclara que los cambios podrían no ser “tan drásticos”.

Estima que las exportaciones de los países en vías de desarrollo en los sectores intensivos de carbono se reducirían en un 1,4% si la CBAM se aplica con un precio de $44 dólares por tonelada de emisiones de CO2 incorporadas, y en un 2,4% si se aplica con un precio de $88 dólares por tonelada. Los efectos variarían significativamente según el país

¿Dónde está parada la Argentina frente a estos desafíos que se van extendiendo? La posición no es mala, dicen los economistas de la consultora Abeceb Karina Prieto, directora de proyectos, y Maximiliano Scarlan, consultor senior de Contenidos e Innovación, a la vez que reconocen que la dinámica es “cuestión de tiempo” ya que las exigencias ambientales implicarán nuevas certificaciones y requerimientos para la producción.

“Van a perder competitividad algunos productores internos pero también pasará lo mismo en el resto del mundo -dice Scarlan-. La necesidad de invertir más en tecnología será un imperativo”. Prieto apunta que, a medida que se desmantelan reglamentaciones arancelarias, aparecen las técnicas que “hacen a la seguridad, al cuidado del medio ambiente y del consumidor”.

La economista califica de “comprometida” la posición de la UE que “sube la vara” a las condiciones de producción. Describe que la eurozona es “consecuente” en su accionar desde “hace años”. “Tiene una gran fiscalización del mercado, empezaron con pautas voluntarias y terminaron siendo obligatorias -añade-. Las exigencias van en aumento”.

Las barreras no arancelarias -que se imponen para favorecer a los productores locales, evitando o restringiendo ingresos- más comunes son licencias de Importación, normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias o controles de precios.

Para Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior, este tipo de medidas influyen cada vez más en las pautas del comercio mundial ya que las reducciones de los aranceles efectuadas en el marco de varias rondas de negociaciones arancelarias multilaterales disminuyeron su impacto.

Menciona, por ejemplo, el informe 2019 de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre Vigilancia del Comercio pre pandemia de diciembre de 2019 alertó sobre los niveles de las restricciones comerciales que estaban en lo más alto en la comparación histórica. Los reportes de 2020 y 2021 se centraron en el Covid-19 por eso no se computan. El número acumulado de restricciones de las importaciones introducidas desde 2009 y todavía en vigor afecta al 7,5% de esas operaciones a nivel mundial.

Bircher repasa algunas de las medidas existentes. Los importadores chinos comenzaron a exigir a sus proveedores de granos y alimentos nuevos requisitos para garantizar la inocuidad de los envíos (“Covid free”); la empresa exportadora debe asegurar que tomó los recaudos sanitarios para prevenir el virus tanto en su establecimiento como con su personal y, en la llegada del embarque se realizan pruebas de detección. De haber problemas hay una suspensión temporaria de los envíos.

En el caso del mercado de la carne bovina argentina, este ha sido uno de los métodos utilizados por Beijing con el objetivo de intervenir el mercado y rebajar los precios de importación.

En el caso del mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono de la UE, el objetivo es aplicar un precio del carbono a los productos importados equivalente al precio del carbono aplicado a los productos fabricados en la eurozona: “Esta medida sería la primera restricción comercial en el marco del Pacto Verde, pero no será la última”.

Posición de las empresas

Enrique Mantilla, expresidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (Cera), sostiene que la sustentabilidad ambiental y la trazabilidad “ya integran los programas de compras inteligentes” en los mercados más importantes. Por ahora se basan en certificaciones especiales y en ciertos sectores, con la información al cliente del importador y garantía de trazabilidad mediante el uso del blockchain. No sólo se fundamentan en los Objetivos del Desarrollo Sustentable al 2030, sino que hay una estrategia “política y no científica, para poner protecciones a productores locales”.

Admite que la decisión de la UE y las nuevas regulaciones que considera el Congreso de Estados Unidos generan “desafíos significativos” por lo que las exportadoras argentinas están con “planes especiales” para afrontarlos. En esa línea indica que el Gobierno debe tener en cuenta los costos de logística por estar lejos de los centros de compra y “adecuar los derechos de exportación vigentes”.

Desde la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales, su presidente Gustavo Idígoras describe que el proceso de exigencias se aceleró desde el inicio de la pandemia: “Lo que antes era un plan para el 2030 se adelantó; los europeos lideran esta línea, hay que certificar que los granos son libres de deforestación, el balance de carbono para llegar a neutro y una reducción sustancial del uso de agroquímicos. Ya estamos trabajando; y somos bastantes receptivos. Estas exigencias dejaron de ser un reclamo solo de los países desarrollados, ya están en India y China. Hay un cambio de paradigma y la sustentabilidad está en el mismo nivel que la rentabilidad económica”.

Margarita Fux, directora de Operaciones de Comercio Exterior de Aceitera General Deheza (AGD), cuenta que la empresa -como participante del mercado global- está “obligada a mantenerse al día con los permanentes requerimientos de diversas índoles; las demandas del mercado y de los gobiernos refieren a sustentabilidad, trazabilidad, inocuidad, presencia de fumigantes, presencia de salmonellas , agroquímicos, etc”.

AGD exporta harina de soja, aceites crudos y refinados de soja y de girasol, lecitina, pellets de cáscara de soja y de girasol, biodiésel de soja, oleínas, aceite crudo de maní, maní confitería, manteca de maní, almendras, aceites embotellados, maíz, mayonesas y trigo. El año pasado embarcó 8,3 millones de toneladas de productos a 54 mercados en el mundo.

La empresa cuenta con diversos sistemas y procesos de seguimiento, registro y análisis además de las certificaciones exigidas por los distintos destinos. “Es necesario registrar nuestras plantas industriales y puertos luego de atravesar duras auditorías por parte de los países compradores y mantener los parámetros y actualizaciones en el tiempo -aporta Fux-.

Los sistemas de transporte son objeto de cuidadoso escrutinio y en general se tiende a la integración del seguimiento desde el campo hasta la puesta a bordo de los buques y la entrega en los destinos respectivos”.

El frigorífico cordobés Logros -exporta, desde hace años, a la UE, a Estados Unidos, a Chile y a China- es el primero en la Argentina en medir la huella de carbono de su encadenamiento productivo. José Roca, su gerente, indica que las exigencias ambientales son cada vez mayores. “Aunque fuimos la primera industria en la provincia en tener licencia ambiental, hay clientes en Alemania que dejan de comprar sino hay certificación de cuidado medio ambiental”.

Explica que cumplir con exigencias de ese tipo mejora el valor del producto entre 30% y 50%; lo que hicieron fue un “análisis ciclo de vida de la carne de exportación” a partir de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). Estudiaron las diferentes etapas desde la generación de materias primas, procesamiento, elaboración de la carne bovina, consumo de agua y también el trasporte y la logística en todas las etapas.

El trabajo definió la huella ambiental para llegar con el producto a Estados Unidos (por vía aérea), Alemania y Santiago de Chile (flete marítimo y terrestre). La huella a la salida del campo dio 11,91 kilos de carbono equivalentes, que ascendió a 28,5 kilos en salida de frigorífico (es menos de un tercio de lo que se publica a nivel internacional como valor genérico). Los números llegaron a 28,6 kilos de carbono en los envíos a Chile; 28,93 a Europa y 31,43 kilos en Estados Unidos.

Para financiamiento

Gabriel Berger, docente de la Escuela de Negocios Universidad San Andrés, ratifica que es creciente el interés y la preocupación por cuestiones de responsabilidad social y de sustentabilidad, aunque hay grados dependiendo del tipo de empresa y sector.

“Son temas muy presentes en las discusiones aunque en la Argentina las urgencias de la coyuntura son muchas y eso puede demorar que el debate se refleje en planes de acciones concretas”, plantea y añade que los niveles de compromiso no sólo dependen del tamaño de la firma sino de sus mercados y si es de capital abierto o cerrado.

Enfatiza que en aquellas reguladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) hay un interés “muy significativo” porque empieza a haber actividad en el mercado de capitales como la emisión de bonos verdes y la calificación para Obligaciones Negociables (ON) en función del cumplimiento de criterios sociales y ambientales. “Actúan como señal para inversores interesados”, resume.

Berger insiste en que si bien hay fondos de inversión ligados a temas ambientales y/o sociales, todas las instituciones financieras están “incluyendo el desempeño ambiental y social; no priorizan necesariamente proyectos de inversión sino que miran el impacto de cualquiera en marcha”.

Productos no alimenticios

Tom Brill Mascarenhas, director del área de Desarrollo Productivo de Fundar, analiza que la decisión de la Comisión Europea de que en 2035 prohibirá las ventas internas de vehículos que generen emisiones de dióxido de carbono no es relevante para la Argentina en términos “directos” pero sí debe encender alertas ya que avanzará hacia otros productos cuyo proceso productivo no haya sido “sustentable”.

Apunta que eso sí podría tener un efecto “más significativo” sobre las exportaciones argentinas hacia Europa, lo que “afectaría a su vez no sólo la disponibilidad de dólares sino también la actividad y el empleo” de las firmas que intervienen en ese intercambio que, el año pasado, alcanzó los US$ 6.700 millones.

Desde Mercedes-Benz Argentina, Verónica Niemann -gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial- explica que los estándares de cuidado ambiental son iguales en todas las plantas de la marca. En la Argentina, en 2019, incorporó energía proveniente de fuentes renovables y hoy implica la mitad del total de la planta. Tiene contratos con proveedores que aseguran ese suministro.

“Como parte de la estrategia corporativa Ambition 2039, en línea con el resto de las plantas en el mundo, la fábrica argentina se transformará en un centro industrial con un 100% de huella neutral de CO2 a partir de 2022. Y, en el caso del resto de las energías, serán compensadas mediante Certificados de Reducción de Emisiones (CERs)”, agrega.

En lo que hace a la propulsión de los vehículos, para la marca la “verdad tecnológica” está en los eléctricos: “El camino de la electrificación debe ser transitado en conjunto con las políticas públicas de cada país, para obtener las legislaciones y la infraestructura necesaria. Un movimiento así de revolucionario tiene que ir acompañado de muchísimos actores y debe contar con un acompañamiento sistémico”.

Por su lado, Volkswagen (VW) transita el “way to zero” con el objetivo de una movilidad neutra en emisión de carbono para todos. Es parte del compromiso con los objetivos del Acuerdo de París y el Pacto Verde de la UE. Hasta 2025, la empresa invertirá aproximadamente 14.000 millones de euros en medidas de descarbonización con pilares en la electrificación rápida de la flota de vehículos, la descarbonización de las cadenas de producción y suministro, uso constante de energía verde durante la fase de uso y reciclaje de baterías de alto voltaje.

Desde el grupo indican que esa política le dará una “verdadera ventaja competitiva; en el futuro la sostenibilidad se convertirá en un factor decisivo para el éxito empresarial”. En el país, por ejemplo, inauguramos la nueva planta de pintura con “tecnología única para la Argentina y la región que permite un ahorro promedio del 80% en el consumo de agua, energía y una reducción de la emisión de partículas”.